Por Chequea Bolivia y Guardiana (Bolivia)
El dirigente entra y le da la mano a René, quien le sonríe sin levantarse de su asiento. Se nota la confianza y soltura del hombre en el lugar. Luce trasnochado, se mueve por el set del medio como si fuera su casa.
Llamo a alguien por celular para poder salir mientras ellos continúan con la charla. Puedo ver al dirigente y al periodista René firmar un recibo.
El dirigente pasa al otro salón y se desparrama sobre el sofá en el que se le hizo la entrevista a René para saber cómo es ser periodista en el Trópico de Cochabamba.
Después, René luce distinto, antes había hablado con soltura y permitido que se le fotografíe. Pero luego pide que no pongamos su nombre ni su fotografía si vamos a escribir sobre “todo” lo que nos dijo. Por eso terminamos llamándolo René para proteger su identidad.
El periodista antes vivaz y abierto, casi fraternal, ahora se frota las manos nerviosamente. Así lo dejamos…
Un equipo periodístico de Chequea Bolivia y Guardiana viajó al Trópico de Cochabamba para hablar con periodistas de Villa Tunari, Chipiriri, Shinahota, Chimoré e Ivirgazama, tras conocer los resultados del estudio “El impacto de la desinformación y el desafío del periodismo en regiones clave del Occidente-Oriente en Bolivia”, concluido este año por Chequea Bolivia. Éste reveló mediante entrevistas y grupos focales que existen periodistas que son censurados por las organizaciones sociales existentes en la zona, o que se autocensuran por temor a represalias.
No somos de oposición, sino que a veces informamos lo que pasa en la realidad y eso no les gusta a los de las federaciones.
Periodista citado en el estudio de Chequea Bolivia
¿Pero cómo se mueven las organizaciones sociales para amedrentar? Durante la realización de este reportaje se descubrió que uno de los mecanismos de control más importantes es el económico, ya que estas organizaciones son dueñas de medios y quienes eligen a los directivos; un segundo factor de control son la amenaza y el miedo; y por último, la debilidad con la que operarían los defensores de derechos humanos en la zona, motivo por el que periodistas consultados sobre la labor de éstos, indicaron que no son de ayuda en caso de ser censurados.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), existen más de 11 mil periodistas en Bolivia y el 95 por ciento ejerce en el área urbana, apenas el 5 por ciento trabaja en áreas rurales como el Trópico de Cochabamba. No se sabe con exactitud cuántos informan desde esta última zona porque no todos están registrados y hay quienes trabajan únicamente desde redes sociales como Facebook.
Organizaciones sociales, dueñas de medios
René trabaja desde hace años en un medio que es propiedad de una organización social de su municipio. Ésta elige o ratifica al director del medio cada dos años, por lo que contradecir a sus dirigentes podría significar perder el puesto.
“Si la directiva dice ‘vacunarnos’, nos vacunamos. No podemos contradecir lo que dice la directiva”, explicó René cuando se le consultó sobre si su medio cubrió la vacunación masiva contra Covid-19.
Esta organización también es la que decide cuándo realizar una cobertura periodística, por lo que pocas veces es René quien elige qué cubrir.
Además de esta presión editorial sobre René, una de las tantas organizaciones interculturales afiliadas al MAS que existen en el Trópico lo ha amenazado y expulsado de coberturas en numerosas ocasiones, por lo que los pobladores de su municipio deben optar por otros medios de información para enterarse de lo que sucede ahí.
“’Tu medio tiene que salir’, me dicen y me botan”, cuenta René, mientras recuerda cómo le tocan el hombro en los ampliados o cabildos para interceptarlo.
Estas organizaciones tienen poder, tanto que incluso evitan la llegada de autoridades nacionales como ministros o el Vicepresidente si no se coordina con ellas con anterioridad.
Estas formas de control sobre el trabajo cotidiano y la agenda de quienes son periodistas pueden ser también más sutiles, algo más parecido a unas “sugerencias” o “recomendaciones”.
