“El declive de las poblaciones de especies migratorias protegidas por tratado de la ONU aumenta del 44 % al 49 % en 2 años”
(Estado de las especies migratorias en el mundo, 2026)
La 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), un tratado jurídicamente vinculante en el marco de las Naciones Unidas, celebrada en Campo Grande, Brasil, del 23 al 29 de marzo, cerró con una noticia que invita al optimismo: 40 especies migratorias recibieron nueva o mayor protección bajo un marco internacional reforzado.
En un momento en que casi la mitad de estas especies está en declive y una cuarta parte enfrenta riesgo de extinción, el compromiso de 132 países de restaurar hábitats y coordinar acciones no es menor. La ciencia, los biólogos, los ambientalistas, los ecologistas y los pueblos indígenas —junto a sus conocimientos ancestrales— han sido claros, y el mundo, al menos en el papel, parece estar reaccionando.
Bolivia no estuvo ausente de este escenario. En la Conferencia de Alto Nivel, el canciller Fernando Aramayo respaldó la Declaración del Pantanal y planteó algo fundamental: la protección de las especies migratorias no es solo un asunto ambiental, sino también una cuestión de seguridad regional. La idea de la conectividad ecológica como base de estabilidad colectiva es poderosa: sin ecosistemas conectados no hay estabilidad, y sin estabilidad no hay desarrollo sostenible.
Sin embargo, queda por ver cómo se mantendrán conectados ciertos ecosistemas frente a nuevas leyes de cambio de tipo de propiedad que podrían poner en riesgo territorios ecológicamente frágiles al habilitar la expansión de monocultivos.
En su discurso, se habló de corredores ecológicos, de coordinación entre Estados, de financiamiento y de gobernanza multinivel. Bolivia, además, se posicionó como un punto clave entre la Amazonía, los Andes y el Chaco, recordando su rol estratégico y su compromiso con los humedales bajo la Convención Ramsar, incluidos los Llanos de Moxos.
Pero aquí es donde surge la incomodidad.
Porque mientras Bolivia suscribe declaraciones ambiciosas en foros internacionales, en el ámbito interno impulsa políticas que fragmentan precisamente esos ecosistemas que dice querer proteger. La expansión de la frontera agrícola, los procesos irregulares de dotación de tierras, las llamadas “leyes incendiarias” y los incentivos al cambio de uso de suelo están erosionando, día a día, la conectividad ecológica que se defiende en el discurso.
Por otro lado, es evidente la falta de profesionales especializados en biología y conservación dentro de la gestión estatal. Fue notorio que la representación boliviana no contó con el respaldo técnico suficiente para visibilizar el estado de otras especies migratorias en el país que requieren mayor atención, lo que sugiere limitaciones en la voluntad —o en la capacidad— de implementar los resultados de este y otros acuerdos multilaterales ambientales suscritos por Bolivia.
La contradicción es clara: se habla de estabilidad mientras se promueve la degradación. Incluso los avances concretos de la COP15 —como el Plan de Acción para el jaguar o el fortalecimiento de la protección de la nutria gigante— quedan en entredicho si no existen condiciones reales para su implementación. No hay plan internacional que sobreviva a la destrucción sistemática de hábitats a nivel nacional.
Y hay un punto aún más crítico: Bolivia no solo alberga especies migratorias, sino que es un país megadiverso con un alto nivel de endemismo. Especies únicas, como el delfín de río boliviano o la paraba frente roja, dependen exclusivamente de decisiones internas. Para ellas, no existen acuerdos globales que compensen la falta de acción local.
Ahí radica el verdadero problema.
La COP15 deja una hoja de ruta clara: cooperación, conectividad y acción urgente. Pero también expone una brecha incómoda entre lo que los países dicen y lo que realmente hacen. En el caso de Bolivia, esa brecha no es menor: es estructural.
Porque, al final, la pregunta no es qué se firma en Brasil —o en cualquier otra conferencia internacional—, sino qué se permite, o se destruye, en el territorio nacional. Y mientras esa respuesta siga marcada por la incoherencia, ningún “blindaje” internacional será suficiente para proteger lo que se pierde en casa.
Referencia: Estado de las especies migratorias en el mundo: Informe Interino (2026).
