El avión con 200 toneladas de insumos médicos que no llegó a Bolivia

Por un absurdo enredo burocrático, en plena primera ola de covid-19, el gobierno boliviano canceló un vuelo que partía de China con 200 toneladas de elementos de bioseguridad. Las inconsistencias contractuales y la negligencia en el seguimiento de las compras provocó que los equipos terminaran en Egipto y China.

Por: Leny Chuquimia Choque

Después de que la emergencia sanitaria se declaró en Bolivia—en abril de 2020—, el mercado de insumos médicos se desabasteció durante meses. Claudia S., médico residente en el Hospital de la Mujer, recibía un gorro desechable y barbijo quirúrgico que debían durar lo mismo que su turno: más de 24 horas, cuando la OMS recomienda que sea cambiado después cuatro horas de uso, como máximo.

“Al complejo hospitalario de Miraflores llegaron muy pocos elementos. Por lo escaso del material teníamos que estirar su uso o comprarlo por nuestra cuenta, pero no había en ningún lugar y lo que había era muy costoso”, dijo Claudia. La situación se repetía en todos los hospitales de Bolivia donde los insumos de bioseguridad eran los más preciados ante la alta demanda mundial que causó la pandemia.

En mayo 2020, en plena escasez y mientras el país ascendía al pico de los contagios, un vuelo humanitario que partía de China rumbo a Bolivia, con 200 toneladas de elementos de bioseguridad, fue cancelado por instrucción del Ministerio de Energías. Entre la carga declarada por varias empresas figuraba una compra estatal que en papeles había sido entregada más de un mes antes y rescindida, según el Gobierno, una semana atrás.

“Por las restricciones y la situación en todos los países, no había cómo traer insumos y había escasez en el país. Por eso varios importadores (22) hemos contratado un vuelo a través de la empresa ChexAir que logró traer cargas. Entre nosotros estaba Provtec, la que tenía los contratos con el Estado. En los productos sólo yo tenía invertidos más de 100.000 dólares, con la cancelación nos quedamos sin nuestra inversión y las farmacias, hospitales, alcaldías etc.… sin insumos”, señaló el empresario Juan Carlos Nemtala, uno de los proveedores afectados.

El 29 de mayo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) autorizó, a pedido de la empresa ChexAir, el ingreso a territorio boliviano del Airbus egipcio A330-203 con miles de productos de bioseguridad adquiridos por las 22 empresas. Pero dos días después la autorización fue anulada abruptamente, cuando la aeronave ya había cargado los insumos y se alistaba a despegar de China rumbo a Bolivia, debido a que la compra estatal que debía llegar en ese avión había sido anulada varias semanas atrás y el vuelo perdió la categoría de humanitario.

Durante la cuarentena rígida, los vuelos humanitarios -aquellos que transportaban insumos médicos adquiridos por el Estado o pasajeros con permiso de retornar a sus países-eran los únicos autorizados. Bolivia había cerrado sus fronteras para frenar los contagios de Covid-19 que iban en ascenso.

El director ejecutivo a.i. de la DGAC, Ceiler Aparicio Arispe Rosas explicó que el 31 de mayo de 2020 esta entidad recibió una nota, firmada por Luis Claros Mayorga, director general de la empresa Provtec, en la que informaba que el Ministerio de Energías había cancelado la orden de compra de insumos y equipos.

El argumento para cancelar la autorización fue que la razón que justificaba al vuelo -traer una carga de insumos sanitarios para el Gobierno- había dejado de existir. “Por tanto la posibilidad de que ingrese al país en una aeronave egipcia proveniente de China, ya no era factible, debido a que nuestro país no tiene relaciones aerocomerciales con Egipto ni con China”, sostuvo Arispe Rosas.

