Stasiek Czaplicki Cabezas
Periodista de datos y economista ambiental
Bolivia enfrenta una crisis de destrucción de sus bosques y otros ecosistemas sin precedentes. En 2023, según Mapbiomas Bolivia, se perdieron casi 643.455 hectáreas de bosques y 892.739 hectáreas de ecosistemas no boscosos, lo que constituye más del doble de las estimaciones anteriores y es un nuevo récord para el país. Estos números no son meras estadísticas; representan la destrucción irreversible de ecosistemas vitales, la conversión de tierras forestales en activos comerciales y financieros, y el acaparamiento masivo de tierras, exacerbando la inequidad rural, acelerando la crisis ecológica y climática.
Lo más alarmante es la naturaleza sistemática de esta destrucción y la falta de información y mal entendidos en las que se desenvuelve. Contrario a lo que se cree comúnmente en Bolivia, la deforestación no es principalmente resultado de incendios forestales. Por el contrario, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios. Se trata de una operación industrial a gran escala que requiere inversiones sustanciales y acceso a capital significativo, tanto agrario (tierras), como operativo y financiero.
El costo de esta destrucción es asombroso. Se estima que desmontar una hectárea de bosque con maquinaria pesada cuesta entre 200 y 250 dólares, incluyendo los subsidios a la gasolina que suman unos 100 dólares por hectárea deforestada. Para el año 2022, el costo total de la deforestación con maquinaria podría haber alcanzado entre 75 y 95 millones de dólares. A esto se suma un monto similar en costos de producción agrícola y pecuaria de las tierras recientemente y previamente deforestadas. Estamos ante una inversión masiva y sostenida en el avance de la frontera agropecuaria y, por ende, en la destrucción ecológica.
Estos números nos obligan a realizar preguntas incómodas pero necesarias: ¿De dónde proviene este capital? ¿Quiénes son los actores financieros detrás de esta devastación ecológica? ¿Qué rol juegan nuestros ahorros, inversiones o fondos de pensiones?
Mi reciente estudio realizado para Alianza por la Solidaridad/Action Aid Bolivia denominado ‘’Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación’’, arroja luz sobre estas preguntas críticas y revela una realidad aún más perturbadora. Los hallazgos de esta investigación nos obligan a enfrentar una verdad incómoda: nuestros propios ahorros bancarios, nuestros aportes a nuestra jubilación, o sea, ahorros para el futuro, paradójicamente, están financiando la destrucción de ese mismo futuro. Sin caer en clichés, es innegable que no hay futuro sin bosques y ecosistemas no boscosos, y ya estamos alcanzando niveles críticos que amenazan la capacidad de la Amazonía para cumplir su rol ecosistémico global. Dicho estudio se puede acceder mediante el siguiente link: https://t.ly/A27qc
El estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma astronómica de 2.569 millones de dólares, están canalizados hacia los sectores soyero, ganadero y azucarero, los principales responsables de la deforestación en el país. Para ponerlo en perspectiva, equivale a 2,6 veces a los gastos del 2024 de todas Universidades Públicas del país. Esta cifra es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs). En otras palabras, la banca y los FICs utilizan nuestros ahorros, y los préstamos que reciben de los fondos de pensión, para financiar los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica, sin considerar el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas. Las recaudaciones del sistema de pensiones provienen en 80% del departamento de La Paz y en el caso de los ahorros del sistema bancario boliviano el 36,8% también, seguidos por 26,4% del departamento de Santa Cruz, y 18,38% del departamento de Cochabamba.
La envergadura de estas operaciones se sustenta en la sinergia entre entidades bancarias, fondos de inversión y conglomerados agroindustriales del oriente boliviano, principalmente del sector soyero, azucarero y pecuario. Estos grupos se benefician de condiciones crediticias preferenciales, evidenciadas por los términos y los volúmenes de financiamiento que captan, lo cual suscita interrogantes sobre posibles conflictos de interés y el cumplimiento riguroso de la normativa vigente, como lo ilustra el caso del Banco Fassil. En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio.
El estudio también revela una concentración alarmante de poder económico, sin un crecimiento proporcional del aparato productivo. En el sector soyero, por ejemplo, solo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y en general mucho menores. Esta concentración no solo perpetúa la desigualdad económica y genera un endeudamiento cuestionable, sino que también incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones, cuyos rendimientos han disminuido en los últimos años. Además, pese a esas condiciones favorables, el peso del sector soyero y las ramificaciones financieras que conlleva dificultades o crisis del sector soyero obligan al Gobierno a intervenir y apoyar constantemente. Un ejemplo es la creación de un fondo público de apoyo de 300 millones de dólares a los productores de soya y palma africana, que ofrece prestamos al 0,5% de interés anual. Condiciones financieras tan favorables contrastan con las condiciones de los prestamos sociales, como por ejemplo los de la vivienda social de 5,5 a 6,5% anual.
El estudio también arroja luz sobre el papel de algunas empresas multinacionales como Cargill, Alicorp y BFC. Estas compañías, con sus complejas estructuras financieras y su acceso a capital internacional como al sistema financiero boliviano, juegan un papel crucial en la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, sus compromisos ambientales parecen detenerse en las fronteras bolivianas. Forman parte del top 3 de exportadores del sector soyero y ganadero, generando divisas extranjeras que en teoría deberían repatriar. No obstante, hoy les resulta más conveniente endeudarse en bolivianos a una tasa fija inferior a 6%, deuda que se abarata a medida que el boliviano se devalúe, beneficiando a estas empresas con acceso a dólares. En otras palabras, a medida que el boliviano se devalúa, requieren traer menos y menos dólares para cubrir sus gastos.
Como sociedad, necesitamos urgentemente una mayor transparencia sobre el uso de nuestros fondos de pensión, de nuestros ahorros bancarios y los fondos públicos en general. Es indignante que dichos fondos, sean usados para financiar a los sectores que deforestan y destruyen ecosistemas no boscosos. Aún más indignante son las condiciones demasiado ventajosas con las que se los favorece, particularmente sabiendo que en gran medida esos fondos se concentran en un par de empresas que dominan cada uno de esos sectores. Es preocupante, que ese financiamiento sea el que permita ‘’optimizar’’ la repatriación de divisas y que todo aquello pueda poner en riesgo el sistema financiero y los fondos de pensión. Nuestros ahorros, nuestras jubilaciones no deben ser usadas en desmedro de nuestro futuro.
Necesitamos regulaciones más estrictas y una redefinición de lo que consideramos inversiones «éticas». El estudio sugiere varias líneas de acción, desde la desinversión de los fondos de pensión y del sistema bancario de los sectores extractivos hasta la implementación de procedimientos de «verificación» ambiental en las instituciones financieras y empresas exportadoras. A futuro, tenemos que apuntar en un marco normativo crediticio y de inversiones que no financie a actividades extractivos y mucho menos si son ilegales, como la mayoría del desmonte que ocurre en el país. Para saber más al respecto les invito a leerlo, compartirlo, y reflexionar al respecto con sus seres queridos, amigos e incluso conocidos.
La deforestación en Bolivia no es solo un problema ambiental; es un problema ético, económico y social que nos afecta a todos. El verdadero costo de esta destrucción va mucho más allá de los millones invertidos en maquinaria y combustible. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Es imperativo actuar ahora antes que terminemos de empeñar nuestro futuro.
*Esta columna de opinión de Stasiek Czaplicki Cabezas, se publicó originalmente en www.revistanomadas.com
