La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) afirmó que la sentencia constitucional emitida en septiembre del 2023 en Rurrenabaque, que ordena realizar operaciones contra la minería ilegal, no es cumplida por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)
«Lo que más nos preocupa es que no hay un control efectivo a la minería ilegal. El juez dictó que la AJAM, con el auxilio de la fuerza pública, debería realizar controles periódicos a actividades de la minería ilegal; hemos visto que no se ha realizado. No ha habido controles conjuntos entre la AJAM y las Fuerzas Armadas», manifestó el presidente de la CPILAP, Gonzalo Olíver.
La AJAM aseguró que se cumple el fallo a través de operaciones de control como la que se hizo en el río Tequeje (Ixiamas) el 5 y 6 de junio. Afirmó que al ser una institución técnica-administrativa carece de los medios para hacer intervenciones coercitivas; pero que comparte información con las «fuerzas del orden para coordinar la ejecución de las intervenciones necesarias».
