¿Qué hicimos? El actuar de la prensa en el caso de la violación a una niña

Abuso sexual infantil

Este no es un ejercicio para matar al mensajero sino para convocar a la reflexión y a la autocrítica poniendo en evidencia el impacto de los medios de comunicación en el escenario social.

Lo que pasó no es una simple anécdota. La prensa en Bolivia carga con el peso de obstaculizar que una menor de edad ejerza su derecho a la interrupción legal del embarazo tras haber sido violada por su abuelastro, en Santa Cruz. Y aunque suene lapidante, una cronología del caso evidencia que el accionar de los medios al sacar a la luz pública un caso privado, provocó la exposición de una víctima y propició la intervención de quienes se oponen a la interrupción del embarazo tras las violaciones a menores.

“En vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo con la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso de revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar”, criticó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El Código Penal vigente en Bolivia desde 1972 criminaliza el aborto salvo en situaciones de violación, estupro, incesto y para salvar la vida o preservar la salud de la mujer. El año 2014 se emitió un sentencia que agiliza aún más el procedimiento quitándole burocracia a la petición de las víctimas.

Pese a esto y a que la Organización de Naciones Unidas (ONU) calificó como “tortura” el someter a una niña a un embarazo forzado, en Bolivia la Iglesia católica frenó el aborto de una niña de 11 años violada por su abuelastro.

Cronología de la mediatización del caso hasta la intervención de la Iglesia

La última semana de octubre del 2021 una niña de 11 años, quien fue ultrajada sexualmente por el padre de su padrastro durante meses, buscó interrumpir el embarazo producto de la violación. Mientras esperaba que el procedimiento se realice, los medios violaron su privacidad y la revictimizaron exponiéndola al acecho de grupos conservadores que finalmente evitaron que la menor acceda a la interrupción legal del embarazo.

“¿Podemos como periodistas decidir o no publicar algo? La respuesta es sí y eso no implica atentar contra la libertad de expresión. El criterio que debe pesar es anteponer el bien mayor que en este caso es el de la niña. Quizás otro abordaje posible hubiese sido sacar el caso cuando el procedimiento que era legal ya se hubiera realizado”, opinó la periodista especialista en tema de género, Patricia Cusicanqui, en contacto con La Nube.

Según la búsqueda avanzada en Google, la primera noticia sobre el caso estuvo a cargo del periódico El Deber quien publicó que la niña estaba esperando un aborto. La publicación se hizo a las 9:00 del viernes 22 de octubre. El foco estuvo en el hecho de que la menor interrumpiría el embarazo. El titular de la nota fue “Menor de 11 años violada por el papá de su padrastro, a la espera de interrumpir el embarazo”. La publicación incluía datos que exponían a la víctima, como el barrio donde vivía y el hospital donde esperaba el aborto. Una de las fuentes de la nota fue la defensora del Pueblo de Yapacaní, Silvia Suazo.

Según el análisis de Crowtangle, el link de esa nota se compartió en 14 páginas de Facebook cuyos seguidores, en total, superan los dos millones. En cuestión de horas el contenido estaba amplificado en redes sociales.

Páginas de Facebook en las que la nota de El Deber fue compartida. Captura Crowtangle.

Tras la publicación el tema llegó a los canales de mayor audiencia en Santa Cruz: Unitel y Red Uno. Ambos medios tuvieron el caso en sus noticieros de mediodía del viernes 22 de octubre. El enfoque fue similar al de El Deber: el hecho de que una menor de edad buscaba interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual.

El titular de la Red Unitel fue “Analizan interrumpir embarazo de una niña de 11 años violada en Yapacaní”. El tema salió a las 11:30 del viernes 22 de octubre como adelanto a su sesión informativa. En la nota apareció el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Cnel. José María Velasco, quien ratificó el lugar donde se encontraba en ese momento la víctima: el hospital Percy Boland.

Red Uno, por su parte, divulgó la noticia con el siguiente titular: “Familiares de menor embarazada producto de una supuesta violación buscan interrumpir la gestación”. Al igual que Unitel tuvo como fuente al director de la Felcv, y del mismo modo usó el fragmento en el que el uniformado confirmó el lugar donde estaba la víctima.

Ese mismo día ambos medios dieron continuidad al caso y en los noticieros nocturnos reportaron que se procedería a la interrupción del embarazo. Nuevamente el foco se posó en el hecho de que la menor estaba a punto de someterse a un aborto. Los titulares fueron: “Embarazo de la niña de 11 años violada en Yapacaní será interrumpido” (Unitel) e “Interrumpen embarazo de niña de 11 años violada por su abuelastro” (Red Uno).

“Hay que pensar en la víctima incluso con una perspectiva a futuro. ¿Qué va a pasar con esta niña cuando cumpla 14, 15, 16 años y busque información sobre sí misma en internet? Estamos destruyendo un proyecto de vida con este tipo de información”

Patricia Cusicanqui, periodista

Posterior a los noticieros, el caso volvió a aparecer ese mismo día en el programa “Que no me pierda”, de la Red Uno. El enfoque volvió a ser el mismo “Interrumpirán el embarazo a niña de 11 años”. El programa sostuvo durante una hora entrevistas a diversos actores: Mario Herbas, director del Hospital Percy Boland; Julio Cesar Bustos, fiscal del caso; Silvia Suazo, defensora del Pueblo de Yapacaní y Víctor Hugo Valda, vocero de la Iglesia católica.

