Activistas ambientales presentaron ante la Fiscalía General del Estado una querella por la muerte de un jaguar en Guayaramerín, Beni, y solicitaron que el caso sea remitido a la Fiscalía de ese municipio para su investigación. La denuncia identifica cuatro presuntos delitos: portación ilegal de armas, tráfico de vida silvestre, caza ilegal y biocidio.
El documento fue presentado por Rodrigo Ernesto Herrera Sánchez, director de la Sociedad Civil-Legal “Justicia Ambiental” y representante de Bolivia ante el Acuerdo de Escazú, junto con Laura Lagrava Sandoval. En el memorial, los denunciantes se apersonan ante el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, y solicitan que la querella sea remitida a la Fiscalía de Guayaramerín.
Según el documento, la acción penal busca investigar los hechos relacionados con la muerte del jaguar y establecer responsabilidades por delitos contra la fauna silvestre. Los activistas sustentan su legitimación para denunciar en disposiciones de la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que reconocen la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente.
La querella incluye entre los delitos denunciados el tráfico ilegal de vida silvestre, la caza ilegal, el biocidio y la portación ilegal de armas, por lo que los denunciantes piden que el Ministerio Público active las investigaciones correspondientes.
Aquí puede leer el apersonamiento:
Caso Jaguar muerto en Guayaramerín. Foto: La Voz de la Naturaleza y RRSS
