Organizaciones de la sociedad civil y activistas ambientales pidieron al Gobierno información sobre los daños que los incendios ocasionaron en el Parque Nacional Madidi, así como datos de las acciones asumidas por las instituciones públicas y el presupuesto que se destinó para sofocar el fuego. Las cartas fueron enviadas hoy y ayer a los viceministerios de Medio Ambiente y Defensa Civil.
El corazón de una de las áreas más biodiversas del mundo ardió durante 30 días, según datos de la Defensoría del Pueblo.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, no precisó el número de hectáreas que fueron afectadas. Se conoce que al 1 de noviembre 7.000 hectáreas se habían quemado, de acuerdo a reportes oficiales exhibidos por la activista Daniela Arratia hoy en la Plaza Avaroa, en la ciudad de La Paz, donde instaló una huelga de hambre que duró ocho días. Ella afirmó que a través del seguimiento a imágenes satelitales se puede estimar una pérdida de 20.000 hectáreas de bosque virgen dentro el área protegida.
Hoy Arratia comunicó que levantaba su huelga de hambre ante la certeza de que el fuego se extinguió en el Madidi debido a la lluvia y que guardaparques ingresaron para hacer el enfriamiento del lugar afectado, cuyo acceso es bastante difícil.
Sin embargo, anticipó que ella y sus compañeros, así como integrantes de otras organizaciones, harán seguimiento a las cartas enviadas a los viceministerios de Medio Ambiente y Defensa Civil para conocer la pérdida de flora, fauna, afectación a pueblos indígenas y el presupuesto utilizado para mitigar los incendios en el Madidi.
«Queremos saber si pueblos indígenas que ancestralmente habitan ahí fueron afectados, porque ahora hay interculturales que se hacen pasar por pueblos indígenas», expresó Arratia ante la prensa desde su campamento improvisado en la Plaza Avaroa, justo frente al Ministerio de Defensa.
Al mismo tiempo manifestó que los incendios fueron provocados y recordó que desde el Gobierno de Luis Arce se fomenta la expansión de la frontera agrícola a costa de los bosques, y que en el caso del norte de La Paz, donde se encuentra el Madidi, se ha iniciado una campaña para el cultivo de palma aceitera en el marco de la producción de agrodiésel, pese a los riesgos ambientales y la poca garantía de que este proyecto sea un resultado a la crisis energética que vive el país.
Desde la Defensoría del Pueblo se emitió un pronunciamiento ayer señalando que no se puede argumentar «la probabilidad de fuegos de origen natural, más aún cuando las afectaciones guardan relación a la cercanía de actividades humanas agropecuarias y/o mineras».
Asimismo, la Defensoría pidió al Estado equipar adecuadamente a los guardaparques del Madidi recordándole que «se cuenta con el Financiamiento Sustantivo del Fondo de Paisajes Patrimoniales, por más de 10 años en adelante; por lo que instamos al Estado efectivizar el Plan de Protección Actualizado enmarcado en el financiamiento señalado y en cumplimiento del DS 5225 de Pausa Ambiental Ecológica de reciente promulgación».