El ahora exministro de Energías, Rodrigo Guzmán, antes de dar por “cerrado el caso”, afirmó que en el avión no había ningún lote de insumos para la cartera que presidía. “Sí, firmamos dos contratos con Provtec, pero uno ya había sido entregado y el otro -por 10 respiradores- fue rescindido porque la proveedora indicó que le era imposible cumplir. Ese dinero está intacto”, declaró. Por el caso, que impidió la llegada de insumos médicos a Bolivia se presentó una demanda. “Nosotros presentamos una demanda por los delitos de: uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, delitos contra la salud pública.  El proceso es por impedir la llegada de 200 toneladas de insumos de bioseguridad desde China”, afirmó la senadora María Oporto del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales, consultada para esta investigación.

El origen de los contratos

“Desde el inicio de la emergencia sostuvimos reuniones y se pidió al hospital y a las autoridades departamentales que compren insumos, pero no llegaba nada”, afirma Claudia. Estas solicitudes se replicaban en varios hospitales del país, donde médicos y enfermeras protestaban en las calles exigiendo la dotación de los insumos de bioseguridad. Para atender la emergencia, la presidenta transitoria, Jeanine Añez, nombró nueve delegados presidenciales. El ministro de Energías Rodrigo Guzmán era uno de ellos.

Su misión era coordinar las tareas de lucha contra el coronavirus en el departamento del Beni, el segundo más golpeado de Bolivia por la enfermedad. Allí, por falta de insumos de bioseguridad los médicos enfermaron, y se tuvo que enviar galenos de todo el país para evitar más decesos cuando éstos se registraban por cientos cada día.

En esa situación, el ministerio de Energías programó dos adquisiciones de insumos y equipos médicos para combatir la Covid. En el Sistema de Compras Estatales (Sicoes), los dos contratos están registrados en un solo proceso asignado con el CUCE 20-0085-00-1042107-0-E bajo el título de “Provisión y dotación de material de bioseguridad y de primeros auxilios para el personal del PERII y PEVD para afrontar la crisis de Covid 19-marzo 2020”. Sólo figuran seis documentos; todos imprecisos, incompletos y publicados el 2 de junio, dos meses después de las adjudicaciones.

Las órdenes de compra del contrato están enumeradas como 401 y 402. Ambas fueron adjudicadas a la empresa Provtec de forma directa y los recursos salieron del Programa de Electrificación Rural, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se realizaron en el marco del Decreto Supremo 4174, que permite excepcionalmente durante la emergencia sanitaria, las compras directas; sin embargo, no exime a las autoridades de publicar la información de los contratos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

La compra 401 data del 9 de abril y consta de cinco ítems: 800 gafas protectoras, 2.000 máscaras KN95, 722 mamelucos, 800 protectores faciales y 800 guantes no estériles. Todo por un valor de 736.770 bolivianos (105.252 dólares). Un acta de recepción firmada por tres responsables del proceso da cuenta que estos insumos fueron entregados el 13 de abril, más de un mes antes del polémico vuelo.

La 402 contempla un solo ítem: la adquisición de 10 respiradores, cuyo costo total asciende a 405.830 dólares (2.784.000 bolivianos). Es decir que el precio de cada equipo era 40.583 dólares (278.400 bolivianos). El plazo de entrega estaba fijado en 15 días calendario.

No se adjuntan especificaciones técnicas, propuestas, procedencia u otros datos para comparar los precios en el mercado. Pero no es lo único que falta. Esta compra fue “dejada sin efecto” el 19 de mayo mediante un acta firmada por el viceministro de Electricidad, José Luis Peña.

El contrato no especifica posibles multas por incumplimiento o las causales para un rescindimiento. Asimismo, el documento que lo disuelve por “caso fortuito” no precisa cual fue el motivo específico. En contacto con los medios, el viceministro Peña señaló después que la empresa Provtec no podría entregar los equipos en el tiempo establecido.

“La Orden de Compra  402/2020 (10 respiradores) no contiene las multas por incumplimiento, ni las causales por las que podría resolverse o dejarse sin efecto; sin embargo, en nota MEN-01132/ VMEEA/PEVD/PERII-0140/2020 del 19 de mayo de 2020  se manifiesta la ‘… aceptación de dejar sin efecto orden de compra 402/2020…’, bajo el argumento de un caso fortuito presentado por la  empresa, que no se especifica”, señaló un analista experto en licitaciones al que Pagina Siete pidió una revisión de los documentos.

