El primer y reciente contrato firmado entre la estatal boliviana YLB y la firma rusa Uranium One Group ha salido a la luz pública después de que fue presentado al Congreso. El mismo aclara el funcionamiento de la «asociación accidental» creada por ambas compañías para construir y poner en marcha una planta industrial de Extracción Directa de Litio (EDL) en el Salar de Uyuni. Sin embargo, el modo en que el documento fue elaborado deja dudas y desaliento, según analistas.
El contrato estima que la empresa rusa invertirá $us 976 millones para instalar la planta que alcanzará una producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio grado batería al año a partir de julio del 2027. Para julio del 2025 se alcanzaría una producción inicial de 1.000 toneladas anuales. Las aspiraciones están lejos de las metas que se había planteado el Gobierno de Luis Arce, que anunciaba producir más de 100 mil toneladas al año a partir del 2025.
Los ingresos anuales que YLB estima con la nueva planta llegarían a $us 415 millones, cifra también alejada de los $us 5.000 millones de renta que se proyectaba para el 2025 y que no sustituye la renta del gas natural, cuyas ventas caen. Los anuncios del Gobierno aún están lejos de la realidad y queda el sabor amargo de los resultados generados con los proyectos de años pasados para los que se invirtieron alrededor de $us 1.000 millones. Bolivia aún parece lejos de ingresar en el mercado mundial del litio.
“Este proyecto es 10 a 15 veces más pequeño que la exportación de gas natural (en su mejor momento) y en Potosí debieran bajar las expectativas respecto a los posibles ingresos por regalías”, escribió en su blog el analista en temas energéticos Mauricio Medinacelli.
Por otro lado, el proyecto de Ley 588, que es el que contiene el contrato que llegó al Congreso, tampoco es claro en su contenido. Al contrario, forma una especie de «matrioskas», esas muñecas rusas que esconden una más pequeña en su interior, hasta llegar a una diminuta. Los múltiples informes y anexos no pueden ser entendidos de forma independiente, «ya que la información concreta se encuentra dispersa a lo largo de los distintos documentos», opinó el investigador de la Fundación Solón, José Carlos Solón.
En el proyecto se mencionan, además del contrato de «asociación accidental», otros tres contratos cuyo contenido se desconoce. «Esto podría representar un cheque en blanco a favor de la empresa rusa», dijo Solón.
Lo que se conoce es que este primer contrato duraría 30 meses, pero los venideros tendrían una vigencia de hasta 20 años. También se sabe que la Uranium One tendrá «un derecho preferente de compra del producto» y que YLB asumirá el pago de regalías (de 3% para el departamento productor), impuestos y otras formalidades.
Según el investigador, no se puede «saber a ciencia cierta si el contrato que estamos firmando es beneficioso o no para el país» debido a que no se cuenta con toda la información necesaria. YLB debería publicar todos los documentos, así como los estudios de factibilidad económica del proyecto, acotó.
Hasta el cierre de esta edición YLB no ofreció un comentario al respecto, ante los requerimientos de La Nube.
