Estamos en tiempos difíciles y agobiantes. Nos toca presenciar y experimentar diferentes crisis (¿o diferentes dimensiones de una crisis?), más o menos anticipadas o sorpresivas, más o menos externas o propias, pero crisis, al fin y al cabo. Los problemas que nos han provocado una angustia extrema en recientes semanas, como la incineración intencional de una de las regiones más exuberantes y espectaculares de la superficie terrestre, no han sido todavía asimilados. El fuego sigue ardiendo y apenas sí logramos conjeturar sobre los verdaderos impactos de este desastre a mediano y largo plazo. Mucho menos podemos dimensionar realmente todos los esfuerzos que tomará su recuperación, si es que se la emprende.
Pero, si bien el fuego en los bosques ha logrado conmover e indignar profundamente a gran parte de la sociedad boliviana, no es ni remotamente el único shock que sufrimos. No necesito listar las violencias, conflictos y disfuncionalidades que experimentamos en el día a día.
En este contexto, insistir con la puesta de ciertos temas en discusión parecería una frivolidad presuntuosa, un mero ejercicio de sofisma inflado probablemente adecuado para las aulas de alguna carrera universitaria poco práctica. Y es que entre estas muchas surgencias desatendidas se localiza un objeto ignorado cuya comprensión es absolutamente fundamental para siquiera pensar en una vida digna y un futuro viable para la sociedad humana: el territorio. Pero su tratamiento es constantemente omitido no solamente por la agenda pública y mediática, sino también por las entidades estatales, lo que, dado su rol declarado, es una falta inexcusable.
Inicialmente, es necesario subrayar la importancia de comprender el objeto territorio para poder abordar todos los otros temas que son de interés público, puesto que todos ellos ocurren en el espacio; es decir, que tienen una dimensión territorial. No es posible hablar inteligentemente del desastre ecológico que atravesamos ni de la recesión económica, por ejemplo, sin comprender que estos fenómenos tienen una variabilidad geográfica, lo que es determinado por cualidades ecosistémicas, por las relaciones materiales y simbólicas que la sociedad sostiene con y en este espacio, por intereses de mercado y por lógicas de poder. Todas estas variables tienen una mayor intensidad en un lugar y menor en otro: tienen un “comportamiento” en el espacio geográfico, lo que constituye su dimensión territorial.
El otro aspecto que debe resaltarse, ampliamente tratado en las ciencias sociales, es la noción del territorio como espacio político. Desde el discurso dominante, se considera que las decisiones sobre planificación y desarrollo deben tomarse en función a criterios técnicos exclusivamente, concibiendo el territorio como un simple soporte inerte de las actividades humanas, una suerte de escenario vacío y neutro que debe protegerse de “contaminaciones ideológicas”. Pues, esta proposición es un engaño, ya que el acto de definir qué se puede hacer, dónde se puede hacer y quién puede hacerlo, que son las cuestiones fundamentales de la planificación, es un acto profundamente político. Más aun, las relaciones de poder configuran el espacio-territorio de forma precedente a la existencia del Estado, y persisten y se complejizan mucho más allá del alcance de este poder formal.
La complejización de los procesos que dan forma al territorio, justamente, es otro fenómeno cuya comprensión es imprescindible. La lógica estatal es binaria, y solo permite concebir el espacio a partir de dicotomías engañosas: urbano o rural, formal o informal, agricultura o minería, tuyo o mío. Todas estas categorías tienen un origen histórico. Algún momento y desde alguna perspectiva, tuvo sentido representar el espacio en un papel, y trazar una línea para delimitar aquella porción de suelo que el Estado me da autorización de usar, gozar y disponer. De la misma forma, la distinción formal entre ciudad y campo sirvió para segregar personas que trabajaban la tierra y que tenían menos derechos que aquellos que vivían dentro del radio urbano, manteniendo y dando sentido a un orden social de un tiempo determinado.
Hoy, la distinción urbano-rural subsiste en el papel más bien debido a la incapacidad intencionada del aparato público de gestionar el territorio de forma coordinada, y no porque permita retratar la realidad del espacio en términos de su uso y ocupación. Una observación honesta de los procesos que, en los hechos, están produciendo el espacio, nos revelará que las nuevas condiciones de trabajo, comercio, movilidad social, desplazamiento, así como la normatividad social, están produciendo una progresiva mezcla e imbricación que no puede leerse simplemente a partir de la convivencia entre usos urbanos y rurales, sino que quizás haga falta recomponer el lenguaje para denominar a esta nueva “criatura incierta”, como llama García Vásquez (2016) a la ciudad. Descongelar las palabras posibilitará la aprehensión de nuevas ideas que describan mejor el movimiento real del objeto en cuestión, que es el territorio, y que permitan estudiarlo de mejor forma y por lo tanto, intervenirlo efectivamente.
Tomo una idea de Raffestin, geógrafo suizo, que planteó que “el espacio precede al territorio”. Esto es, que solo se habla de territorio cuando surge el deseo de control de un determinado espacio, y tienen lugar actos que procuran este control por parte de un agente con un proyecto de poder determinado. Este proyecto va a ser exitoso cuando este agente sea capaz de alinear sus propios intereses y su capacidad de explotar las vocaciones territoriales locales con los circuitos económicos regionales y mundiales. En países como el nuestro, articulados a la economía mundial a partir del extractivismo y la economía de consumo, es fácil identificar a estos agentes que controlan el espacio, pues son los grupos o actores vinculados a las principales commodities y servicios: minería, agricultura extensiva, ganadería, coca y sus derivados.
Un rubro que no es menor dentro de estas redes de poder territorial es el sector inmobiliario, pues en asociación con la banca conforman uno de los consorcios más efectivos en la movilización y reproducción de capital financiero. Así se explica en gran medida la cantidad de casas sin gente y lotes ociosos en las ciudades, y también las tierras quemadas con fines productivos pero sin cultivos en el oriente del país.
Esta realidad no es exclusiva de Bolivia. Ninguna de las ideas que planteo en esta columna es nueva, ni tampoco faltan trabajos de investigación científica y periodística que den cuenta de la forma en que operan estos esquemas de poder en los países, ni faltan testimonios y trabajos en Bolivia que documenten el daño que producen estos agentes territoriales, virtuales “dueños” del país y del Estado, del campo y de la ciudad. Lo que intento es expresar de forma inequívoca que, para tener territorios y ciudades vivibles, saludables, y que funcionen para todos, no basta con proyectos o planes con justificación técnica si es que no se cuestiona las estructuras de poder. Es absolutamente imperativo politizar la discusión sobre el país que queremos, sobre nuestros deseos y aspiraciones para nuestros espacios, nuestras ciudades y calles y barrios, y eso significa visibilizar los intereses que entran en juego, identificar a quienes se benefician de la actual opacidad, obsolescencia y corrupción de las instituciones. De otra forma, seguiremos jugando bajo las reglas de un sistema económico que concentra poder, extrae valor, trastoca sistemas, se apropia del excedente y deja que las comunidades y la naturaleza absorban los residuos y “efectos colaterales” de su acción en el territorio. Mantener estas relaciones intactas es la receta perfecta para el desastre.
