Por: Sumando Voces
COP16 que se desarrolla en Cali, Colombia. Fotos CENDA
La Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP16) celebrada en Cali, Colombia, se desarrolla en medio de fuertes debates sobre la mercantilización de los recursos naturales y demandas urgentes de justicia ambiental por parte de comunidades indígenas, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas.
Una de las instituciones presentes es la Red UNITAS, a través del Programa NINA. Su coordinador, Walter Limache, informó que durante los eventos se ha expresado denuncias sobre la acción extractivista sobre los territorios, sobre los derechos de las poblaciones indígenas originarias campesinas, y la evidente «tragedia que vive la Amazonía y la naturaleza en general». En ese sentido, se planteó importantes acciones para poner un alto a esa problemática.
«Frenar las acciones de las empresas dedicadas al aprovechamiento del agua, a la actividad minera, a la deforestación para la producción de cultivos extensivos para generar biocombustibles y otros ha sido muy fuerte, exigiendo su paralización. Del mismo modo, la no aceptación explícita del mercado de carbono, que se constituye en una propuesta incoherente e ilógica, así como no aceptar la mercantilización de la naturaleza», refirió Limache.
Consolidación de propuestas para el cuidado de la Amazonía
En paralelo, la sociedad civil ha promovido propuestas para proteger la Amazonía, presentadas a la ministra colombiana y presidenta de la COP16, Susana Muhamad, quien las incluyó en las negociaciones. La “Alianza Escucha la Amazonía”, junto con 140 organizaciones ambientales, exhorta a los gobiernos a priorizar la protección de humedales y recursos hídricos y a desescalar las actividades extractivistas. También se espera que el llamado “Decálogo de paz con la naturaleza” proponga un cambio profundo en la relación entre el ser humano y los ecosistemas, destacó Limache.
La COP16 reúne a más de 15 mil delegados en dos zonas con objetivos y audiencias distintas: la Zona Azul, donde gobiernos y empresas discuten políticas y marcos de acción, y la Zona Verde, que concentra a la sociedad civil, incluyendo a pueblos indígenas, ONG y colectivos académicos.
Desconexión entre gobiernos y sociedad civil
En la Zona Verde, las voces de la sociedad civil han expresado su preocupación por la desconexión con las decisiones tomadas en la Zona Azul. Si bien los delegados gubernamentales buscan acuerdos para financiar la biodiversidad y generar estrategias de conservación, representantes indígenas y activistas han denunciado que estas discusiones ignoran las realidades de quienes protegen los territorios.
«Es importante destacar que ambas zonas no tienen conexión, en el sentido de que los debates y las decisiones gubernamentales están alejados de los sentires y propuestas de los actores sociales que viven en los territorios y que son permanentemente vulnerados, diríamos que se está decidiendo sin tomarlos en cuenta a pesar de los pedidos expreso de su consideración en las decisiones», acotó el coordinador del Programa NINA.
Antes de acudir a la COP16, la representante de la juventud boliviana, Flavia Gonzáles, manifestó en conferencia de prensa que uno de sus petitorios será que los gobiernos los tomen en cuenta y que formen parte de los espacios de toma de decisiones, pues el sentir de la juventud como parte de la sociedad civil es relevante.
Otra de las instituciones bolivianas presentes es CENDA. Su director, Sergio Vásquez, indicó en el programa Sumando Voces en Directo, que uno de los desafíos en la COP16 es garantizar mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. «Los gobiernos traen sus posicionamientos, pero la sociedad civil aún necesita un espacio participativo. Se ha planteado en la zona Azul, donde están los gobiernos, la necesidad de plantear la participación activa de los pueblos indígenas como tomadores de decisiones, sin embargo, no ha tenido el consenso necesario», dijo.
Vásquez lamentó que muchos de los países presentes no hayan logrado presentar sus informes ni tengan avances significativos en cuanto a sus metas. También señaló: «es una pena que el gobierno boliviano no tenga un posicionamiento claro y efectivo que garantice la biodiversidad y cuidado de la Madre Tierra, sabiendo que tenemos una ley que protege sus derechos».
Avances
La ministra Susana Muhamad destacó avances en temas clave como financiamiento para conservación y derechos de comunidades locales. Destacó también la creación de un fondo de beneficios para recursos genéticos, que requerirá que las multinacionales que se benefician de estos recursos contribuyan a su conservación. Se espera que la COP16 establezca una ruta para movilizar recursos financieros y fortalecer la gobernanza ambiental.
Muhamad señaló la necesidad de movilizar $200 mil millones en financiamiento, de los cuales una parte se destinaría a pueblos indígenas y comunidades locales. “Necesitamos una movilización global a una escala sin precedentes”, expresó la ministra, quien también destacó la inclusión de los pueblos afrodescendientes en los acuerdos de diversidad biológica.
La ausencia de líderes de países influyentes como Estados Unidos, Brasil y China ha sido otro tema polémico. El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó esta falta de apoyo en una reciente conferencia de la OEA, donde insistió en la necesidad urgente de replantear la explotación de combustibles fósiles.
CENDA informó a través de una transmisión que, en la Zona Azul, en medio de las negociaciones de los Estados y la gran participación de investigadores y academia, se escuchan voces mudas de las poblaciones indígenas que piden compromisos serios y espacios de dialogo horizontal de autoridad (Estados) a autoridad (Pueblos Indígenas).
La analista Hidin Cristina Mayorga presidenta del Territorio Indígena Bridri Talamanca de Costa Rica, y Alfredo Viteri, analista del Pueblo Quichua de Pastaza en Ecuador, señalan que en la COP actual no se puede negociar en condiciones de desigualdad política. Los pueblos indígenas han hecho recomendaciones durante décadas, pero los avances son mínimos.
Las decisiones siguen en manos de los gobiernos, y los recursos financieros para la gestión sostenible de la biodiversidad son insignificantes, dicen los indígenas. Viteri enfatiza la lucha por la soberanía territorial, el control de sus territorios y la libre determinación como elementos esenciales para enfrentar las políticas extractivistas y conservacionistas que favorecen a las corporaciones.
