El Tribunal Agroambiental pidió a las autoridades competentes esclarecer las circunstancias en las que murió un ejemplar de jaguar (Panthera onca) en el municipio de Guayaramerín, Beni, y determinar las responsabilidades que correspondan. La institución recordó que esta especie cuenta con medidas cautelares de protección y advirtió que la tutela judicial de la biodiversidad debe traducirse en acciones concretas de prevención y conservación.

A través de un pronunciamiento institucional emitido este 10 de agosto de 2026, el Tribunal Agroambiental expresó su preocupación por la muerte del felino y exhortó al Fiscal Departamental del Beni a continuar con las investigaciones y adoptar las acciones necesarias para esclarecer el caso conforme a la normativa vigente.

El hecho cobra relevancia debido a que el jaguar es una especie protegida y su conservación no depende únicamente de evitar la muerte de ejemplares, sino también de preservar sus poblaciones, hábitats y corredores biológicos. Para el Tribunal, la pérdida de un animal de esta especie representa una afectación a la biodiversidad y evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de protección de la fauna silvestre.

El organismo recordó que mediante la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, del 23 de abril de 2025, emitida dentro del expediente 6084/2025, denominado “Caso: Protección del Jaguar (Panthera onca) y su hábitat”, se establecieron medidas cautelares ambientales preventivas para proteger al jaguar y los ecosistemas que sostienen su supervivencia.

Posteriormente, mediante la Resolución SP-TAA 01/2025-SCS, del 16 de junio de 2025, el Tribunal reafirmó que las decisiones judiciales en materia ambiental, incluidas las medidas cautelares destinadas a proteger la biodiversidad, tienen carácter obligatorio para autoridades y particulares.

En ese contexto, la institución señaló que los principios preventivo y precautorio del Derecho Ambiental perderían su finalidad si las decisiones destinadas a proteger la naturaleza no se cumplen de manera efectiva.

La muerte del jaguar en Guayaramerín, por ello, “no puede ser considerada de manera aislada ni como un acontecimiento ordinario”, sostuvo el Tribunal, particularmente porque se trata de una especie que ya fue objeto de tutela específica por parte de la jurisdicción agroambiental.

El pronunciamiento también plantea la necesidad de revisar cómo se responde ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas o próximas a asentamientos humanos. Según el Tribunal, estas situaciones requieren mecanismos de prevención, intervención especializada y manejo adecuado para evitar respuestas que puedan ocasionar daños irreversibles a especies protegidas.

La institución pidió establecer si los mecanismos destinados a la atención y protección de fauna silvestre fueron activados oportunamente en el caso de Guayaramerín y reiteró que la protección del jaguar también implica proteger los ecosistemas de los que depende esta especie y de los que, a su vez, depende la sociedad.

Más allá de la muerte de un solo ejemplar, el caso vuelve a poner en el centro la relación entre la fauna silvestre, los asentamientos humanos y la responsabilidad de las instituciones para evitar que la pérdida de especies protegidas termine convirtiéndose en un hecho cotidiano.

Foto: El jaguar asesinado en Guayaramerín. Foto: RRSS