Autora: Cecilia Peñaranda del Carpio – CIPCA Oficina Nacional, Unidad de Acción Política (UAP)
Foto de portada: Mario Vargas
Lo que antes alcanzaba para comprar un kilo de carne, ahora solo alcanza para medio. Este fenómeno, repetido en mercados y mesas bolivianas, refleja una crisis que va más allá de la inflación general. Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el precio de la carne debió subir un 2,6% por el alza en insumos, pero reportaron que el costo del ganado vivo se disparó un 80%. Por otra parte, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) atribuyó el alza de precios a dos factores clave: el incremento en el costo de los suplementos alimenticios, que se duplicó en los últimos meses, y el impacto del contrabando. No obstante, ante esta escalada, el gobierno respondió con un veto temporal a las exportaciones, una medida polémica que reavivó el debate sobre los volúmenes de producción, el abastecimiento interno y las posibilidades de exportación. ¿Son los grandes ganaderos los únicos responsables del encarecimiento, o son parte de un sistema que prioriza divisas sobre seguridad alimentaria? La respuesta yace en un entramado de políticas estatales, presión exportadora y un modelo agroindustrial que sacrifica bosques y equidad en nombre del crecimiento.
En la última década, Bolivia se ha convertido en un actor emergente en el mercado global de carne, con exportaciones a China a un ritmo del 46,9% de crecimiento anual, entre 2017 y 2024 (Gráfico 1), lo que elevó los ingresos por ventas externas a $us 220 millones en 2024. Sin embargo, este aparente éxito es engañoso, mientras las ventas al exterior se multiplicaban, los avances parciales del sector, como un aumento del 37% en cabezas faenadas (de 981.630 a 1,28 millones) y un crecimiento del 36,5% en producción de carne (de 201,400 a 274,900 toneladas), resultan insuficientes y mal distribuidos. En Bolivia se consume alrededor de 21 y 23 kilos de carne de res per cápita, por lo que se necesitan aproximadamente 260 mil toneladas para cubrir el consumo interno. Esta diferencia en la producción y demanda interna, posiblemente redujo la disponibilidad de carne para el mercado local, encareciéndola hasta obligar al país a importar 273 toneladas en 2023, año en el que el 35% de la producción total se exportó. La paradoja es evidente: un sector que genera divisas estrangula el acceso a un alimento básico para los más vulnerables.
Gráfico 1: Exportaciones de carne de Bolivia, período 2017 – 2024 (en toneladas) 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE.
El estudio de 2020 de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) y la Cooperación Japonesa reveló las debilidades estructurales del sector ganadero, de 31.000 productores registrados, solo 42 (0,13%) cumplían los requisitos para exportar a Asia, un problema arraigado en un círculo vicioso de desigualdad, desinformación y baja capacitación. El 89,56% de los ganaderos son pequeños y familiares, responsables del 31,47% del hato, quienes enfrentan limitaciones en acceso a tecnología y asistencia técnica. Estas carencias explican indicadores rezagados, como una tasa de destete del 46,43% (20 puntos menos que Uruguay) y una ganancia diaria de peso de 342 gramos (la mitad del promedio argentino). Aunque la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), como las usadas en Paraguay, podría mejorar estos resultados, el modelo no solo perpetúa las brechas entre pequeños, medianos y grandes productores, sino que deja intactos problemas estructurales clave, como la concentración de beneficios en pocos actores y la dependencia de un sistema que prioriza la exportación sobre la seguridad alimentaria.
Bajo este modelo productivo, las ganancias se concentran en pocas manos, mientras las comunidades rurales y la población en general asumen los costos. En Santa Cruz y Beni, la frontera agropecuaria avanza a ritmo acelerado, desplazando a comunidades indígenas y destruyendo medios de vida ancestrales. Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), tituladas tras décadas de lucha, ahora son cercadas por ganaderos y soyeros que buscan expandir sus operaciones. Este avance no solo degrada ecosistemas, sino que distorsiona el mercado interno, en Beni, donde históricamente la carne fue accesible, hoy existe desabastecimiento, y en las ciudades el incremento del precio limita el acceso a un alimento básico. Aunque el 62% de las ganancias del sector se quedan en manos bolivianas, el 38% restante beneficia a capitales foráneos, una desigualdad que se agrava con el oligopolio de Frigor , Fridosa y BFC S.A. , estos tres frigoríficos controlan el 100% de las exportaciones.
Por otra parte, detrás del “éxito” exportador se esconde una de las tasas de deforestación más altas de Sudamérica. Entre los años 1986 y 2019, 6,9 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a Irlanda, fueron convertidas en pastizales y monocultivos de soja (Méndez, 2021). De acuerdo a la RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada) tres de cuatro hectáreas de la amazonia se destinan a la ganadería. En 2024, los incendios arrasaron 14 millones de hectáreas, un récord histórico. Santa Cruz se constituyó en el epicentro de la crisis, perdió el 8% del Parque Amboró. Como señala Méndez, “estas cifras dan cuenta que el circuito de las vacas no empieza con la adquisición del ternero sino con la tala de un árbol”. Este modelo no solo acelera el cambio climático (Bolivia es el cuarto país del mundo en pérdida de bosques primarios), sino que seca ríos y acuíferos, por ejemplo, una vaca consume entre 40 y 55 litros de agua al día, por lo que el costo ambiental del modelo extensivo de producción de carne es inviable para un futuro sostenible.
