Micaela (nombre ficticio) tenía 14 años cuando quedó embarazada fruto de una violación efectuada por su tío. Su madre no quiso que nadie en su pueblo supiera lo que había ocurrido, pues era considerado una vergüenza para la familia. Ambas migraron a Cochabamba con el objetivo de salir adelante y criar a la niña que llegaba a este mundo. Sin embargo, Micaela nunca se imaginó que la historia se repetiría con su hija.
“Yo tenía 14 cuando me embaracé. Mi mamá me dijo que me quede callada, porque éramos del campo y no quería que nadie se entere de que mi tío abusó de mí, era como una vergüenza. Nos vinimos a la ciudad y aquí tuve a mi hija que fue criada más por mi mamá. Yo lo que hacía era ayudarle a vender y a ganar el sustento. Luego, tuve mi pareja y abusó de mi hija. No sabíamos qué hacer, así que hice lo mismo que mi mamá hizo; me quedé callada y nos trasladamos a Quillacollo. Nació mi nieto y mi hija dejó de estudiar, porque no tenemos recursos y hay una boca más que alimentar”, señala la mujer que prefiere mantener su nombre en reserva.
Micaela desconocía los mecanismos con los que contaba tanto para sí misma como para su hija. Sin embargo, ahora tuvo que buscar ayuda, porque su hija rechaza a su bebé y no quiere ni siquiera darle de comer. Preguntando a sus clientes, llegó hasta una abogada especialista que trabaja junto a sicólogos y sociólogos para ayudar a niñas víctimas de violencia sexual.
La abogada Claudia Montoya, especialista en temas de niñez, señaló que el desconocimiento de alternativas es un común denominador en muchas mujeres que hoy son adultas, pero que fueron mamás adolescentes. Además, el patrón del abuso suele repetirse, si no se trata en su momento; a veces incluso puede empeorar, como en este caso.
“Es normal que estas niñas sientan aversión por sus hijos, porque son fruto de un acto traumático. Entonces, nosotros trabajamos a través de dos vías: motivar a la adopción, en casos de extremo rechazo; o tratamos los traumas para que las niñas acepten a sus hijos y vemos opciones económicas para que puedan criarlos”, explicó Montoya.
Pero la historia de Micaela es una de muchas que se viven día a día en el país. Cada día se registran más de 110 embarazos en niñas y adolescentes en toda Bolivia. La mayoría, son fruto de un abuso sexual cometido por familiares de las menores, según el Ministerio de Salud. Sin embargo, el peso de una vida en su cuerpo no es el único problema que deben afrontar. Estas infantas son sometidas a un escrutinio público desde que se conoce la situación en la que se encuentran, diferentes sectores de la sociedad opinan sobre lo que debería hacer la víctima, su salud mental y física se ven amenazadas y, además, algunas son rechazadas y amenazadas por la familia del agresor. ¿Quién se preocupa por ellas, entonces?
Uno de los últimos casos que conmocionó a la sociedad boliviana ocurrió en una niña de 11 años en Yapacaní, Santa Cruz. Ella fue vejada por el padre de la actual pareja de su madre. Fruto del ilícito, la niña resultó embarazada en un momento de su vida en el cual ni siquiera sabía cómo identificar la gestación en su cuerpo. La madre de la menor buscó apoyo y conoció la opción de la interrupción legal del embarazo. Este hecho provocó que la sociedad tomara una postura a favor o en contra e incluso la Iglesia Católica se ofreció a hacerse cargo de todo con tal de evitar que retiren al bebé del cuerpo de la niña.
En mayo, en Cochabamba, una niña de 12 años fue violada por su abuelo en el municipio de Chimoré en el trópico del departamento. La menor llegó hasta el hospital Materno Infantil Germán Urquidi, en la capital, donde buscó la interrupción legal del embarazo con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Pese a que estaba amparada por la norma, en el hospital se hizo una junta médica que expresó desacuerdo por estar con siete meses de gestación.
A los pocos días se realizó una cesárea a la menor y fruto de ello se tuvo un bebé nacido vivo. Empero, el neonato estaba con demasiadas complicaciones y falleció de inmediato. Hechos similares continuaron sucediendo días después en todos los departamentos.
¿Qué sucede con la sociedad? Se pregunta mucha gente en redes sociales, pero la respuesta no parece ser que existan más casos, sino que ahora hay un poco más de conocimiento en la norma, según la especialista , Claudia Montoya.
“No es que ahora tengamos más niñas embarazadas que buscan interrumpir su gestación. Lo que sucede es que ahora conocen que esto se puede hacer. Antes, las niñas debían llevar adelante el embarazo sea como sea, porque la misma familia les obligaba por el temor al qué dirán; las cosas están cambiando. Si algo bueno sale de toda esta mediatización de estos casos es que otras niñas en esta situación se están enterando que pueden optar por esta vía, pese a que existe legalmente desde el 2014”, señaló Montoya.
La especialista señaló que hay casos en los cuales las madres culpan a sus hijas por la violación y las botan de sus casas. En otras situaciones, la mamá se queda con su niña, pero los que amedrentan son los familiares del agresor. “Las buscan y les gritan que por su culpa su tío o papá o abuelo va a ir a la cárcel; les dicen que son unas rompe hogares y demás. Esas son las cosas que la sociedad no ve y no comprenden lo difícil que es para una menor atravesar por todo esto y nadie se ocupa de ellas o de salvaguardar su bienestar”, lamentó.
Tanto la especialista, como la Defensoría del Pueblo, ven necesario que la población, autoridades y médicos conozcan que existe una norma que permite la interrupción legal del embarazo en casos específicos y que se debe actuar dentro de las 24 horas de la solicitud.
Normativa para la interrupción legal del embarazo
El artículo 266 del Código Penal señala la existencia de la figura del “aborto impune” (sin sanciones penales) en los siguientes casos: “Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada (…) En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso”.
Asimismo, la Sentencia Constitucional 206/2014 detalla que el aborto impune se da en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Comité de Derechos Humano, estableciendo que “el Estado parte debe garantizar que las mujeres víctimas de una violación que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo tengan acceso a servicios de aborto seguros y eliminar cualquier impedimento innecesario a los mismos”.
Fruto de esta Sentencia, se señaló que no es un requisito la presentación de una querella ni la existencia de imputación y acusación formal y menos sentencia cuando la víctima solicite el aborto por causa de violación o incesto. La interrupción se debe realizar dentro de las 24 horas de la solicitud hecha con una denuncia simple y el consentimiento de la víctima, lo cual no se viene cumpliendo en los últimos casos que salieron a la luz pública.
Datos de embarazos en adolescentes e interrupciones legales de gestación
Sólo en 2021, se registraron más de 38 mil embarazos en niñas y adolescentes; es decir, más de 110 por día. Esta cifra sólo considera a aquellas niñas y adolescentes que tuvieron una consulta prenatal en un centro de salud, según el Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS). Del total, 2.329 gestaciones fueron en menores de 15 años.
En las últimas tres gestiones, 2019, 2020 y 2021, se realizaron 261 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 164 (63 %) fueron a mujeres menores de 18 años. Según datos de IPAS Bolivia, de estos 261 casos, 177 (68%) fueron por denuncia de violación sexual, la mayoría ocurrieron en Santa Cruz y La Paz. El 90 por ciento de los agresores son personas cercanas a la víctima o familiares.
Más allá de la normativa y las cifras, la vida de estas niñas víctimas de violencia sexual y de una sociedad punitiva, no volverá a ser igual y luego de todo el escrutinio público nadie se vuelve a acordar de ellas.
