Diseño de portada: Valeria Torrico
¿Qué hacen los bancos con tu dinero? ¿Lo invierten en actividades sostenibles o, por el contrario, en negocios que deforestan y contaminan el medioambiente? Estas son cuestiones un tanto difíciles de responder. Una investigación reciente estima que casi un 15% de los créditos bancarios otorgados al 2022 financiaron sectores que generan deforestación, como la agroindustria. Sin embargo, en Bolivia se desconoce el monto de la cartera de créditos de las entidades financieras que se destina a actividades sostenibles.
Algunos bancos, los que dan los primeros pasos en este mundo de las finanzas sostenibles, tienen una aproximación que no es del todo completa debido a la ausencia de una “taxonomía verde”, un instrumento que nos permitiría responder las preguntas iniciales y obtener información sobre el manejo de nuestros ahorros. La taxonomía es, digamos, un documento que define qué actividad es sostenible y cuál no lo es, con base en criterios científicos y técnicos. Ya se ha aplicado en distintos países del mundo, pero en nuestro país aún está en planeación.
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP), por ejemplo, asegura que tiene un 4% de su cartera de Bs 4.319 millones colocado en productos sostenibles. Sin embargo, reconoce que también tiene una “cartera sostenible oculta” en sectores como la agropecuaria y la manufactura; es decir, financiamiento utilizado en favor del medioambiente o proyectos sociales que no es registrado como tal debido a la ausencia de mecanismos claros para ello.
Sin la normativa y parámetros adecuados, sin una taxonomía, es imposible señalar qué financiamiento logra un impacto de sostenibilidad, ya sea ambiental, social o de gobernanza. Estas palabras componen la sigla ESG, por Environmental, Social and Governance, y constituyen un marco para evaluar el desempeño social de una empresa, más allá de sus utilidades monetarias.
“El sector financiero ha comenzado a integrar las finanzas sostenibles en su cartera de créditos e inversiones”, comentó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) como respuesta a un cuestionario enviado para este reportaje. Sin embargo, para conocer la proporción “de la cartera dedicada a estas iniciativas, es necesario contar con una taxonomía sostenible que permita medir el impacto ambiental de las finanzas en el país”, añadió cuando se le preguntó al respecto.
Pero, antes que nada, habría que responder a la pregunta: ¿para qué sirven las llamadas finanzas sostenibles? Pues, básicamente, permiten movilizar recursos con el fin de alcanzar, hasta el 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Hablamos de objetivos que permitirían mejorar la calidad de vida de las personas y no destruir el planeta en el intento. En los últimos años, estos ODS han cobrado más importancia ante la necesidad de reducir el daño ambiental causado por el ser humano y generar mecanismos de adaptación al cambio climático, tareas que son bastante costosas.
Sin ir lejos, en la COP29 que se realizó en noviembre de este año en Azerbaiyán, los países en desarrollo pedían a los desarrollados $us 1.300 billones al año para enfrentar el cambio climático. Al final se les concedió $us 300.000 millones. Cada vez hay más certeza de que esta cantidad de dinero no vendrá sólo de los impuestos de los países desarrollados, sino del sector privado, a través del sistema financiero.
La diferencia más notoria entre las finanzas sostenibles y las finanzas tradicionales es que las primeras priorizan el impacto en función a los ODS, mientras que las segundas priorizan un mayor rendimiento económico, y punto.
Un viaje que ya comenzó
En Bolivia, las entidades financieras han dado pasos importantes en cuanto a las finanzas sostenibles. Hasta octubre de este año dos bancos emitieron “bonos sostenibles” por un total de Bs 309 millones, según datos de la ASFI.
El BDP emitió bonos verdes por casi Bs 103 millones en diciembre del año pasado, y en octubre logró una acreditación para canalizar financiamiento internacional a proyectos climáticos por hasta $us 250 millones.
Este banco explicó a La Nube que en sus productos financieros verdes utiliza «herramientas que permiten medir, reportar y verificar el impacto de las inversiones”. De esta manera se conoce que hasta agosto del 2024, las actividades que financió con el crédito “Ecoeficiencia” redujeron de manera anual la emisión de 17.161 toneladas de CO2, generaron un ahorro energético de 4.456 MW/año, ahorro de 616.928 m3 de agua, y alcanzaron 1.771 toneladas de residuos reciclados.
La empresa cochabambina Ingoqui, que tritura neumáticos en desuso para fabricar nuevos productos, se benefició con estos créditos para aumentar su capacidad de reciclaje en más de 60 toneladas, reduciendo así 236 toneladas de CO2 en un año.
Otra beneficiaria fue Alcon SRL, que fabrica mangueras con bolsas plásticas o botellas recicladas y que gracias al financiamiento de Ecoeficiencia subirá su capacidad de reciclaje en 40% al año.
En un futuro próximo el BDP pretende “descarbonizar” su cartera y “gradualmente volcar las colocaciones a actividades que combinen lo productivo y lo sostenible”.
