Mujeres transexuales, con pocas leyes y oportunidades: “Tenemos que sobrevivir no más, no hay otra”

Un 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud declaró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.​​ Sin embargo, después de 31 años, aún falta mucho por hacer para que estas personas con identidades de género y sexualidad diferentes sean integradas a la sociedad con los derechos y oportunidades necesarias para una vida digna.

Laura Libertad (el nombre lo escogió ella) es una mujer transexual y activista por los derechos de esta población. Su cambio de género comenzó cuando tenía 30 años. Para ese entonces, Laura no sólo había obtenido una licenciatura, sino que contaba también con una maestría en Ingeniería Agrónoma, y aunque tuvo la oportunidad de trabajar durante tres años en la Defensoría del Pueblo, sintió que su identidad genérica y sexual “incomodaba” a algunos de sus colegas, por lo que dejó ese puesto y empezó a sobrevivir en las calles como trabajadora sexual.

“Yo soy una mujer trans que ha comenzado el cambio desde mis 30 años. Yo trabajé como ingeniera agrónoma, pero actualmente eso no me sirve de nada. Por mi condición de género, por ser una mujer trans, no hay trabajo, entonces estoy en las calles, estoy en los anuncios, ofreciendo mis servicios sexuales, estoy sobreviviendo como una trabajadora sexual. Para nosotras no hay oportunidades, tenemos que sobrevivir no más, no hay otra”, dice Laura, quien también es activista de la Organización de Travestis, Transexuales y Transgéneros Femeninos (OTRAF).

En Bolivia existen leyes que favorecen a las personas homosexuales y transexuales, como la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que en su artículo 5 define lo que es la homofobia y la transfobia. También se tiene la Ley 807 de Identidad de Género, que establece el procedimiento para el cambio de nombre, sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada.

Pese a estos avances aún hay una marcada ausencia de oportunidades a nivel laboral, educacional y sanitario para este grupo poblacional que día a día sufre discriminación, odio, violencia y hasta asesinatos.

Al respecto, Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer y activista por los derechos humanos, explica que a pesar de los avances en términos legales, hay un rechazo de la institucionalidad pública a respetar los derechos que tienen estas personas que aman y expresan su identidad de manera diferente.

“Esto es un tema fundamental de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad lo que está haciendo es negar derechos a personas de las diversidades sociales, por lo que tenemos que ir avanzando poco a poco para que nuestra sociedad también cambie de mentalidad, para que también acoja y reconozca que estos seres humanos tienen derechos como cualquier otra persona”, indica Novillo.

La activista añade: “Tenemos que sacar el término `raro´ y ver cómo el Estado puede acompañar con políticas públicas para evitar que las personas que tienen identidades diversas estén condenadas al trabajo sexual por los prejuicios que existen contra ellas”.

Esta situación de discriminación lleva a que el 98% de las mujeres transexuales en Bolivia tengan que dedicarse al trabajo sexual, de acuerdo a datos de OTRAF. No hay normativa que ayude a que este sector de la población se integre a la sociedad y tenga un trabajo digno, como ocurre en otros países como Argentina, que en septiembre del 2020 estableció un cupo laboral del 1% para que personas travestis, transexuales y transgénero puedan laborar en el sector público, pero con «las condiciones de idoneidad para el cargo».

En Bolivia tampoco existen campañas de sensibilización para que las personas homosexuales y transexuales se integren a los espacios de educación, donde constantemente reciben amenazas e insultos por parte de la sociedad.

“Ninguna autoridad hace nada por nuestra comunidad y esta fecha la conmemoran como cualquier otra, como el Día de la Madre o el Día del Medio Ambiente, pero no existen oportunidades para nosotras, que somos mujeres mayores, somos indígenas, somos migrantes, somos pobres”, explica Laura.

Transfeminicidio, un crímen invisibilizado

En el país no están tipificados este tipo de crímenes de odio. No existe un registro de datos sobre los delitos cometidos contra este sector de la población. Desde el Colectivo TLGB Bolivia, una organización social que lucha por los derechos de las personas con diversa orientación sexual, se contaron desde 2010 a la fecha al menos 60 denuncias que podían ser calificadas como crímenes de odio. Sólo en uno de estos casos (en el que la víctima perdió la vida) se alcanzó una sentencia de 30 años de cárcel.

El 90% de estos crímenes se dio contra mujeres transexuales. Por esto, el mencionado colectivo plantea que se modifique la Ley 348 y se incorpore la figura del “transfeminicidio” para que las personas transgénero y transexuales estén más protegidas por el Estado.

“Los crímenes de odio, los asesinatos a mujeres trans, los tipifican como asesinatos, como violencia. Cuando hay un asesinato a una mujer trans no hay una tipificación como si fuera un feminicidio, por eso hemos sugerido que se incorpore el transfeminicidio para las personas que sufren asesinato, que sufren violencia, esperemos que se pueda incorporar”, indica el presidente del Colectivo TLGB Bolivia, José Rodolfo Vargas.

Tan sólo el último año se registraron dos brutales asesinatos a mujeres trans. El primero fue contra una mujer transexual de 19 años, que fue encontrada asfixiada con un cable, en Cochabamba. En el otro caso la víctima también fue una mujer trans de 19 años, quien murió con 19 puñaladas en El Alto.

El presidente del Colectivo TLGB cuestiona que los mismos policías no respeten las leyes, discriminen y ejerzan violencia contra las personas homosexuales y transexuales.

Laura coincide y afirma: “El problema se da desde la cúpula de los tomadores de justicia, desde el policía que toma una denuncia o desde que el forense hace su revisión y en sus informes dice el ‘hombre travesti’, ‘el tranvestido’, allí ya se rompe la identidad de género por la que nosotras hemos luchado tantos años para que tenga reconocimiento, porque no quieren colocar con los términos que corresponden, no quieren decir mujer, y prefieren decir de cualquier otra forma”.

¿Agenda política?

Para Novillo uno de los problemas reside en la falta de información sobre la agenda pública política de los gobiernos, a nivel central y subnacional.

“No se tiene con claridad una agenda, una política clara hacia dónde estamos yendo. Por ejemplo, en el marco de la Asamblea Legislativa, se debe ver si hay una agenda concreta, no la veo, no se la hace pública, y en el ámbito de la gestión pública no hay claridad en qué tipos de políticas se está concentrando esta gestión gubernamental nacional, y si bajamos a los niveles departamentales tampoco, ni en los municipales”, afirma Novillo.

Y agrega: “Tenemos la tarea de construir valores que reconozcan e incluyan a las poblaciones que siempre quedan al margen, y la población LGTB tiene una situación de vulnerabilidad y de menores posibilidades de ejercicio de sus derechos. Se debe avanzar en el reconocimiento de estos derechos y luchar contra la transfobia, bifobia, homofobia y la lesbofobia”.