La Agenda Patriótica 2025, impulsada por el gobierno boliviano, pretende triplicar el hato ganadero hasta alcanzar 22 millones de vacas. Este ambicioso plan se articula a normas, como la Ley 741 (2015) y el Decreto 3973 (2019), que permiten realizar desmontes en áreas forestales y amnistías para las deforestaciones ilegales. Además, se encuentra en curso un proyecto de ley que busca suspender, por siete años, la verificación de la FES y FS, así como anular multas y sanciones por quemas ilegales, medidas que podrían favorecer la destrucción de territorios indígenas, la degradación de ecosistemas y la expansión de la frontera agrícola. Estas políticas, diseñadas en alianza con gremios agroindustriales, contrastan con la falta de respaldo a los pequeños productores.
Por otro lado, el Estado subsidia el diésel, lo que reduce artificialmente los costos de transporte y maquinaria para los grandes ganaderos. En contraste, las comunidades indígenas que optan por producir carne de manera sostenible, empleando un sistema de manejo semi-intensivo en algunas zonas de tierras bajas, contribuyen a la conservación de la biodiversidad al recuperar especies forrajeras nativas, proteger hábitats de fauna silvestre y capturar carbono en el monte (Peralta, Cuellar, Cartagena, 2020).
Bolivia se enfrenta a una disyuntiva, seguir con el modelo actual, que prioriza el extractivismo, las exportaciones, subsidia a las élites y destruye bosques, podría generar divisas a corto plazo, pero a un costo insostenible o transitar hacia una ganadería semi-intensiva y sustentable, accesible para todo tipo de productores y beneficiosa para la biodiversidad. Este modelo emite menos de la mitad de metano que el sistema extensivo, requiere menos terreno por cabeza de ganado, reduciendo la presión sobre el bosque, y mejora el drenaje y la retención de agua. Además, la gestión comunitaria genera beneficios sociales que fortalecen a las comunidades y aumentan los ingresos de las familias beneficiarias (Peralta-Rivero y Cuellar, 2018).
El encarecimiento de la carne no es un error aislado, sino el síntoma de un sistema que sacrifica la biodiversidad y la soberanía alimentaria por acceso a divisas. Este modelo ya ha incendiado millones de hectáreas y desplazado comunidades, mientras una minoría se beneficia de estas condiciones. Bolivia no exporta carne: exporta suelo fértil, agua y futuro. La solución no es ajustar precios, sino desmantelar un esquema que convierte alimentos en lujo y bosques en ceniza. Urge una ganadería que priorice mercados locales sobre demandas extranjeras, reemplace desmontes con manejo sostenible del medioambiente y beneficie a pequeños productores.
Bibliografía
Agencia de Cooperación Internacional Japonesa – JICA; Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz – CADEX (2020). Estudio para el fortalecimiento de la competitividad de la cadena de valor de la carne bovina, a través de un diagnóstico integral para la promoción de la exportación destino: Asia.
Fundación Amigos de la Naturaleza (2021). Atlas Departamental de Vulnerabilidad al Cambio Climático Santa Cruz. FAN, Santa Cruz
Instituto Nacional de Estadística (INE).
•Producción de Carne de Ganado Bovino según Año y Mes por Ciudad 2005 – 2024
•Bolivia – Número de Cabezas Faenadas de Ganado Bovino según Año y Mes por Ciudad 2005 – 2024
•Exportaciones según Actividad Económica y Producto por Año y Mes, 1992 – 2024
Méndez, C. (2021). Ganadería en Bolivia: se amplía la exportación, se reducen los bosques. Mongabay.
Peralta-Rivero, C. & Cuellar, N. (2018). La ganadería en la región del Chaco de Bolivia. Una evaluación de la sustentabilidad de los sistemas de manejo de ganadería semi-intensiva y extensiva. Cuaderno de investigación 85. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. La PazPeralta, C & Cuellar, F & Cartagena P. (2020) Hacia una ganadería sustentable en tierras bajas de Bolivia. Propuesta para política pública, mayo 2020, año 1, Nº 1, La Paz
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra (2025). Ministro Yamil Flores asegura que no hay razón para el incremento de carne de res y reitera convocatoria al diálogo a ganaderos. Enlace: https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=9235
REISAG (2023). Deforestación en la Amazonía se destina a la ganadería. Enlace: https://www.raisg.org/es/radar/deforestacion-en-la-amazonia-se-destina-a-la-ganaderia/
