La reciente decisión de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha sido aclamada como un hito para la protección de los derechos de la Madre Tierra, la biodiversidad y los pueblos indígenas. Este fallo, que concede la tutela presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en la Acción Popular contra los incendios forestales, establece obligaciones claras para el Estado en la restauración de los bosques quemados y la protección ambiental. Sin embargo, más allá de la celebración inicial, surge la pregunta: ¿es esta sentencia un verdadero cambio o simplemente una reacción tardía a una crisis ambiental que lleva años gestándose?
Durante meses, los incendios han devastado vastas áreas del oriente boliviano, y las instituciones responsables de prevenir y controlar estos desastres han mostrado una alarmante inacción. La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), el Ministerio de Medio Ambiente, y otras entidades involucradas, no solo permitieron quemas controladas que terminaron desbordándose, sino que también fallaron en monitorear y controlar efectivamente los focos de calor. Este fallo judicial pone de manifiesto la falta de previsión, organización y ejecución de políticas ambientales que, de haberse implementado a tiempo, podrían haber evitado la tragedia que hoy lamentamos.
El fallo judicial es claro: se exige al Estado actuar de inmediato para restaurar los ecosistemas dañados y garantizar la salud pública en las zonas afectadas. Sin embargo, resulta irónico que una decisión de tal magnitud llegue solo cuando la situación ya es insostenible. Más de siete millones de hectáreas quemadas, miles de animales muertos, comunidades indígenas desplazadas, y la biodiversidad gravemente afectada—este es el precio de la inacción y la incompetencia institucional.
Aunque la aplicación del «estado de cosas inconstitucional» marca un precedente jurídico en Bolivia, el problema de fondo persiste. Las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente han sido incapaces de responder a tiempo y, en muchos casos, han priorizado intereses políticos y económicos por encima de la protección de la naturaleza. La relación entre el gobierno y sectores afines, como los interculturales, ha permitido que se siga autorizando la quema de tierras, bajo la excusa de prácticas agrícolas, mientras los incendios avanzan de manera descontrolada.
¿Será suficiente este fallo para cambiar el curso de las cosas? El país necesita una transformación profunda en la gestión ambiental, una mayor voluntad política y, sobre todo, un compromiso real de las instituciones para priorizar el bienestar de la Madre Tierra por encima de cualquier otro interés. De lo contrario, este fallo, aunque positivo, solo será una solución temporal a un problema estructural que ha quedado expuesto en su totalidad.
Bolivia ya no puede permitirse más demoras ni excusas. Las autoridades tienen tres meses para implementar los cambios ordenados por la justicia. La pregunta es si finalmente aprenderán la lección o si, como ha sucedido tantas veces, la negligencia volverá a prevalecer.
