La Cámara de Diputados sancionó el Proyecto de Ley 157/2023-2024, que autoriza la conversión voluntaria y gratuita de pequeñas propiedades tituladas a propiedad mediana, en medio de cuestionamientos por la falta de debate y advertencias sobre posibles impactos en comunidades campesinas e indígenas. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera, informó que la ley fue aprobada por mayoría tras aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. “Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores, queda sancionada la presente ley”, señaló.
El proyecto establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) podrá realizar la reconversión en un plazo máximo de 10 días hábiles, a sola solicitud escrita del propietario y mediante declaración jurada, como parte de un proceso de actualización catastral. El trámite será gratuito y voluntario, y las propiedades reconvertidas estarán sujetas a verificación de la Función Económico Social (FES) recién 10 años después del cambio. El Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo de 60 días hábiles.
Desde el Gobierno, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, defendió la ley al señalar que permitirá a los pequeños productores acceder a créditos bancarios con tasas más bajas, usando sus tierras como garantía. Según explicó, actualmente los medianos y grandes productores acceden a financiamiento con tasas de entre 6% y 6,5%, mientras que los pequeños enfrentaban intereses de entre 12% y hasta 28% al depender de casas comerciales.
“Esto significa que el productor va a poder ir al banco, poner su bien como parte de la garantía y acceder a créditos súper baratos”, afirmó la autoridad, quien consideró que la norma contribuirá a mejorar la calidad de vida del sector productivo y reducir el costo de insumos agrícolas.
Sin embargo, la aprobación generó críticas de organizaciones sociales, centros de investigación y legisladores, que denunciaron la falta de socialización y debate con sectores directamente involucrados. La Fundación Tierra expresó su preocupación por la ausencia de consulta a comunidades indígena campesinas y advirtió que la norma podría beneficiar a un grupo reducido y generar tensiones, especialmente en el valle y el altiplano.
Durante el tratamiento legislativo, la diputada Helen Patricia Patiño (PDC) presentó audios de dirigentes indígenas que rechazaron el proyecto. La presidenta de la COPNAG, Cirila Tapendaba, cuestionó que la norma se trate “a espaldas de las naciones indígenas”, mientras que el dirigente de la CIDOB, Lino Illimuni, criticó la priorización de esta ley frente a otras pendientes. Tras la votación, la diputada Sandra Surco, de Alianza Popular, dejó constancia de que su bancada no respaldó la iniciativa.
Además de las críticas por el procedimiento, también surgieron dudas sobre el impacto real de la norma. Fundación Tierra señaló que el 74% de las pequeñas propiedades en Bolivia son minifundios de menos de dos hectáreas, cuyo valor no resulta atractivo para el sistema financiero, por lo que el acceso a crédito podría no concretarse para la mayoría.
En ese contexto, la organización advirtió que los principales beneficiarios serían productores agroindustriales de tierras bajas y propietarios que registraron predios como pequeñas propiedades para evitar controles. También cuestionó modificaciones introducidas por el Senado, como la sustitución de requisitos técnicos por declaraciones juradas, la reducción del rol de verificación del INRA y la agilización del trámite.
La postergación de la verificación de la FES por hasta una década también encendió alertas. Según Fundación Tierra, esto podría abrir la puerta a procesos especulativos, conflictos por la tierra y mayor presión sobre los recursos naturales.
En la misma línea, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) cuestionó la constitucionalidad de la norma, al considerar que promueve la mercantilización de la tierra y debilita los mecanismos de control social. La institución advirtió que la medida podría favorecer la consolidación de formas de latifundio encubierto.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Asamblea Legislativa a garantizar una deliberación “amplia, responsable y técnicamente fundamentada”, debido al impacto jurídico, económico y social de la norma.
A estas observaciones se sumaron organizaciones ambientales y de la sociedad civil, que alertaron sobre posibles efectos negativos en los bosques, la biodiversidad y el uso sostenible de la tierra.
Pese a las críticas, la ley fue sancionada y queda a la espera de su promulgación, en medio de demandas para que su contenido sea revisado y debatido con mayor amplitud.
