La emisión de bonos de carbono, instrumentos financieros para transacciones que apunten a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y así evitar el calentamiento global, es una tendencia que se discute en el país como alternativa a la destrucción de bosques. El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), organizó hoy un evento en el que conocedores de la temática señalaron que en vez de confiar en que los bonos de carbono traerán una salvación a la crisis ambiental en el país, se debería hacer un mejor manejo de los recursos públicos y «poner la plata donde corresponde».
El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, manifestó que la proporción de las inversiones del sector público en los distintos sectores económicos es una clara muestra de la anterior aseveración. Se destina, según él, alrededor de Bs 2.000 millones a medioambiente y agua, mientras que el sector minero recibe Bs 10.000 millones, y el de hidrocarburos hasta Bs 50.000 millones. «Ordenemos la casa y pongamos el dinero donde corresponde para así evitar una tragedia el próximo año».
Cada año Bolivia enfrenta un ciclo (usualmente en el segundo semestre) de incendios forestales en la Amazonía, que consumen millones de hectáreas de bosques, agravando las sequías, las pérdidas económicas, y la contaminación.
El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, Miguel Vargas, manifestó que una de las causas de esta crítica situación es que en el país no se cumple la norma ni existe la voluntad política de hacerlo. «Quizás vivimos el peor momento de la institucionalidad boliviana», dijo, a tiempo de resaltar que los planes del gobierno de Luis Arce, así como de sus últimos antecesores, consistían en la ampliación de la frontera agrícola.
Mientras tanto, propuestas para un modelo de desarrollo económico alternativo que incentiven actividades menos destructivas con el medioambiente son dejadas de lado, añadió Vargas.
En la misma línea, María Teresa Vargas, directora de la Fundación Natura Bolivia, apuntó al Gobierno por los incendios y la crisis ambiental. «Tenemos un sistema de instituciones públicas desecho que fomenta la destrucción».
Ante los anuncios desde el Ejecutivo de que se trabajara en campañas de reforestación y recuperación de los daños causados por los incendios, Vargas aseguró que es «una mentira», ya que la reforestación de bosques es altamente costosa y «este país es yesca».
El riesgo de los bonos de carbono
Con relación al mercado de bonos de carbono, los expositores señalaron que en la mayoría de los casos (hasta un 95% según investigaciones internacionales) no generan los beneficios que prometen.
Estos bonos son mecanismos financieros que se intercambian por dinero con la promesa de reducir emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. En las transacciones los beneficiarios no suelen ser las poblaciones donde se aplican proyectos en beneficio del medioambiente, sino las empresas que compran los bonos y los intermediarios. Asimismo, indicaron que estos bonos posibilitan la destrucción ambiental en ciertos lugares del mundo con el pretexto de promover la conservación en otros.
Para el economista ambiental, Stanislaw Czaplicki, otro de los riesgos de los bonos de carbono es el de dejar de invertir en «soluciones reales» al creer que estos mecanismos financieros son la «panacea» a la crisis ambiental.
En la misma línea que Solón, Czaplicki, manifestó que los recursos que Bolivia recibe para trabajar en proyectos medioambientales son muy superiores a los que podría conseguir con los bonos de carbono, por lo que lo que hace falta no es necesariamente más dinero, sino una mejor administración del mismo. «Echar dinero sobre algo que no está funcionando, corrupto y sin credibilidad no va a traer los beneficios que pensamos», dijo refiriéndose al mercado de carbono.
Concluyó con una advertencia que ya había sido realizada por otros, y que cada vez parece hacerse realidad. Las actividades económicas ligadas a la conservación de los bosques podrían ser inviables en unos años si es que «no paramos lo que ocurre» en el país. Así, comunidades indígenas que apuestan por generar recursos de productos amazónicos podrían ser empujados hacia la agroindustria cuando ya no tengan sus bosques.
