Guardaparques de espaldas. Foto: Sernap
Boletín Alerta Común de UNITAS
Las 23 áreas protegidas del país están resguardadas aproximadamente por 320 agentes de conservación o más conocidos como guardaparques, de los que, aproximadamente, 180 (56%) están contratados como personal eventual, situación que les impide tener una continuidad laboral, acceder a una remuneración acorde al trabajo que realizan y gozar de beneficios sociales.
La información fue brindada por el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (Abolac), Marcos Uzquiano, quien lamenta no sólo la situación contractual que el sector debe afrontar, sino también las precarias condiciones laborales que los ponen en desventaja frente a actores que atentan contras las áreas protegidas, tales como la minería o caza ilegal o el narcotráfico.
Estas carencias logísticas y de condiciones laborales fueron motivo para que los guardaparques a nivel nacional se declaren en emergencia en diciembre pasado y exija, a través de varios pronunciamientos, atención y cumplimiento de obligaciones al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), entidad responsable del resguardo y preservación de las 23 áreas protegidas.
Según Uzquiano, el problema de los contratos eventuales alcanza, incluso, a guardaparques que tienen una antigüedad de más de 20 años, quienes no pueden acceder a los bonos que les corresponden, ni tampoco a vacaciones o incrementos salariales. Detalló que los contratos eventuales son de 3, 6 o 10 meses. No sólo eso, comenta Uzquiano, este personal percibe una remuneración mucho menor que un guardaparque con ítem.
“La única salida a estos problemas es que los guardaparques eventuales pasen como guardaparques de planta. Son más de la mitad, aproximadamente 180 guardaparques a nivel nacional y también jefes de conservación que están en esta modalidad”, informó el presidente de la Abolac al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.
La emergencia por la que atraviesan los agentes de conservación se traduce también en la deuda de aproximadamente ocho meses de refrigerios correspondientes a la gestión 2023 que el Sernap no les ha cancelado y, en otros casos, llega a incluso impagos desde la gestión 2022. Éste se trata, según Uzquiano, de un estipendio para el aprovisionamiento de víveres para los guardaparques.
“Este estipendio se lo paga a través de un aplicativo: la billetera móvil. Antes era en efectivo. Nos han puesto bajo ese aplicativo que dificulta (su cobro). Hipotéticamente si nos pagaran puntualmente, cobrar esto sería difícil, porque en el área rural no hay almacenes para comprar víveres con el aplicativo, debemos viajar a la ciudad. Tristemente es otro problema”, declaró Uzquiano.
A esta deuda se suma otra: los subsidios de lactancia que no han sido cancelados a los guardaparques en situación de paternidad.
En sus diferentes pronunciamientos, los guardaparques, además, exigen mejores condiciones para desarrollar su labor, a través de la dotación de uniformes acordes al clima y territorio en que cada agente trabaja, la otorgación de un seguro contra accidentes o de vida, que los gastos corrientes sean asumidos por el Estado y se mejoren los campamentos que se “caen a pedazos”.
Análisis
Por su rol en la protección y conservación de los parques naturales y áreas protegidas, los guardaparques son una de las primeras líneas de defensa del medio ambiente y la tierra y el territorio, ello los pone en constante riesgo, su lucha contra el extractivismo, la tala e invasores ilegales, genera para el Estado obligaciones especiales de protección, así como la garantía de condiciones laborales justas y dignas.
Entre otras cosas, el Estado debe contar con normativa que defina con claridad su papel en la conservación del medio ambiente y la protección de la vida silvestre, proporcionando a su vez un marco legal sólido para garantizar su trabajo y establecer sanciones para quienes atenten contra ellos, asimismo, debe asignar recursos financieros y materiales suficientes para apoyar las operaciones de los guardaparques, incluyendo la adquisición de equipos de seguridad, capacitación y prestaciones sociales.
