En un encuentro realizado en Santa Cruz de la Sierra, representantes indígenas y defensores ambientales exigieron frenar los desmontes y las autorizaciones de actividades extractivas, proteger las fuentes de agua y garantizar la fiscalización de los daños ambientales.
“Declaramos los territorios de la Nación Chiquitana como territorios libres de extractivismo agroindustrial y minero”, señala el pronunciamiento.
Comunidades indígenas, autoridades originarias y representantes comunitarios de la Chiquitanía declararon sus territorios libres de extractivismo agroindustrial y minero y exigieron al Gobierno nacional detener la autorización de nuevas dotaciones de tierras, derechos mineros, desmontes y otras actividades que puedan afectar sus territorios y fuentes de agua.
La determinación está contenida en un voto resolutivo aprobado durante el Encuentro de Comunidades Indígenas y Defensores Ambientales Afectados por el Agroextractivismo en la Chiquitanía, realizado en Santa Cruz de la Sierra, bajo la consigna de defender el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano.
En el documento, los participantes advierten que la expansión de la frontera agrícola y ganadera, los incendios forestales, la deforestación y las intervenciones sobre ríos y nacientes deterioran los ecosistemas y reducen la disponibilidad de agua para las comunidades. También señalan que estas actividades ponen en riesgo sus medios de vida, sus derechos colectivos y su seguridad alimentaria.
Entre sus principales demandas, exigen a las entidades nacionales, departamentales y municipales proteger las nacientes, cabeceras de cuenca, humedales y zonas de recarga hídrica. Asimismo, solicitan evaluar los efectos acumulados de los desmontes y los incendios, restaurar los bosques y establecer mecanismos de monitoreo comunitario y acceso público a la información ambiental.
El voto resolutivo también demanda una fiscalización inmediata de las actividades agropecuarias, forestales y extractivas en la región, así como la investigación de las denuncias de afectación ambiental y la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, en el marco de la normativa vigente.
Denuncian obstáculos en la justicia
Otro de los puntos expuestos en el documento se refiere a las dificultades que, según los participantes, enfrentan las comunidades para acceder a la justicia en casos de defensa territorial y ambiental. Como ejemplo, mencionan el caso del río San Lorenzo y la TCO Turubó Este, relacionado con el expediente 6755/2026 ante el Tribunal Agroambiental y una acción de amparo constitucional identificada con el NUREJ 10213477.
Los representantes denuncian retardaciones, suspensiones de plazos, notificaciones defectuosas y resoluciones que, a su criterio, vulneran el debido proceso y los derechos de las comunidades afectadas.
Además, cuestionan que se otorguen autorizaciones para actividades dentro de territorios indígenas sin garantizar la consulta previa, libre e informada, y señalan presuntas omisiones de las autoridades responsables de atender las denuncias y hacer cumplir las normas ambientales.
Finalmente, las comunidades convocaron a fortalecer la articulación entre organizaciones indígenas y defensores ambientales, además de ejercer control social sobre sus dirigentes frente a posibles acuerdos que contradigan los mandatos colectivos.
El documento sostiene que la protección del agua requiere frenar la deforestación, prevenir incendios y sequías y recuperar los bosques, considerados fundamentales para la conservación de las fuentes hídricas y la continuidad de la vida comunitaria en la Chiquitanía.
Foto: La Voz de la Naturaleza.
