En un contexto global marcado por la urgencia de enfrentar una triple crisis planetaria, es nuestro deber proteger el medio ambiente, preservar la biodiversidad y enfrentar al cambio climático mediante la conservación de nuestros ecosistemas. En este sentido las áreas protegidas son claves para lograr esta misión.
Bajo este panorama los guardaparques emergen como un pilar fundamental en la defensa de nuestras áreas protegidas. Sin embargo, su labor muchas veces es desafiada por una serie de obstáculos, tanto institucionales como sociales, que ponen en riesgo su integridad física y su capacidad para cumplir con su misión.
Las áreas protegidas no solo albergan una inmensa variedad de flora y fauna, sino que también brindan servicios ecosistémicos vitales para la humanidad, como la regulación del clima, la provisión de agua dulce y la protección contra desastres naturales. Sin embargo, su preservación no sería posible sin el incansable trabajo de los guardaparques, quienes actúan como guardianes de estos santuarios naturales.
Su labor va más allá de la mera vigilancia: desempeñan un papel crucial en la protección de la vida silvestre, la prevención de actividades ilegales como la minería, caza furtiva y la tala ilegal, la educación ambiental de visitantes y comunidades locales.
Los guardaparques son verdaderos héroes ambientales, arriesgando sus vidas diariamente para salvaguardar estos preciados espacios naturales y garantizar que puedan ser disfrutados por las generaciones presentes y futuras. Su dedicación y sacrificio son esenciales para asegurar un futuro sostenible para nuestro planeta.
Por otro lado, los hallazgos de un estudio reciente liderado por el IMEDEA arrojan luz sobre las limitaciones de las áreas protegidas para detener la pérdida de biodiversidad. Si bien las reservas desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de conservación, por sí solas no pueden abordar los impulsores subyacentes de la degradación ambiental.
Por lo cual se requiere un enfoque holístico de la conservación que aborde problemas sistémicos como la deforestación, la destrucción del hábitat, el cambio climático y a su vez ampliar las zonas protegidas evitando la expansión de la frontera agrícola y el extractivismo, reconociendo la labor de activistas y todo tipo de defensores ambientales.
En ese sentido el Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, representa un hito importante en la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este Acuerdo, adoptado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018, establece garantías para que las personas y organizaciones que promueven y defienden estos derechos puedan llevar a cabo su labor de manera segura y sin restricciones.
En países como el Perú, la aprobación de la Ley 5755 por parte del Congreso de la República del Perú en diciembre del 2023, para la creación Cuerpo de Guardaparques es un paso significativo en el reconocimiento de la importancia de su labor. La aprobación unánime de esta ley en el Congreso refleja el consenso sobre la necesidad de proteger a quienes dedican sus vidas a salvaguardar las áreas naturales.
Sin embargo, la realidad en otros países de la región presenta desafíos significativos. En Bolivia, por ejemplo, nos enfrentamos a situaciones preocupantes como la falta de recursos para atender a guardaparques que sufren problemas de salud como consecuencia de su labor, retrasos en el pago de sus salarios o beneficios, falta de equipos o limitaciones en el acceso a otros insumos necesarios para su labor.
Es vital que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de los guardaparques, así como para promover su reconocimiento y valoración dentro de la sociedad. Esto incluye el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Escazú, así como la adopción de políticas que fortalezcan la protección de nuestros ecosistemas y la biodiversidad que albergan.
La sociedad civil boliviana está profundamente preocupada al observar cómo el sistema judicial parece mostrar una inclinación hacia los intereses del sector minero, dejando en segundo plano la protección de nuestras áreas naturales y la seguridad de quienes las defienden. Mientras tanto, numerosos procesos legales iniciados por autoridades de áreas protegidas y ambientales languidecen en las instancias judiciales, sin avanzar significativamente.
Es alarmante ver cómo procesos sin fundamento, impulsados por intereses mineros, avanzan a pasos agigantados, amenazando la integridad y la labor de defensores ambientales, como es el caso del proceso judicial contra los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marco Uzquiano, una acción penal que fue originada por un operador minero en represalia a la valiente resistencia que estos guardaparques realizaron al impedir el ingreso de maquinaria pesada al interior del área Protegida Madidi en el norte paceño.
Si bien es alentador que la sentencia haya absuelto a los guardaparques en este caso particular, no podemos ignorar el precedente que se establece: cualquier persona podría intentar enjuiciar a los guardaparques de manera personal, dejándolos indefensos ante la maquinaria legal y vulnerando flagrantemente los principios del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional vinculante que cuenta con fuerza de ley.
Es hora de que el Gobierno de Bolivia y todas las instituciones pertinentes asuman su responsabilidad con relación al Acuerdo de Escazú ratificado por la Ley Nº 1182 del 4 de junio del 2019 y a la debida la protección de todos los defensores ambientales, como está establecido en la Constitución Política de Bolivia en su Art. 34 y el Art. 255 garantizando un entorno seguro y propicio para que puedan realizar su crucial labor.
En este sentido, instamos a las autoridades bolivianas a revisar y corregir aquellas decisiones que obstaculizan la labor de los guardaparques y que ponen en riesgo la protección de nuestras áreas naturales protegidas y a su vez que se respeten y se promuevan los derechos de quienes trabajan incansablemente para salvaguardar nuestro patrimonio natural, en línea con los principios y objetivos del Acuerdo de Escazú.
Es evidente que es necesario actuar con urgencia para garantizar una verdadera administración de justicia que proteja a quienes protegen, cuidan y abogan por nuestras áreas protegidas y recursos naturales. La justicia verdadera debe prevalecer, y los derechos fundamentales de quienes protegen nuestras áreas naturales deben ser respetados y defendidos en todo momento.
La protección de nuestras áreas naturales y de aquellos que las defienden es un imperativo moral y una responsabilidad compartida en especial debido al hecho que Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad. Es hora de actuar con determinación y solidaridad para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
Foto: Estrecho del Bala, puerta del AMNI Madidi. Carmen Capriles.
Guardaparques fallecidos en cumplimiento de su labor:
- Clemente Cruz, 7-11-95 P N Amboró. Ahogado en un Patrullaje
- Fortunato Calacauqui, Dic. 98 P N Apolobamba. Acribillado a tiros por Cazadores de Vicuñas
- Juanito Mamani Saavedra, 19-03-00 P N Carrasco. Atropellado
- Francisco Geronimo Guaji, Jun. 03. P N Tipnis Beni. Ahogado en Río Isidoro Secure
- Oscar Puyasaca, 19-3-06. P N Apolobamba. Paro cardíaco luego de Patrullaje
- Candido Jurado Huayte, 30-09-06. P N Sama. Accidente de Motocicleta durante Traslado de Campamento.
- Daniel Socaza, 22-01-09. P N Manuripi. Accidente de Transito en Motocicleta.
- Donato Bejarano, 03-09-10 Área de Manejo Integrado San Matías naufragio en patrullaje fluvial.
- Euladio Tacuchaba, 03-09-10 Área de Manejo Integrado San Matías naufragio en patrullaje fluvial.
- Narciso Soliz, 03-09-10 Área de Manejo Integrado San Matías naufragio en patrullaje fluvial.
- Federico Rodas 27-07-12 PN Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao, paro cardiaco complicado a causa del mal de chagas (picadura de insecto).
Al honrar el sacrificio de los Guardaparques que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, reafirmemos nuestro compromiso con la justicia ambiental y la solidaridad con quienes están en la primera línea de la conservación.
