El Gobierno boliviano aprobó el pasado miércoles el Decreto Supremo 5264 que regula el financiamiento climático que recibe el país, y que incluye la emisión de los llamados «bonos de carbono». La norma prevé la creación de una unidad que lleve un registro del flujo de recursos, sus propósitos, y sus resultados.
El financiamiento climático se refiere a todos los mecanismos, fondos, donaciones, créditos, cooperación por resultados y canje de deuda por naturaleza y/o por acción climática, entre otros, que busquen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, o la mitigación y adaptación a la crisis climática.
El Ministerio de Economía se encargará de gestionar el canje de deuda por naturaleza y/o acción climática, así como la gestión y negociación de los «bonos de carbono».
El economista ambiental Stasiek Czaplicki señaló que con este decreto el Gobierno quiere «asegurarse de estar al tanto y tener cierto control» de los flujos para financiar proyectos verdes, algo que ya se presentaba en el país desde hace muchos años. Por ejemplo, entre 2015 y 2020 Bolivia recibió alrededor de $us 1.350 millones en financiamiento climático, apuntó.
Para aplicar este seguimiento, el decreto crea el Registro Nacional de Programas y/o Proyectos (RENAPP), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), donde los titulares de los proyectos deberán reportar sus actividades y resultados.
El MMAyA también publicará una «guía metodológica para la medición, reporte y verificación de las emisiones, reducciones, y remociones de gases de efecto invernadero» que permitirá evaluar los resultados del financiamiento climático y de los bonos de carbono. Éstos últimos son instrumentos negociables para reducir, evitar o capturar una (1) tonelada de dióxido de carbono, señala la norma.
En cuanto a la canje de deuda por acción climática, Czaplicki indicó que es un tipo de «condonación» de deuda por la conservación de la naturaleza nacional, un mecanismo que ya se aplicaba años atrás. Para que tenga éxito la acción climática o área de conservación debe ser de alto interés y el compromiso del Gobierno debe ser creíble. Sin embargo, en los últimos años el partido gobernante MAS ha mantenido un discurso de protección de la naturaleza que no ha coincidido con sus políticas de expansión de la frontera agrícola, deforestación, y extractivismo como modelo primario de desarrollo económico.
