Debido a que las últimas dos décadas han sido signadas por la hegemonía de un partido político que, a estas alturas, ha producido con creces evidencia de agotamiento y decadencia, existe en algunos segmentos de votantes la intención de reemplazar a este partido dominante a como dé lugar, y cambiar radicalmente la dirección en que se orientan las políticas de Estado. Concuerdo con el razonamiento de partida: la agenda y la práctica política de los actuales gobernantes nos han hecho y siguen haciendo mucho daño. La cúpula y estructuras de poder asociadas al partido de gobierno son irredimibles. Pero la reactividad a un gobierno “de izquierda” puede producir un peligroso giro reaccionario bajo la lógica de que, ya que el actual gobierno nos está legando un país fracturado, incendiado y en quiebra, debemos oponernos a todo lo que han blandido discursivamente; es decir, a toda política “de izquierda”. Creo que este debate sobre las alternativas debe ser muy cuidadoso, ya que históricamente, la muy comprensible frustración ante proyectos caducos ha permitido a muchos demagogos capitalizar apoyo, y no siempre para bien.
Propongo algunos puntos a considerar. Primero, es urgente “destribalizar” la discusión política, si vale el término. Todo relato político conlleva un argumento moral que es muy útil identificar. El romanticismo que acompañó al surgimiento del capitalismo industrial, por ejemplo, ha originado el mito meritocrático que constituye el corazón del argumento moral a favor de este sistema: “si te esfuerzas, puedes”. La exaltación de los valores individuales, sin embargo, ha resultado en la minimización o negación de las condiciones que rodean los procesos de producción capitalista, tanto sus factores posibilitantes como sus efectos. A su vez, el iluminismo marxista, aunque científico, no está exento de un argumento moral, que es la condena del capitalismo como un sistema de explotación, argumento que ha servido en regímenes “de izquierda” para justificar los daños y atrocidades causados por la centralización incuestionada de poder. Y así, toda postura política tiene su fundamento en una virtud que se considera exclusiva de un bando.
El contenido emocional de estas premisas impregna la discusión política desde hace mucho, enmarcando todo asunto en una falsa dicotomía de conclusiones falaces, tratando de acomodar la realidad a una disputa entre izquierdas y derechas, entre socialismo y mercado, entre pobres y ricos, entre conservadores y progresistas. Pero esta confrontación se da únicamente en el plano discursivo e impide una aproximación honesta a la creciente complejidad del desafío que representa la realidad actual, que es una combinación cada vez más enrevesada de tensiones políticas, intereses económicos, irrupciones tecnológicas, desigualdades sociales y una crisis ambiental cada vez más severa. Absolutamente ninguno de estos problemas va a solucionarse con recetas o slogans. Un examen medianamente profundo de los países relativamente saludables a lo largo del tiempo revelará que sus políticas no se basan tanto en paradigmas como en evidencia. Es decir, puede existir un principio orientativo, pero solo se hace efectivo a través de un estudio del problema y sus causas, y las acciones emprendidas se monitorean a lo largo del tiempo, de manera que, si los efectos de una determinada política no son los esperados, se puede corregir el rumbo. La flexibilidad es un atributo esencial de la planificación estratégica.
Esto me lleva al segundo punto, que es la transparencia en el manejo de la información y toma de decisiones. Las redes de corrupción y el autoritarismo se nutren de la falta de información y de diálogo. Es necesario poner en tela de juicio tanto las iniciativas públicas como las privadas, ya que los intereses económicos o políticos de actores particulares pueden y suelen entrar en conflicto con el bien común. Las políticas y acciones incrementales a las que me refería líneas arriba, en este marco, solo son posibles si la información que justifica su implementación y continuidad es puesta a libre disposición de todos los interesados, que es la sociedad en su conjunto. Hoy en día, todas las autoridades se jactan de trabajar “para el pueblo”, lo que sea que eso signifique, pero no son nada abiertas al escrutinio independiente. Los espacios de participación social, obligados y reglamentados por ley, suelen ser restringidos a través de una serie de estrategias que tratan de minimizar las opiniones incómodas. Al final de estos procesos de participación, se cuenta con firmas de conformidad en las actas, que es lo que importa para efectos de la ley, pero eso no significa que los afectados o interesados tengan siquiera el conocimiento de lo que se ha decidido. De esta forma, la política salarial se decide a puerta cerrada con las élites gremiales, y los proyectos urbanos se deciden a puerta cerrada con dirigentes de juntas vecinales, cuando en ambos casos tendría que haber un diálogo mucho más amplio e interpelante. Si existiera una verdadera vocación democrática de los candidatos, sería de esperar un compromiso real con la información libre, con el diálogo irrestricto y con la protección e impulso al trabajo de la prensa, como guardiana y garante de la discusión pública. Con los grandes avances actuales en información, procesamiento, proyección y comunicación de datos, la falta de transparencia es simplemente falta de voluntad.
Finalmente, está también en cuestión la comprensión que los actores políticos tienen de una de las mayores amenazas que enfrentamos como sociedad humana: el cambio climático y colapso ecológico. Su inminencia es evidente, pues ya no se trata solo de titulares de prensa sino de personas desplazadas por la sequía y envenenadas por la minería, millones de hectáreas de bosque y especies calcinadas, viviendas y vidas perdidas a causa de riadas y deslizamientos…Y cada uno de estos eventos tiene entre sus causas o agravantes los intereses económicos de diferentes sectores: minería, agricultura, bienes raíces, narcotráfico. Si bien habrá numerosos eventos que son inevitables, tenemos, como país, el poder para minimizar nuestra vulnerabilidad y exposición a los mismos. Pero ello requiere de un conocimiento de la situación, de los costos y de los intereses en juego. Es decir, no podremos evitar catástrofes futuras si no abordamos este debate con honestidad, en reconocimiento de su complejidad, y siempre con transparencia y diálogo abierto como premisas.
No me interesan las promesas de perseguir a los “zurdos” o de mantener el “modelo”. Cada quien se inclinará, seguramente, por el candidato que mejor responda a su visión particular de la realidad. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que los desafíos del siglo que corre no pueden ser abordados sin tener un Estado ágil y flexible, una gestión pública abierta y transparente, y sin reconocer la situación límite en que se encuentra el planeta. Sin respuestas claras a estos asuntos, no son propuestas que merezcan atención.
