Foto de portada: YPFB
Un análisis publicado por la Fundación Milenio advierte de incongruencias de casi $us 1.500 millones en la importación de combustibles entre 2000 y 2023. Asimismo, señala que estos recursos pudieron ser utilizados con fines políticos en beneficio del MAS.
El artículo titulado “¿Cuál es la verdad sobre la importación de carburantes? Más preguntas que respuestas”fue elaborado por el experto en hidrocarburos y energía Jorge Gumucio, y el economista y precandidato a las elecciones generales Jaime Dunn. Fue publicado el pasado viernes.
En el mismo se analizan datos de YPFB y el INE con relación a la compra de diésel y gasolina entre 2000 y 2023, resaltandon incongruencias que intentaron aclarar solicitando información histórica al Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), la cual no fue proporcionada.
“La cuantificación y valoración de estas sobrecompras resultan en 1.511 millones de litros de diésel y 651 millones de litros de gasolina, que a precios nominales (de compra), en los periodos incurridos resultan en $us 1.200 millones y $us 291 millones respectivamente”, se lee en el documento.
El mismo añade además que las mayores discrepancias se dieron en años de eventos políticos clave, como la aprobación de la nueva Constitución en 2008, el referéndum constitucional del 2016 para la reelección indefinida de Evo Morales, y las elecciones presidenciales del 2019, teñidas por denuncias de fraude.
“Estos acontecimientos demandaron importantes recursos financieros por parte del MAS, lo que plantea interrogantes sobre el posible uso de los fondos derivados de la importación de carburantes en el financiamiento de dichas actividades”, resaltan los autores.
Por ello, se plantea la necesidad de realizar auditorías externas e independientes, o una investigación impulsada desde el Legislativo para conocer las razones de estas incongruencias que suman casi $us 1.500 millones. “La magnitud de las diferencias, tanto en volúmenes como en costos reportados, sugiere la posibilidad de una manipulación deliberada de cifras con fines poco claros, lo que podría implicar desde ineficiencia extrema hasta actos de corrupción institucionalizada”.
La Nube intentó conocer la posición del YPFB y del MHE ante estas denuncias; sin embargo, hast el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
