Mery Vaca, para Sumando Voces
Foto de portada: Sumando Voces
Durante la presentación del Informe de Situación 2023, que fue elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la red UNITAS, los expositores y participantes advirtieron sobre la vulneración sistemática de derechos, la injerencia política en la institucionalidad y la impunidad que existe en el país, como signo de la concentración de poder.
El informe sobre el estado de las libertades fue presentado este martes en La Paz, en presencia de defensores de derechos, líderes de opinión, representantes del Estado, del cuerpo diplomático y representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil que llegaron de diversos puntos del país.
El documento establece que el año pasado se registraron 743 casos de vulneración de derechos, de los cuales 379 corresponden a vulneraciones a la institucionalidad democrática, que representan el 51% del total. Luego, le siguen las vulneraciones a la libertad de prensa con 143 casos, a la libertad de reunión y de protesta con 68 casos, libertad de asociación con 61 casos, derechos de los defensores con 51 casos y a la libertad de expresión con 41 casos.
El informe fue presentado por la directora de UNITAS, Mila Reynolds, y fue comentado por la socióloga María Teresa Zegada; por la periodista Maggy Talavera, y por el defensor de derechos, Edwin Limachi.
El reporte “reafirma una tendencia creciente que nos preocupa. En los últimos tres años hay un incremento sostenido en los casos de violación a la institucionalidad democrática. En relación con las demás categorías monitoreadas, las vulneraciones que atentaron contra la institucionalidad democrática experimentaron el mayor incremento cuantitativo el 2023 (379 registros, 51% del total de registros)”, dijo Reynolds, quien explicó que esta categoría se refiere a la separación, independencia y equilibrio de los órganos, al ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y al respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad.
Señaló que “el debilitamiento de la institucionalidad democrática también se refleja en el incumplimiento de las normas, del debido proceso y del acceso a la justicia; en el uso excesivo de la fuerza y el abuso policial en contra de periodistas y manifestantes, los agravios y la censura a medios de comunicación, que además agravan la situación de la libertad de prensa y de expresión”.
Lo político se impone a la institucionalidad
Zegada, quien llegó de Cochabamba para comentar el informe en el acápite referido a la institucionalidad democrática, indicó que llama la atención que quienes más vulneran los derechos son las autoridades de gobierno y los funcionarios del Ejecutivo.
Indicó que estos datos se explican por “la injerencia política abierta en la institucionalidad del país”, lo que significa que existe un predominio de lo político sobre las reglas que debíamos respetar. “Esto ha trascendido a otros planos, como la judicialización de la política y el uso del órgano judicial con fines políticos”, indicó la especialista, citando como el mayor ejemplo, los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Cuando lo político predomina se pasa por alto las reglas, las normas, se limita los derechos de la gente”, enfatizó Zegada.
Si bien Zegada afirma que existe un deterioro de la democracia en toda América Latina, indica que en Bolivia está ocurriendo un agravamiento de la situación, como lo corroboran los datos revelados por el Informe de Situación.
“Otro aspecto que quizá explica este agravamiento es esta sensación de impunidad que hay en Bolivia, falta de sanciones o las sanciones selectivas, que se da por ejemplo cuando dos personas pueden cometer el mismo crimen, pero a una se la castiga y a otra no”, ejemplificó.
El tema de la impunidad ha sido constantemente mencionado durante el acto de presentación del Informe de Situación, porque su existencia deja en la indefensión a los ciudadanos y ciudadanas.
Prensa acosada
La periodista Maggy Talavera, que arribó desde Santa Cruz para comentar las vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa, considera que las vulneraciones a los seis libertades observadas (institucionalidad democrática, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión y de protesta, libertad de asociación y derechos de los defensores) “nos permite ubicar en su real dimensión la alarmante situación en la que está Bolivia y la que estamos viviendo los bolivianos por las sistemáticas vulneraciones de nuestros derechos”.
Talavera comentó que, si bien el 2023 hubo 143 casos de vulneraciones a la libertad de prensa, estos persisten en 2024. Citó el caso concreto del periodista de El Deber, Guider Arancibia, que fue amenazado por un narco el 2023 y que este año también fue amenazado, pero por un candidato a magistrado y en plena redacción del periódico.
Talavera, quien es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, lamentó que los dueños de los medios de comunicación no acompañen las denuncias que realiza el gremio y que, por el contrario, “hayan pedido a sus trabajadores que mantengan bajo perfil” lo que, en su criterio, deja en la indefensión y la precariedad laboral a sus trabajadores. Calificó este hecho como gravísimo porque alienta la impunidad y la repetición de casos.
En ese contexto de vulneraciones a la libertad de prensa, dijo que se están cerrando medios de comunicación, otros están siendo comprados por grupos afines al MAS y muchos están siendo asfixiados, por lo que indicó que se está imponiendo “una manera perfeccionada de vulnerar las libertades y los derechos”.
Eso, en su criterio, lleva a una aparente reducción de casos, concretamente en el derecho de la libertad de reunión y protesta, pero que en el fondo denota el miedo de la gente a la protesta. El informe indica que esta reducción se debe a la reducción del número de conflictos el año pasado.
Defensores criminalizados
Edwin Limachi, que es autoridad de la jurisdicción indígena originaria de Zongo, expuso su propio caso para dar a conocer la vulneración de los derechos de los defensores. Indicó que los jueces y autoridades indígenas están siendo criminalizados y perseguidos por la justicia ordinaria por oponerse a la minería ilegal.
Dijo que esta vulneración se viene dando desde hace 14 años, pese a que la Constitución reconoce la jurisdicción indígena y la ubica en el mismo nivel de jerarquía que otras jurisdicciones.
“Me han iniciado proceso penal el año pasado en La Paz, hemos hecho los argumentos legales de nuestro ámbito de vigencia y nos inician otro proceso con el mismo argumento en la ciudad de El Alto, a qué estamos jugando”, dijo el representante de los defensores de Zongo. “Nos hacen sentir desamparados”, concluyó.
Reynolds destacó que UNITAS presenta el informe de situación desde el año 2013 y que éste “se constituye en una herramienta para la exigibilidad de derechos en los siguientes ámbitos: el litigio estratégico, la incidencia nacional e internacional sobre la situación de las libertades fundamentales en Bolivia y la denuncia pública de casos de vulneración a estos derechos”.
El responsable del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de UNITAS, Rodolfo Huallpa, explicó que el informe se enfoca en libertades fundamentales y no en todos los derechos humanos, y que sus fuentes de información son 26 medios de comunicación a los que se hasce un monitoreo diario, entrevistas a personas cuyos derechos fueron vulnerados, lectura de denuncias públicas, informes institucionales, casos de vulneraciones que hace seguimiento el Programa Defensores de UNITAS y cuentas específicas de redes sociales.
