Residentes del Distrito 4 de Ixiamas se declararon en «estado de emergencia» ante el ingreso de personas ajenas al lugar a áreas protegidas para realizar minería ilegal. Las comunidades locales denuncian que estos nuevos asentamientos mineros violan su derecho a la propiedad y están facilitados por autoridades municipales que exceden sus competencias, e instituciones nacionales que incumplen sus obligaciones.
«Rechazamos la usurpación de competencias que esta cometiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas en sus dos órganos, porque pretende dar certificaciones o emite normas contrarias al ordenamiento jurídico vigente, por el cual confirman un domicilio que no tienen estas personas para que puedan tramitar fraudulentamente su personalidad jurídica como comunidades nuevas, también amparados por autoridades nacionales corruptas que desconocen el marco legal vigente e incitan al avasallamiento y tráfico de tierras», se lee en un comunicado difundido por Brújula Digital.
Las comunidades advierten que esta actividad amenaza los ríos Madidi y Manupare, vitales para la vida de la población y la biodiversidad de la región. El alcalde de Ixiamas ha sido señalado por no tener autoridad sobre este tema y por emitir resoluciones contrarias a la legislación vigente, un ámbito que corresponde al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
En el comunicado se recuerda que se creó la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde, prohibiendo la concesión de tierras para fines agropecuarios o de colonización. Sin embargo, se denuncia que la alcaldía de Ixiamas está confirmando domicilios fraudulentos para que estos nuevos asentamientos obtengan personería jurídica, apoyados por autoridades nacionales corruptas.
La Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas de la Provincia Abel Iturralde también expresó, en otro comunicado, su profunda preocupación por el creciente avasallamiento de áreas protegidas y el asentamiento de mineros ilegales. Estas acciones no sólo violan leyes ambientales, sino que también ponen en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para tomar medidas efectivas contra estas actividades ilegales y fortalecer la vigilancia en las áreas protegidas. La Ley 300 de Protección de Áreas Protegidas establece la necesidad de preservar estos espacios como patrimonio natural y cultural del Estado, y su protección es un deber ineludible.
