El periodista acosado por el Gobierno, la Fiscalía y el narcotráfico
Guider Arancibia podría haber dejado el periodismo en 2015. Ese año, el 15 de julio, su madre Nieves Guillén fue asesinada en circunstancias “extrañas”. Tres meses antes de ese día, Arancibia, periodista de El Deber, había difundido la denuncia del coronel Germán Cardona sobre la “llegada de aviones militares cargados con armamento bélico al Chapare y se volvían cargados con drogas” a Venezuela.
La noticia causó un remezón a nivel político y obligó al coronel a retractarse y a salir del país. Dos días antes de ello, comenta Arancibia, su madre fue asesinada en su casa en Samaipata, Santa Cruz. Los ladrones no se llevaron nada del lugar. El periodista cree que su madre murió en vez de él y que detrás del crimen está el narcotráfico. Luego de este hecho, estuvo alejado dos meses del periodismo y consideró que debía dejar el oficio, pero su fe en Dios lo motivó a continuar y “seguir adelante”.
Arancibia es un periodista que incomoda. En abril de 2019 destapó el caso del narcotraficante Pedro Montenegro y su vínculo con autoridades policiales, principalmente con Gonzalo Medina, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Santa Cruz, de quien había revelado su declaración que profirió en una audiencia y en la que menciona que había sido ratificado reiteradamente en el cargo por el ministro de Gobierno de ese entonces, Carlos Romero.
Esa publicación le valió una amenaza del ministro que lo llamó personalmente a su teléfono celular. “Él me amenazó con tumbarme, a mí y al periódico”, precisó. Pero no fue la única amenaza. Montenegro también lo aludió en una carta notariada en la que lo acusa de denigrar e insultar a su familia, además de considerarlo responsable de su extradición a Brasil.
“Esto (de Romero) fue una amenaza totalmente del Estado y (Montenegro) me amenazó de una forma muy grave, yo realmente sentí miedo y estaba amenazado por dos blancos. El Estado, que debería brindarme todas las garantías, y la propia persona que era extraditada, entonces tuve mucha preocupación de mi familia. Fueron momentos muy duros”, recuerda.
Hubo un tercer episodio de amedrentamiento a su labor. Arancibia, con más de 30 años de ejercicio, la mayoría en El Deber, fue investigado por la Fiscalía por revelar otro acto irregular del Estado, cuando descubrió que dos camionetas incautadas al narcotráfico fueron empleadas por encapuchados para atacar a ciudadanos que acataron un paro cívico en Santa Cruz. Luego de la solidaridad y presión de los gremios periodísticos, la Fiscalía dejó nula la citación dirigida al periodista.
Arancibia comenta que estos episodios son una muestra de que la sociedad boliviana requiere de periodistas que investiguen, pero también que cuenten con normas necesarias para desenvolver su trabajo, como una ley de acceso a la información. “Vivimos tiempos muy difíciles, muy duros de acceder a la información, especialmente del Estado. Tenemos que darnos cuenta de que ahora es cuando más nos necesita la sociedad”, mencionó.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), con el respaldo The Global Media Defence Fund – UNESCO.