Pablo, quien es un periodista de una radio sindical desde hace un año, explicó cómo aplican este tipo de control: “Nos recomiendan que tenemos que dar cobertura a nuestra federación, después unas recomendaciones siempre nos dan, ¿no? Como ellos son dueños, siempre (hay que) tener alineamiento a su institución”.
El 2019, durante los conflictos postelectorales que dejaron 35 muertos, arrojaron piedras al medio de información en el que trabaja René y amenazaron con quemar las instalaciones por haber bajado la señal de canales como Red Uno o Unitel, considerados medios de oposición.
“Yo no me siento opositor, sólo hago mi trabajo”, aseguró mientras movía el brazo como un orador.
Desde la ruptura entre el ala que apoya a Evo Morales y el gobierno de Luis Arce Catacora en octubre de 2023, los medios sindicales también han sufrido el recorte de su presupuesto, y muchos de sus periodistas han sido amenazados.
“Por la pérdida de la publicidad estatal ha habido recortes, (tenemos) menos un periodista en el Trópico y menos un periodista en Cochabamba”, detalló Fernanda, corresponsal de una radio sindical, quien también pidió guardar su identidad en reserva.
El expresidente Morales en su momento denunció el corte de financiamiento mediante publicidad a radios sindicales y el cierre de casi 90 radios comunitarias (RPO), que durante su gobierno proliferaron y fueron equipadas mediante el fondo de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE).
Otros periodistas fueron amenazados por parte de autoridades oficialistas del Legislativo, e incluso sufrieron la revelación de su identidad ante los medios de comunicación.
Un diputado dijo nuestros nombres en conferencia de prensa y que el Gobierno nos iba a perseguir”.
Periodista Fernanda sobre amenazas públicas de políticos.
Si bien la censura afecta principalmente a los periodistas en el Trópico, también lo hace con la cobertura de medios de comunicación externos que desean cubrir eventos en la zona.
Por ejemplo, el 2023 la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) denunciaron y repudiaron la agresión que sufrieron periodistas de la Red Uno y Red Unitel durante el despliegue de sus corresponsales en un congreso del MAS en la localidad de Lauca Ñ.
Este tipo de agresiones tuvieron su punto más alto en 2019, durante una crisis política tras las acusaciones de fraude electoral en las elecciones nacionales, lo que ocasionó que el país se dividiera entre los que apoyaban la continuidad de Evo Morales en la presidencia, y los que pedían su renuncia.
Entonces, en el Trópico de Cochabamba, considerado bastión del MAS, muchos de los canales disidentes fueron atacados y sus periodistas agredidos.
Radio Fides y Radio Erbol que tenían corresponsales ahí fueron amenazados, y un año después Fides anunció el cierre de sus actividades en el Trópico de Cochabamba mediante una nota de prensa en la que se aclaró que incluso miembros de la Policía nacional tuvieron que retirarse de la zona por las amenazas de sectores afines al MAS.
“Disculpa, pero preferimos mantenernos al margen”, se excusó Laura Vásquez, directora de Radio Fides, cuando se le consultó sobre el trabajo que realizaba el medio en la región. “Queremos evitar mayores problemas de los que tuvimos”.
La directora de Radio Erbol, Inés Gonzales, dio una respuesta similar: “En el Trópico no (nunca hemos trabajado), porque Erbol está prohibida en esa región del país”.
Uno de los efectos más inmediatos de estos tipos de censura violenta y directa es la autocensura. La investigación Aproximación crítica al concepto de autocensura: Una interpelación desde el ámbito periodístico la define como “la decisión propia de no difundir la información públicamente” y afirma que ocurre cuando “alguien renuncia a su verdadera opinión y postura de una cuestión por temor a las consecuencias”.
Por lo que los periodistas evitan tocar temas que, piensan, les pueden traer problemas a ellos o al medio para el que trabajan.
Cristian, director de una radio municipal, explica que a veces omite información para evitar que organizaciones sociales tomen represalias. En el caso de un conflicto por el acceso al agua que existe en su municipio, decidió no transmitir cierta información para evitar problemas. En este caso el discurso del alcalde durante un cabildo, ya que podía enfurecer a las organizaciones sociales si se difundía.
