El viernes 28 de junio del año 2019, la madre del menor implicado en el caso de violación grupal registrado en el motel Deluxe en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, afirmó triunfante que se demostró que nunca existió violación dentro del denominado caso “La Manada”. La afirmación vino luego de que la jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, Shirley Becerra, determinó absolver al menor de edad porque consideró improbable el delito debido a que la víctima “tendría que haber recordado y denunciado” la agresión y no la madre.
Tres años después, la negación del hecho se cae de forma rotunda porque la sentencia 05/22 emitida el 4 de marzo de 2022, dictaminó la culpabilidad de Alejandro Saavedra Saavedra y Andrés Justiniano Parada. El primero sentenciado a 20 años de cárcel por violación agravada y el segundo a dos años de reclusión por encubrimiento.
De los cinco acusados, sólo dos fueron considerados culpables por el Tribunal pero según la sentencia todos estuvieron en el cuarto donde sucedió el delito, mientras la víctima estuvo inconsciente. Ninguno de ellos defendió a la joven o intentó impedir el hecho. Pese a la sentencia absolutoria, todos fueron parte de esa complicidad masculina que, como señalan expertas, busca refundarse en la violación.
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El 14 de diciembre de 2018, una joven se fue de fiesta con sus amigos y terminó la noche sola, en un hospital, en terapia intensiva, con golpes y vejámenes. Desde ese momento, la familia buscó justicia peregrinando audiencias tras audiencias. Los medios de comunicación bautizaron el caso como “La Manada boliviana”, por la semejanza con un delito suscitado en España dos años antes. Tres años, dos meses, once días e infinita persistencia después del hecho, se logró la sentencia.
Las abogadas de la víctima, Arleti Tordoya (integrante de Mujeres Creando) y Jessica Echevarría, denunciaron amenazas constantes y dilataciones en el proceso. Hoy, luego del juicio oral que implicó la convocatoria a 37 testigos, 6 peritos, 5 pruebas materiales y 48 pruebas documentales, la existencia del vejamen quedó plasmada en la sentencia. El Tribunal concluyó que “se cometió el delito de violación con la concurrencia de agravante”.
Según la sentencia, el delito fue cometido por dos de los acusados, mientras que los restantes dos[1] quedaron absueltos de culpa. La justicia patriarcal no criminaliza la complicidad masculina.
¿Es este un resultado satisfactorio ante la búsqueda de justicia de la víctima que abandonó el país tras el acoso de las familias de los acusados?, ¿qué nos deja como sociedad este caso de alta espectacularización mediática?, ¿es esta sentencia una aguja en el pajar de la impunidad?
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Aunque suene disonante al relato mediático, la violación no es un crimen de deseo sexual sino un acto de poder. El violador es, en palabras de la antropóloga Rita Segato, un disciplinador, un moralizador, que se ocupa de aleccionar a una mujer que se salió de un lugar esperado.
La violación es “un acto de poder relacionado con el concepto de masculinidad como poder sobre las mujeres. No es que los hombres tienen que aprender a no violar a las mujeres, sino que los hombres necesitan urgentemente construir su masculinidad sobre bases diferentes a las de la fuerza, la violencia, el poder y la posesión del otro”, escribió la activista feminista, María Galindo.
“La violación grupal es una forma terrorífica de disciplinamiento a las mujeres”, explica la investigadora feminista Claudia Cuéllar, quien observa el fenómeno no como hechos aislados sino como un problema de una sociedad profundamente patriarcal. Sólo el año 2021, en Bolivia se reportaron más de media docena de vejaciones grupales.
El 6 de febrero de 2021 en la localidad de Carreras en el departamento de La Paz, una joven de 21 años fue abusada por tres hombres, luego de participar del festejo del cumpleaños de su amiga.
Siete días después, en Portachuelo departamento de Santa Cruz, una mujer fue vejada en su casa por tres de sus colegas: un médico, un bioquímico y un funcionario de salud.
El 16 de febrero de 2021, una adolescente de 14 años fue violada por cinco sujetos en Potosí: tres adultos de entre 22 y 28 años y dos adolescentes de 15 y 16 años. Su madre la encontró débil y sin siquiera poder caminar.
Una joven salió a la discoteca con un hombre en Santa Cruz, en esa cita, él aprovechó que ella consumió bebidas alcohólicas y llamó a dos amigos para abusar de la chica colectivamente. El caso se reportó en marzo de 2021.
En abril, una enfermera fue abusada y asesinada luego de participar de un cumpleaños en la localidad Eucaliptus en el departamento de Oruro. Su familia denunció violación grupal por tres hombres cercanos a una de sus amigas. El cuerpo de la víctima apareció embarrado, con un pantalón distinto y con signos de violencia sexual.
Historias como estas abundan en los medios de comunicación y sólo son un ínfimo porcentaje de lo que sucede afuera de las pantallas. Hay un problema estructural que la sociedad no está viendo y que, la espectacularización mediática oculta. Lejos de ver el problema como un tema estructural, se está viendo como algo excepcional.
“Para que exista un feminicidio, (o) una violación, es necesario un caldo de cultivo gigantesco que está presente en toda la tela social. Agresiones diarias cotidianas que todas las mujeres sufrimos”, explica Segato.
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“Ese día ellos se aprovecharon de lo mal que yo estaba, yo creía que eran mis amigos. Este proceso ha sido un infierno”, afirmó la víctima antes de conocer la sentencia condenatoria. Todos los acusados lograron salir del penal de Palmasola antes de que concluyera el juicio, por ello, hoy todos están en sus casas, incluso el sentenciado a 20 años de cárcel.
“Tras la sentencia no se aprehende inmediatamente al acusado. Una sentencia puede pasar por tres etapas hasta ser ejecutoriada. La primera instancia es la que ya emitió el Tribunal y a partir de allí, si hay una apelación se va al Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz. Tras esto, los acusados podrían apelar posteriormente mediante recurso de casación de inconformidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto puede llevar años”, explica Tordoya, abogada de la víctima.
“No creo en la justicia boliviana”, afirmó la joven completamente desgastada por un proceso infernal que parecía que no terminaría nunca. El sistema penal boliviano ha demostrado ser muy inepto para erradicar las violencias estructurales que vivimos e incapaz para reparar los daños que produce la violencia en las víctimas.
[1] Los implicados son cinco en total, pero la acusación contra el menor de edad es llevada en otro proceso.