Apunta también a otras irregularidades: el ministerio no detalla cuál es la causa de la compra y la Orden de Compra es extemporánea, toda vez que fue emitida el 22 de abril de 2020 con un plazo de 15 días calendario; es decir, que los respiradores debieron entregarse el 7 de mayo. Sin embargo, se deja sin efecto el 19, cuando ya había incumplimiento.

El 22 de abril, fecha en la que se emitió la orden de compra de los respiradores, la Aisem era la instancia que concentraba las adquisiciones para combatir la Covid-19. Sin embargo, la adjudicación de los respiradores no fue supervisada por esa entidad ni por el Ministerio de Salud.

“Nos comunicamos con personal de Salud, médicos y amigos personales, para que nos den un parámetro de ciertas especificaciones técnicas, porque estos respiradores eran para terapia intensiva. Vieron que los equipos estaban dentro del rango del precio y que eran buenos. Con ese criterio es que se procedió a la contratación”, explicó Peña, el 23 de junio A la fecha, aún se desconocen las especificaciones exactas de los artefactos hospitalarios. Para esta investigación se solicitó los datos técnicos de la adquisición fallida al Ministerio de Salud, a la Aisem, al Viceministerio de Transparencia y al Ministerio de Energías; sin embargo, no se obtuvo respuestas.

¿Qué pasó con el vuelo?

“Cuando ya estábamos por despegar del aeropuerto de China, llegó la anulación del permiso para entrar a Bolivia.  Eran unos 22 clientes que traían entre uno y cuatro ítems cada uno. Había 44 tipos de productos: mascarillas, overoles, termómetros, barbijos quirúrgicos, de tres capas, N95 … absolutamente todos los dispositivos de bioseguridad. Eran unos 150 metros cúbicos, prácticamente la totalidad del avión. Estaba también la supuesta compra para el Ministerio de Energías”, dijo el operador logístico del vuelo, quien pidió mantener su nombre en reserva.

Esta carga iba a ser transportada en un puente aéreo entre China y Bolivia el 31 de mayo. Arribaría al aeropuerto Jorge Wilsterman de Cochabamba entre el 1 y el 2 de junio. Sin embargo, el vuelo –que al traer insumos contra la Covid-19 para una entidad estatal debía ser considerado humanitario-   fue desautorizado desde la DGAC, a pedido de la proveedora.

Con el argumento de que Energías canceló la orden de compra, Provtec solicitó dejar sin efecto la última autorización, cuando la nave ya estaba a punto de partir de China rumbo a Bolivia. El vuelo nunca llegó y parte de la mercadería se quedó en China y otra tuvo que ser trasladada hasta Egipto.   “El 4 de mayo, la empresa manda la solicitud para que el Airbus A330-243 pueda ingresar al país. Hice las gestiones ante la DGAC. Este avión nunca llegó y resulta que después la misma empresa, el 22 de mayo, solicita el ingreso de una nueva aeronave como si fuera carga para el Ministerio de Energías, cuando el 19 de mayo rescindimos el último contrato, ¿cómo una empresa quiere utilizar al Ministerio para ingresar insumos al país? ¿Qué clase de seriedad es esa?”, cuestionó Guzmán.

Autorizaciones y cancelaciones

En la Dirección General de Aeronáutica Civil el caso está documentado en un compendio de documentos que advierten contradicciones entre los papeles presentados por la empresa Provtec y el proceso de contratación. Desde el 28 de abril se remiten cartas de solicitud para la importación a la Cancillería, se emiten dos autorizaciones que se anulan y luego se vuelven a autorizar.