He decidido que la versión del alcalde no salga porque si la voy a sacar, va a provocar mayor reacción. No es bueno sacar todo, no hay que no más difundirlo, sino que hay que ver qué impacto nos va a traer o qué consecuencias nos va a traer”.
La autocensura del periodista Cristian
Cristian también cuenta que evita ir a ciertas reuniones de organizaciones sociales cuando sabe que posteriormente le reclamarán por la difusión del material.
“Hoy –ejemplificó Cristian– hay una reunión bastante importante. Mejor ni participo porque van a decir: ‘Ahí está, estuvo en la reunión y por qué no ha transmitido’. Entonces es mejor no aparecerse en ese momento. Como alguien dice: ‘Nos hacemos a los locos’”.
Otros temas que las y los periodistas que trabajan en el Trópico de Cochabamba evitan tocar son los que involucren a policías de alto rango o delincuentes conocidos en la zona.
“Temas de violencia pesados, (notas relacionadas con) policías altos mandos, o con rateros pesados”, dice René consultado al respecto.
Pablo cuenta que en otras ocasiones los llaman de forma anónima para amenazarlos a él y a sus compañeros.
“Llegan llamadas, nos dicen: ‘¿Por qué están sacando esto?’. Pero nosotros ya estamos acostumbrados. Son (llamados) anónimos, cada quién a su conveniencia también ¿no? Nos quieren confundir”.
Una de las formas de «financiamiento»
Las fuentes de financiamiento de los medios en el Trópico de Cochabamba son diversas. Los medios más grandes y con mayor cobertura se benefician de los aportes de los miembros de las federaciones de productores de hoja de coca, además de haberse beneficiado de publicidad estatal por años.
En otros medios más pequeños, en los que la mayoría de las veces sólo hay un periodista a cargo, los ingresos vienen de la publicidad que se ha podido acordar con pequeños empresarios o emprendimientos.
Sin embargo, durante la investigación realizada por Guardiana y Chequea Bolivia se descubrió que existe otro modo de financiamiento y es mediante cooperativas de agua, como es el caso de la que suministra el agua en Chimoré. En la facturación, ha incluido un monto destinado a Chimoré TV o Canal 13.
Esto se pudo confirmar gracias a dos recibos de agua de la Cooperativa de Agua y Servicios Chimoré en dos fechas distintas. Una de 2021 y otra de 2024 (se publica más abajo la de 2021; aunque se cuenta también con la de 2024).
La persona que proporcionó estos recibos por el cobro de agua en Chimoré indicó que no se le consultó en ningún momento si estaba o no de acuerdo en dar dinero destinado a un medio de información.
Según la Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en su artículo 15, las licencias a las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario o “EPSAS”, así como las tarifas que se cobran a la población deben estar aprobadas por la Superintendencia de Agua, que a partir del año 2009 mediante el Decreto Supremo No. 071 pasó a ser la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
En la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el apartado de EPSAS con seguimiento regulatorio en el Departamento de Cochabamba figura la Cooperativa de Agua Potable y Servicios Chimoré LTDA. Por lo que dichos cobros debieron ser aprobados por la AAPS.
Se mandó el 18 de abril una carta solicitando una entrevista para conocer los parámetros que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) en Cochabamba está tomando en cuenta «para las respectivas autorizaciones de las tarifas de cooperativas de agua que prestan sus servicios en el Chapare (Cochabamba)». Solicitud a la que dicha entidad no respondió hasta el martes de 7 de mayo, más de dos semanas después, cuando nos apersonamos a preguntar por la misma. Karina Gutiérrez, comunicadora de la AAPS, informó que esto se debía a que la solicitud de entrevista debía ser más específica y que el director ejecutivo de la institución, Rubén Méndez Estrada, se encontraba en un viaje oficial en Potosí.
¿Y los defensores de los derechos humanos?
Cuando se le preguntó a René si alguna vez acudió a alguna institución defensora de derechos humanos por las presiones que suele sufrir mientras realiza su trabajo, contestó mientras reía: “Esto es Trópico pues, poco o nada van a hacer”.
