El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en un Consejo Consultivo realizado el lunes 13 de enero, determinó acciones inmediatas en rechazo a los contratos firmados por el Gobierno con una empresa rusa y otra china para la explotación de litio en el departamento de Potosí. Alberto Pérez, presidente de la organización, señaló que estas concesiones suponen un grave perjuicio social, ambiental y económico para la región y el país.
Entre las resoluciones más destacadas, Comcipo declaró el estado de emergencia con movilizaciones en Potosí y anunció una marcha de protesta para el jueves 16 de enero, que partirá a las 14:00 desde la histórica Plaza del Minero. Además, calificaron al presidente Luis Arce Catacora como «traidor y enemigo del pueblo potosino» por su gestión en este tema.
Pérez enfatizó que los contratos con Uranium One Group de Rusia y Hong Kong CBC de China no fueron socializados con las comunidades locales ni se realizaron consultas previas, como establece la Constitución. «Exigimos al Gobierno la anulación de estos contratos con estas empresas», manifestó.
El líder cívico también cuestionó la falta de avance en la Ley del Litio, que lleva más de dos años estancada en la Cámara de Diputados. Según Pérez, esta normativa es fundamental para garantizar una explotación responsable, que contemple aspectos legales, sociales y ambientales. «No nos oponemos al desarrollo, pero exigimos que se respete la Constitución y se priorice a Potosí», señaló.
Comcipo presentó una carta al presidente Luis Arce y otra a la Cámara de Diputados para demandar que se suspendan los contratos y se apruebe la Ley del Litio.
Al respecto, la Fundación Milenio publicó un informe que destaca que el mayor riesgo de los acuerdos actuales es que Bolivia asume todos los costos, mientras los beneficios quedan en manos de las empresas extranjeras.
El dirigente de Comcipo también expresó preocupación por el impacto ambiental que la explotación de litio podría generar en las reservas hídricas de la región, fundamentales para la población y las actividades productivas. «Queremos que esto se haga de manera correcta y legal. No estamos en contra de la explotación, pero exigimos responsabilidad», concluyó Pérez.