En ese espacio televisivo señalaron que se trataba de un “caso controversial”, cuando en realidad era un asunto privado. Además se hizo evidente el desconocimiento de la normativa boliviana para los casos de violación a niñas en el país. La presentadora reiteró que era necesaria “una orden judicial para acceder al aborto”, ignorando que esta medida fue abolida el 2014, tras la sentencia 206/2014.

En el programa se acorraló al médico de la maternidad al extremo de que se le pidió que se posicione luego de que el vocero de la Iglesia señaló que “es un pecado” el procedimiento. Al final, el médico declaró estar “contra el aborto” y tras esa declaración se empujó el caso al terreno de las posturas personales como si el procedimiento de la ley tuviese que estar condicionado por creencias propias.

También se abonó el escenario para que la Iglesia acceda a la menor. El vocero de la Iglesia llegó a agradecer las garantías dadas en ese espacio televisivo para poder intervenir y hacer tomar otra decisión a la familia de la niña.

Al día siguiente se hizo una vigilia pública en el hospital, organizada por grupos religiosos para hacer presión sobre el caso y evitar el aborto.

Convocatoria a la vigila para evitar la interrupción legal del embarazo. Fuente: Redes sociales.

El domingo 24 de octubre se realizó el anuncio del cambio de opinión de la familia luego de que la Iglesia ofreció “acogida y atención a la niña y a la criaturita de su vientre”.

Finalmente la niña fue trasladada a un hogar para ser custodiada hasta dar a luz y convertirse en lo que la Iglesia denominó, una “niña madre”.

Los tres medios mencionados en este artículo fueron contactados para conocer su posición sobre la cobertura periodística que se hizo sobre este caso. Sin embargo, hasta la publicación del reportaje, no se obtuvo respuesta de ninguno de ellos.

Las lecciones aprendidas

Si bien este caso parece tener como final el parto en la menor, debe servir para analizar lo que lo que hizo la prensa, y su rol.

La primera lección será cuestionar el límite de «lo público» en casos de víctimas menores de edad. ¿Era relevante que la sociedad sepa que una menor violada estaba accediendo a un aborto?

Otro tema a analizar es el desconocimiento de los periodistas sobre la normativa que rige en Bolivia para estos casos. Si no nos formamos en estas cuestiones muy probablemente haremos un mal tratamiento informativo, revictimizando a la víctima en los medios de comunicación.

“No sólo se aplica para este tipo de temas. Si yo como periodista voy a ir a cubrir el legislativo lo mínimo que debo hacer es conocer cómo funciona la Asamblea, conocer las comisiones, los procedimientos, etc. En el área judicial y de sociedad es lo lógico que los periodistas nos interioricemos con el tema para no cometer estos errores que son gravísimos. Porque los periodistas al informar generamos opinión pública y construimos un imaginario de la sociedad”, manifestó Cusicanqui.

No es menor el tema sobre el manejo de fuentes. No todas las fuentes son idóneas para abordar un caso. Ocurre con todo. No se acude a un médico para consultar un tema jurídico o a un diseñador de modas para preguntar cuestiones religiosas. Por tanto, deberíamos tener en cuenta cuáles son las fuentes adecuadas en un caso de salud y de derechos humanos, como lo fue éste, afirmó la periodista María Silvia Trigo, en una entrevista en Radio Compañera.

“Este fue un tema de derechos y de salud, pero la fuente principal fueron las autoridades eclesiásticas. Todo el mundo puede opinar sobre lo que quiera pero la Iglesia es una organización que no tiene que ver con salud ni con derechos”

María Silvia Trigo, periodista

¿Pueden los periodistas de una redacción hacer un cambio en el tratamiento de un caso ya mediatizado? Cusicanqui dijo que sí. Pese a que el caso está en agenda pública es un reto definir cómo abordarlo de la manera más cuidadosa posible.

“Produciendo contenidos formativos además de informativos. ¿Qué dice la ley al respecto?, ¿qué dice la ciencia al respecto? El tema del embarazo infantil es un grave problema social que no estamos pudiendo dimensionar. Es un reto entonces pensar cómo colaboramos para que esto cambie”, afirmó la periodista.

Por último, tendríamos que dejar de convertir a las víctimas en criminales, quitando las cámaras sobre las niñas y colocándolas en el problema estructural que es el abuso de menores de edad.

“Rechazamos todas las declaraciones que pretenden situar como delincuentes a niñas, adolescentes y a mujeres que por causa de violación, incesto o estupro decidan interrumpir un embarazo. No son delincuentes, son víctimas y el Estado les debe protección”, manifestó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

¿Qué otras cosas podemos aprender? Probablemente muchas más. Anotemos, pensemos, reflexionemos, debatamos… todo lo que sea necesario para que no vuelva a ocurrir que los periodistas propiciemos el privar a una niña de sus derechos.

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