El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2025, que muy probablemente sea aprobado sin la venia del Legislativo, autoriza las operaciones en los mercados de carbono a fin de conseguir financiamiento que el país requiere urgentemente, así como el uso criptomonedas para que las empresas e instituciones públicas paguen sus obligaciones en moneda extranjera.
Estos son sólo algunas de las novedades que por primera vez se incluyen en una norma que otrora sólo fijaba el presupuesto (ingresos y egresos) de la nación, pero que en los últimos años ha servido para incluir modificaciones que deberían pasar como leyes separadas por el Congreso, destacó el economista Germán Molina.
Debido a la necesidad de financiamiento que tiene el Gobierno central, el proyecto de ley del PGE incluye varios elementos que le permitiría a la administración de Luis Arce acceder a deuda pública externa e interna para financiar su presupuesto hasta en un 41%. En caso que los legisladores se nieguen a aprobar la norma antes de fin de año, el Ejecutivo tiene la potestad de darla por aprobada.
El artículo 18 del proyecto de ley autoriza al Ministerio de Economía a realizar operaciones con «unidades de reducción de emisiones certificadas y registradas como créditos o bonos de carbono» a nombre de Bolivia. Se le autoriza también a contratar a nivel nacional o internacional los servicios especializados en los mercados de carbono.
Hace unos días se conoció de las conversaciones entre el gobierno boliviano y la empresa Laconic Infrastructure Partners Inc. para la certificación de emisiones de carbono por un valor potencial de $us 5.000 millones. La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) alertó de los riesgos que esto puede implicar para el medioambiente.
En cuanto al uso de criptoactivos, el artículo 7 del proyecto «faculta a las empresas y entidades públicas, que realicen actividades comerciales, a obtener activos virtuales y transferir para cumplir sus obligaciones contractuales contraídas en moneda extranjera».
El economista Germán Molina resaltó que en el proyecto de ley hay otros varios artículos que buscan que el Ejecutivo disponga «libremente de la contratación de nuevos créditos externos». Por ejemplo, se permite que el BCB ponga como «garantía sin desplazamiento» las 22 toneladas de oro que por ley deben permanecer en las reservas internacionales sin ser monetizadas. Éstas forman parte de lo último que quedan de «las joyas de la abuela», según los economistas.
Asimismo, el Ministerio de Economía está autorizado para emitir bonos soberanos por hasta $us 3.000 millones en los mercados de capital, una alternativa compleja debido a las altas tasas de interés y las malas calificaciones de riesgo que tiene Bolivia. El Gobierno podrá utilizar los bonos soberanos puestos en los mercados de capital como garantía para obtener más financiamiento.
El BCB también puede dar «créditos» en condiciones concesionales al Ministerio de Economía para que cumpla sus obligaciones. Y se le permite a esta cartera de Estado contratar garantías por hasta $us 1.000 millones con organismos multilaterales y/o bilaterales. Así como gestionar un crédito de $us 400 millones con la CAF.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifestó en conferencia de prensa que la mayoría de los bancos centrales del mundo tienen la posibilidad de gestionar sus reservas para conseguir financiamiento. Acotó que ante el bloqueo del Congreso para aprobar nuevos créditos, se harán todos los esfuerzos para conseguir financiamiento en los mercados de capitales extranjeros.
Para Molina, el gobierno «continuará recurriendo al crédito interno y externo afectando el presente y futuro de los bolivianos».
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, señaló que la deuda pública representa el 41% de los ingresos del PGE, «es decir que se dependerá de este financiamiento, principalmente de la deuda interna (32%)».
Algunas de las metas macroeconómicas tampoco son alentadoras. El déficit fiscal para el 2025 se estima en 9,2% del PIB, marcando 12 años de déficits fiscales seguidos. La inflación llegaría un 7,5%.
«Las metas gubernamentales plasmadas en el PGE 2025 son una aceptación ‘sin decirlo’ por parte del Gobierno sobre la crisis económica que vive y vivirá el país a corto y mediano plazo», concluyó Romero.
