Orlando Saúl Medrano Ramírez
Morfeo, como el dios griego del sueño, sobre el cual descansa un ideal de buenos deseos; hoy, Bolivia encuentra su reflejo exageradamente distorsionado en la Administración de Justicia, como creación jurídica de pesadillas, sobre el cual descansa un desagradable hontanar de malos recuerdos. Considero que la expresión de “estar en los brazos de Morfeo”, no encuentra referencia en la justicia boliviana, es decir, pedir una justicia eficiente y efectiva, es quedar “otra vez… ¡en el sueño de los justos!”.
Hace unos días, se llevó a cabo una manifestación, bastante necesaria a mi perecer, sobre la “justicia” y su forma de operar; cuya emergencia está en la anterior, ilegal e ilegítima liberación del “Psicópata Sexual” Richard Choque. Se notó una afluencia bastante grande, que se puede calificar como “positiva” desde el punto de vista del interés y preocupación por parte de la población en la justicia; empero, “negativa” desde el punto de vista de la falta de gestión judicial por parte de los operadores judiciales. En esta ocasión, quiero referirme a tal participación popular, reflejo de la “objeción democrática” a la justicia y la desafortunada “desconfianza social” o “disconformidad democrática”, planteada a partir del libro “El derecho como una conversación entre iguales” (2021) por el jurista y sociólogo argentino, Roberto Gargarella.
Continuando, la marcha por justicia realizada desde El Alto hasta el centro de La Paz, es muestra clara de preocupación social por los aspectos judiciales y, por supuesto, los factores políticos que se le inmiscuyen. La intervención estatal, desde su nacimiento, en lo jurisdiccional, encontraría previsible el rechazo popular por una administración judicial eficaz y eficiente; sin embargo, la respuesta a ese rechazo concluye en la nula participación del soberano en la administración judicial, es decir, existe –refiere Gargarella– la prejuiciosa “desconfianza social” por parte de tales operadores, que no hace más que provocar a los justiciables, máxime si hay evidencia de una justicia que libera a violadores, una justicia de consorcios, una justicia que avanza a paso de tortuga, una justicia “tuerta y no ciega” (como nos referiría Félix Huanca), entre otras “cualidades” obviamente paradójicas a su finalidad. Tal desconfianza social recae en la creencia, por parte de los gobernantes, en las escasas virtudes políticas e intelectuales del gentío.
De lo dicho in fine del anterior párrafo, Roberto Mangabeira Unger denomino a este fenómeno como “disconformidad con la democracia”; la misma es, refiere Gargarella (2021) “…que solo unos pocos se encuentran efectivamente capacitados para reconocer el interés común que el derecho debe procurar (los representantes, mejor que el pueblo mismo; los jueces técnicos, en lugar de cualquier ciudadano).”. Sin duda, es muestra obvia del deterioro de la democratización judicial, refuerzo argumentativo encontrado en el sobrevalorado jurista argentino Zaffaroni –que tanto añoramos en Bolivia–, con ideas de “demagogia vindicativa” o la “victoria de los ignorantes”. Esta disconformidad democrática, está vigente al igual que la objeción democrática. Hoy nos grita a todo pulmón: ¡Reforma Judicial!
Sin perjuicio de lo dicho, se está a la zaga de una reforma judicial en Bolivia, anzuelo de permanencia para algunos sujetos, entre ellos el actual Ministro de Justicia, del que Erick San Miguel se refirió como “El fiasco Iván Lima Magne”. A propósito, hace unos días se conformó la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, iniciativa que parte del Ministerio de la Presidencia mas no de la cartera judicial, muestra clara, una vez más, de las deficiencias judiciales en Bolivia. Esta “demagógica” iniciativa supone transgresión a la división de poderes, máxime si es lo que llamé “ámbito de utilización democrática”; aunque, a los ojos de Gargarella –y a colación la nuestra– supondría una situación necesaria en busca de lo que él denomina: “conversación entre iguales”.
A lo sumo, la eventual reforma judicial no está considerando la participación social, habida cuenta de la “desconfianza social” y la “objeción democrática”; solo toma en cuenta criterios como el de Juristas Independientes de Juan del Granado, que no son debatidos popularmente, ni mucho menos informados. La información per se no es muestra de democracia. Entonces, si no existe participación popular en la reforma judicial (constitucional), ergo no habrá una justicia eficiente y efectiva, quedándonos “otra vez… ¡en el sueño de los justos!”.