“Llama la atención que en las zonas donde se desarrolló la investigación no hay muchos actores que se dediquen a la protección de los derechos humanos, principalmente en Villa Tunari y Yapacaní. Las acciones de este tipo son promovidas por el sector público (es decir alcaldías) o por actores externos. Sólo en Montero existe una red de promotores vinculada a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)”, indica sobre el tema el estudio de Chequea Bolivia «El impacto de la desinformación y el desafío del periodismo en regiones clave del Occidente-Oriente en Bolivia».
Debido a estos resultados en el mencionado estudio sobre la ausencia de personal de derechos humanos en el Chapare, se visitó las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Villa Tunari el 11 de abril; sin embargo, las personas que allá se encontraban se negaron a brindar información sobre las investigaciones o acciones que realiza esta unidad en la zona.
Al respecto, también se conversó con Miguel, periodista de una radio sindical: “Si sufriera algún atropello como periodista acá, dentro del Trópico, no tengo un sindicato donde como afiliado, prensa, pueda ir y presentar formalmente una queja (…) sí, a nivel departamental está (la Federación), pero no estoy afiliado”.
Unos años antes, las y los periodistas habían conformado el Sindicato de Trabajadores de la Prensa del Trópico, lo que les brindaba un espacio para tratar y afrontar estos incidentes; sin embargo, la falta de organización y la apretada agenda de los directivos ocasionó su ruptura.
Alberto, periodista independiente y exmiembro del sindicato, explicó que los problemas de agenda y el exceso de trabajo les impidió seguir con esta iniciativa.
“Hoy por hoy –explicó– no está funcionando, y aparte de eso, el que era presidente ya dejó también los medios. Así que hasta ahora no podemos lograr reunirnos y armar una nueva directiva. De momento (el sindicato) está en suspenso”.
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, reveló que el 2023 se registraron un total de 744 casos de vulneración de derechos y libertades en Bolivia, de las que 143 fueron vulneraciones a la libertad de prensa y 41 violaciones a la libertad de expresión.
Ante este panorama de agresiones a periodistas, y la falta de un sindicato, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) ha tenido que salir en defensa de los medios y periodistas del Trópico en diversas oportunidades.
David Ovando, ejecutivo de la FSTPC, consultado sobre su trabajo con los periodistas y medios de esta zona afirmó: “Por supuesto, la Federación, en este marco de independencia, defendió a los trabajadores de la prensa y a los medios de comunicación. Recuerdo que Radio Kawsachun Coca estaba siendo hostigada (…) acusados por el Gobierno de Jeanine Áñez, concretamente por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y nosotros hicimos pronunciamientos contundentes en varias oportunidades”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indica que el periodismo es un bien común dentro de una sociedad.
Los códigos de ética de quienes son periodistas en Bolivia indican que quien es periodista debe estar al servicio de los derechos humanos, la paz, la justicia y la democracia. Esto significaría el despliegue de por lo menos cuatro funciones en una sociedad democrática: informar de manera completa, precisa y a profundidad; vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de la sociedad y apuntalar procesos educativos y de diálogo. Si existen censura y/o autocensura, dichas funciones no pueden desarrollarse como es debido.
Según Diego Ramos y Martín Navarro en una investigación para la Universidad de Guadalajara, la censura no sólo afecta a quien es periodista, sino a toda la sociedad, ya que en situaciones de riesgo es complicado que los periodistas realicen su tarea de fiscalización y difusión hacia la población correctamente. Por lo tanto, esta ausencia de información afecta las decisiones de las personas y la elaboración de políticas públicas.
La Constitución Política del Estado de Bolivia garantiza el derecho a la información, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en su artículo 106, sin embargo, como se puede evidenciar por los testimonios de los periodistas, no cumple con sus obligaciones para permitir su libre ejercicio en esta región del país.
Tania Alzuru en Aproximación crítica al concepto de autocensura asegura que: “cuando el Estado descuida sus responsabilidades deja abierto el camino para que el miedo, la inseguridad, y la incertidumbre se apoderen del periodista y de los ciudadanos en general. Lo que conduce a una obstaculización al flujo informativo”.
