El presidente Luis Arce destacó que su administración ha invertido más de Bs70 millones en la lucha contra los incendios forestales que han devastado el país en los últimos meses. La inversión, según el mandatario, incluye la movilización y equipamiento de bomberos forestales, alquiler de aeronaves especializadas, y la adquisición de tecnología de punta como el «Guardian System». Además, aseguró que desde el Centro Nacional de Monitoreo se está priorizando el control de las zonas afectadas y brindando ayuda humanitaria a las comunidades damnificadas.
Sin embargo, la magnitud de los incendios, que ya han consumido más de 7 millones de hectáreas, pone en duda la efectividad de estas medidas. ¿Es suficiente la inversión o estamos ante un discurso que no refleja la realidad en el terreno? A pesar de la aparente movilización de recursos, la catástrofe ambiental parece incontrolable. Los reportes de activistas y autoridades locales indican que el fuego sigue avanzando, mientras la respuesta gubernamental ha sido calificada como tardía y poco eficiente.
Además, la permisividad del Gobierno hacia las quemas autorizadas a sectores como los interculturales agrava la situación, generando contradicciones evidentes entre los discursos de protección ambiental y la práctica. La crítica principal radica en la falta de coherencia: por un lado, se invierte en tecnología y brigadas para combatir el fuego, pero por otro, se siguen permitiendo actividades que lo alimentan.
En este contexto, surge la pregunta: ¿realmente estamos haciendo lo necesario para prevenir futuros incendios, o simplemente apagamos el fuego sin atender las causas estructurales del problema? El país necesita una estrategia que no solo responda al desastre, sino que prevenga su recurrencia y aborde las causas profundas de esta crisis ambiental.