En los últimos diez años, cerca de 150 comunidades nuevas se han asentado en la región de San Rafael de Velasco, instalando aproximadamente 500 hornos de carbón. Estas comunidades utilizan maderas preciosas y semipreciosas, como morado, tajibo, roble, curupaú y sirari, extraídas de grandes áreas deforestadas. Sin embargo, se desconoce si cuentan con permisos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para esta actividad.
El alcalde de San Rafael, Humberto Vargas Roca, expresa su preocupación ante la falta de control estatal sobre estos hornos y la deforestación en áreas de vocación forestal permanente. “Es inadmisible la cantidad de hornos que hay en la Chiquitanía, en plena pausa ecológica”, señala Vargas, y subraya que la ABT debería regular esta situación.
Alejandro Vaca Díez, cacique de Santa Teresita del Surutú, también denuncia la ilegalidad de estas prácticas, responsabilizando al Estado por la falta de controles efectivos para estos nuevos asentamientos. “Mientras a las comunidades originarias se les exige cumplir con múltiples requisitos, estos nuevos asentamientos operan sin supervisión y han provocado incendios en la zona por su manejo irresponsable del fuego”, afirma Vaca Díez.
Áreas protegidas en riesgo
La situación es especialmente preocupante para los municipios con áreas protegidas, donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la ABT y otras entidades estatales otorgan permisos de asentamiento, desmonte y explotación minera en zonas de vocación forestal, afectando las reservas naturales. En la Chiquitanía, estas autorizaciones han permitido a los nuevos asentamientos deforestar hasta 20 hectáreas por comunario, incluso dentro de áreas protegidas, lo que incrementa la presión sobre el ecosistema.
Julio Egüez Aguilera, gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael, denuncia que “de un día para otro” aparecen personas con resoluciones del INRA que buscan establecerse en tierras protegidas. Estas comunidades no solo deterioran el medio ambiente, sino que también aumentan la demanda de servicios básicos en los municipios, que se ven sobrecargados al tener que proveer infraestructura y servicios sin el apoyo del gobierno central.
Impacto de los incendios forestales
San Rafael, una región tradicionalmente ganadera con alrededor de 130,000 cabezas de ganado, también depende de la agricultura como segunda actividad económica. Sin embargo, en los últimos años, los incendios forestales han devastado la zona. Según el alcalde Vargas, 600,000 de las 900,000 hectáreas del municipio fueron afectadas este año por incendios, lo que ha destruido pastizales y áreas productivas, afectando severamente la economía local.
Vargas menciona que, gracias a un centro de monitoreo, han podido rastrear las áreas donde comenzaron los fuegos, y señala a los nuevos asentamientos como los principales causantes de estos incendios. La población de San Rafael espera que se tomen medidas urgentes para detener la destrucción de sus recursos naturales y prevenir futuros desastres ambientales en la región.
