La inspección ocular realizada el 19 de marzo en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía incorporó nuevos elementos al proceso judicial por el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3, en medio de denuncias de activistas que señalan la existencia de intervenciones dentro del área protegida y advierten sobre riesgos para la cuenca del río Tarija.
La diligencia, dirigida por el juez agroambiental de Entre Ríos en la zona de Chiquiacá, permitió —según los denunciantes— evidenciar trabajos en la cuenca Saicán, un sistema hídrico estratégico que desemboca en el río Tarija. De acuerdo con los activistas, cualquier avance hacia la explotación petrolera en ese sector podría comprometer el acceso al agua en comunidades locales y afectar a regiones más amplias del sur del país.
En la verificación participaron entidades como la Procuraduría, la Contraloría y los ministerios de Hidrocarburos, Medio Ambiente y Obras Públicas, además de YPFB y Petrobras. También acompañó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien destacó que la inspección permitió recoger información clave para el análisis del caso y la valoración de posibles impactos ambientales.
El proceso se desarrolla en el marco de una acción ambiental precautoria impulsada por la Defensoría del Pueblo, que busca la aplicación de medidas cautelares para suspender temporalmente las actividades vinculadas al pozo Domo Oso X3. La finalidad es proteger los derechos ambientales y colectivos de las comunidades de la zona.
Pese a los intentos de instituciones estatales de suspender la inspección, el juez resolvió continuar con la diligencia, al considerar que los recursos legales presentados no obligan a paralizar el proceso.
Durante el recorrido, comunarios destacaron la importancia de que la autoridad judicial verifique en campo las condiciones del área. Marianela Coca, de la comunidad de Chiquiacá Sud, afirmó que la inspección permitió contrastar versiones y pidió mayor transparencia sobre el alcance del proyecto.
Por su parte, la diputada Cecilia Requena alertó sobre la falta de información pública y los posibles impactos sobre la cuenca hídrica, señalando que estos aspectos deberán ser evaluados en la audiencia donde se definirá el futuro del proceso.
El concejal por el municipio de Entre Ríos, Rodrigo Altamirano, aseguró que en inmediaciones del pozo Domo Oso X3 se identificaron estructuras que evidenciarían actividad previa. Además, denunció presuntas irregularidades durante la inspección, como el desvío del recorrido y el retiro anticipado de representantes de YPFB antes de llegar a los puntos observados.
Los cuestionamientos también se centran en la legalidad de los contratos petroleros. Según los activistas, estos acuerdos arrastran irregularidades desde gestiones anteriores, por lo que solicitaron su anulación y advirtieron que su ejecución podría generar impactos ambientales de gran alcance en una reserva considerada clave para la regulación hídrica y climática.
En contraste, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de un reporte difundido por la Agencia Boliviana de Información (ABI), señaló que acompañó la inspección y sostuvo que el proyecto se encuentra fuera de los límites de la reserva. La estatal aseguró además que no existen actividades en ejecución y que sectores de la población local expresaron su respaldo a la iniciativa por los beneficios que podría generar.
Los resultados de la inspección serán analizados en una próxima audiencia pública, donde la autoridad judicial deberá definir si se mantienen o modifican las medidas que actualmente limitan las actividades hidrocarburíferas en Tariquía, en un escenario marcado por posturas enfrentadas entre la defensa ambiental y el desarrollo energético.
