Fotografía: Laconic Infrastructure Partners Inc
La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) expresó su profunda preocupación por el avance de los mercados de carbono fomentados por el Gobierno boliviano como una alternativa a recibir dólares, que urgen en el país arrastrado hacia una crisis económica y energética.
A través de un pronunciamiento, la PBFCC se refirió a las últimas negociaciones realizadas por el Ejecutivo con la empresa Laconic Infrastructure Partners Inc., durante las primeras semanas de la COP29 que ya está a punto de concluir en Bakú, Azerbaiyán. En dichas conversaciones que no fueron aclaradas del todo, se habría acordado la participación de la compañía extranjera para medir las emisiones de carbono de Bolivia y gestionar su disminución con posibles inversores.
Desde el Gobierno se manifestó que esta puede ser una vía alterna de financiamiento distinta a la adquisición de créditos y que únicamente «tomó contacto» con Laconic para avanzar en estos negocios que podrían generar al país hasta $us 5.000 millones en ingresos por reducir gases de efecto invernadero. No se precisó el paso de tiempo de los posibles ingresos.
«Este mecanismo permitirá a Bolivia obtener ingresos sin contraer deuda, mediante la generación de valor por las políticas que desarrolle el Estado en la protección del medioambiente, los cuales tienen como contraparte los resultados que se puedan alcanzar», señaló el Ministerio de Economía en una nota de prensa.
Esto, según la PBFCC representa «un giro alarmante respecto a los principios de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de la Madre Tierra y la justicia climática que históricamente hemos defendido como país».
En los mercados de carbono básicamente se negocian acciones o proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales pueden ser financiadas por empresas que utilicen estos valores como respaldo para continuar contaminando en otros lugares del mundo. Ésta es una de las principales preocupaciones de los críticos a este mercado.
Para la PBFCC los mercados de carbono son «falsas soluciones» a la reducción de emisiones de efecto invernadero y el calentamiento global, ya que hay riesgos de que los grandes contaminantes compensen sus emisiones sin reducirlas realmente.
Pero además, volcando la mirada a estos negocios, el Gobierno sólo distrae la atención de las causas estructurales de los incendios que este año han consumido más de 10 millones de hectáreas de bosques, se observó. Esta destrucción ambiental está ligada al modelo económicos y de desarrollo extractivista que a la vez es promovido por la administración de Luis Arce.
Entre las acciones que permiten a Bolivia acercarse a los mercados de carbono en busca de dólares necesarios para mantener las importaciones y la compra de combustibles está una sentencia constitucional de junio de 2024, que modificó la Ley de la Madre Tierra, quitando «la visión de no comercialización de las funciones ambientales y sentando las bases legales para la introducción de mecanismos de mercado que permitan la comercialización de emisiones de carbono», recuerda la PBFCC.
Asimismo, el 31 de octubre de este año se emitió el Decreto Supremo 5274 que reglamenta los mercados de carbono en Bolivia.
Pese a ello, las negociaciones sostenidas entre el Ministerio de Economía y Finanzas con Laconic irían en contra de la Constitución Política del Estado, específicamente en el artículo 357, que prohíbe inscribir la propiedad de los recursos naturales en el mercado de valores o como medios para operaciones financieras. «Nos parece que hay una falta de transparencia en estas decisiones que se vienen tomando», se añade en el pronunciamiento.