El Banco Solidario, por otro lado, emitió casi Bs 206 millones en “bonos sociales avanza mujer” en junio de este año. Además mide y reporta la huella de carbono de su cartera con estándares del Global Partnership for Carbon Accounting Financials. En esta tendencia hacia la sostenibilidad, este banco instaló en sus oficinas centrales un sistema de energía solar que le ha permitido reducir sus emisiones hasta en 45 toneladas de CO2 al año, según reportes de la ASFI.
La tarea pendiente
Las entidades financieras vuelcan su mirada hacia este sector, pero la tarea pendiente sigue siendo la taxonomía sostenible.
Países de la región como Colombia, México y Brasil, entre otros ya han desarrollado taxonomías para identificar actividades sostenibles en sus finanzas, según la Plataforma de Financiamiento Verde de América Latina y el Caribe (GFL).
El gerente de la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), Néstor Castro, explicó que junto a otras dos asociaciones -Asoban y Asofin- se conformó una alianza para desarrollar una taxonomía nacional y así «identificar qué es y qué no es sostenible, porque como no tenemos esto, aún existe una cartera verde oculta”.
Por otro lado, el gerente técnico de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (Asofin), Rhodia Mejia, explicó: «No existe una legislación específica ni una taxonomía que defina qué se considera una inversión sostenible, lo que genera inquietud entre los operadores sobre cómo proceder al respecto dados los costos involucrados».
La taxonomía también ayudaría a prevenir el green-washing, una práctica de las compañías para que la opinión pública crea que sus actividades son amigables con el medioambiente, cuando la realidad es otra, apuntó la especialista en financiamiento climático de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Carola Mejía. «En Bolivia falta transparencia de dónde ponen su dinero los bancos”.
Las taxonomías financieras sostenibles brindan credibilidad, integridad y transparencia al mercado, facilitando la identificación de oportunidades de inversión ambiental sostenibles para el sector privado”
Informe Marco Común de Taxonomías Financieras Sostenibles para América Latina y el Caribe, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Una taxonomía boliviana permitiría además que los clientes de las entidades financieras conozcan si su dinero es invertido en causas medioambientales o no. Bancos europeos tienen esta información y en América Latina es una tendencia que cobra fuerza. Los usuarios se preocupan cada vez más sobre qué se hace con sus ahorros.
Mejia, de la Asofin, señaló que una vez que se cuente con una taxonomía y se emitan informes de sostenibilidad, se deben aplicar además auditorías externas para verificar las operaciones con criterios ESG. «Esto no sólo aumentaría la transparencia, la rendición de cuentas y la publicación de más información sobre el sistema financiero, sino que también ayudaría a atraer inversores interesados en las finanzas sostenibles».
Un inconveniente con esto de las finanzas sostenibles es que algunas empresas con altos índices de daño ambiental «lavan» su imagen con créditos para algunas acciones verdes, apuntó el economista ambiental Stasiek Czaplicki. Pongamos un caso: una empresa que deforesta y quema bosques, pero que recibe financiamiento para utilizar tractores alimentados con energía solar. En realidad el impacto positivo será mucho menor en comparación al efecto negativo de las operaciones de esta compañía. Por ello, Czaplicki sugirió que la taxonomía boliviana que se pretende construir considere no sólo el proyecto a ser financiado, sino el conjunto de actividades que realiza el receptor del crédito. «Este es un nuevo enfoque que se está considerando cada vez más a nivel internacional», dijo el investigador.
La clave es la rentabilidad
Además del impacto positivo que las finanzas sostenibles tienen en el medioambiente y la sociedad, para que esta tendencia sea adoptada con mayor amplitud hay que enfatizar en la rentabilidad.
“Se ha visto que estas operaciones son costosas”, dijo el gerente de Finrural, Néstor Castro, al explicar que la colocación de créditos sostenibles implica mayores controles y tiempo. “Todo lo verde es más caro, y ese es un aspecto que hay que trabajar. La idea es que haya condiciones para que las finanzas sostenibles sean rentables”.
Mejía, la especialista en financiamiento climático, explicó que es importante que los créditos sostenibles tengan tasas bajas y condiciones atractivas para que una mayor cantidad de personas accedan a ellos y no sólo grandes empresas o instituciones establecidas. «Hay que hacer que estos recursos lleguen a la gente que está siendo más impactada por la crisis climática, como los pueblos indígenas. La banca es un mecanismo para que el financiamiento llegue a esta gente”, señaló.
Es mediante las entidades financieras que se podrán canalizar los recursos necesarios para alcanzar los ODS, ojalá para el 2030, acotó Mejía. Sin embargo, la información sobre la colocación de créditos, sobre el tamaño que tienen las finanzas sostenibles en la cartera, será accesible cuando exista un marco regulatorio para ello, cuando se aplique la tan esperada taxonomía.