El 4 de mayo, es ChexAir (empresa que consolida carga y tramita transporte para terceros) la que presenta la solicitud para el ingreso de una aeronave egipcia a territorio boliviano, argumentando que entre su carga estaría la compra hecha por el Ministerio de Energías a Provtec, además de la mercadería adquirida por una veintena de importadores. Tras varias gestiones en la Cancillería, el ministerio y la DGAC, la autorización fue emitida el 11 de mayo. Pero ésta no fue utilizada.

Aunque el 19 de mayo Energías rescindió el contrato de adquisición de 10 respiradores con la proveedora, el 22 de mayo se vuelve a hacer la solicitud de ingreso de una nave con insumos médicos para el dicho ministerio. El 27 de mayo, es Provtec la que presenta su contrato con el Estado, el mismo que no correspondía al que había sido rescindido sino a uno anterior (por insumos de bioseguridad) que ya había sido ejecutado y entregado. Adjunta, incluso, una lista detallada de toda la carga.

Aunque se buscó insistentemente al propietario de Provtec, éste no respondió a las consultas sobre su papel en el incidente ni porqué presentó un contrato que ya había sido ejecutado. En sus oficinas, ubicadas en Cochabamba, señalaron que el empresario se presenta de vez en cuando. Provtec está registrada en la base de datos de proveedores del Estado a nombre de Luis Ricardo Claros Mayorga. En Fundempresa figura como una entidad unipersonal. Sus plataformas señalan que brinda servicios de tecnología, sistemas, redes, telecomunicaciones y venta de insumos y equipos médicos desde hace 10 años.

Trabas para importar insumos médicos a Bolivia

Aunque para evitar el desabastecimiento de insumos médicos en el mercado boliviano durante la pandemia se dio la orden de dar prioridad a la internación de esos productos, hubo todo tipo de problemas para el aprovisionamiento. La burocracia y las falencias en el personal aduanero por la cuarentena generaron cuellos de botella que dificultaron el abastecimiento.

“Si bien el Gobierno transitorio emitió normativa que instruía la facilitación en la importación a todas las instituciones que tienen que ver con los productos especificados, lamentablemente, éstas no estaban listas para poder ejecutar esa instrucción. Se identificaron problemas muy comunes que no fueron resueltos por el Estado”, indicó la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Pese a las limitaciones de circulación que imponía la cuarentena, se pidió que las autorizaciones previas para la importación de estos productos, en muchas instituciones, sean tramitadas personalmente. El personal de la institución certificadora trabajaba una vez a la semana y no abastecía el día para tramitar todas las solicitudes.

La oferta del servicio de transporte aéreo de carga se vio “reducida al límite”, siendo Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) la única empresa habilitada para trabajar en el traslado de mercadería desde y hacia Bolivia. Esto generó un cuello de botella por el que se incumplieron varios contratos tanto con el sector privado como con el sector público.

Tramitar la nacionalización de mercadería y acceder a la documentación de la carga (que no podía llegar del exterior) se volvió un viacrucis, muchos importadores tuvieron que pagar sobre estadías (demurrage), al incumplir el tiempo para la devolución de contenedores a las líneas navieras. En los puertos de Aria e Iquique se quedaron varados al menos 6.000 contenedores con insumos médicos que debían abastecer a los hospitales y farmacias bolivianas.

Los montos que los importadores debían pagar por estas demoras oscilaban entre los 60 y 90 dólares diarios por contenedor. La CNC afirma que llegó a reportar 20 millones de dólares americanos de pagos por este concepto, lo que generó grandes pérdidas para los importadores, costos que luego acabaron siendo pasados a los consumidores finales.

A ello se sumaba que cuando la mercadería llegaba a recintos aduaneros, no podían retirarla por las dificultades para realizar los trámites y debían pagar otro monto adicional de dinero por el almacenamiento. Y es que en la parte operativa de la nacionalización las empresas al no poder trasladar a su personal de manera física no contaban con documentos originales, por lo que se solicitó poder realizar este trámite con fotocopias o trabajar tal vez con códigos QR. Pero no hubo respuesta.

Para los que lograban internar los productos, hacerlos llegar a los destinos tampoco fue fácil. Los mecanismos para tramitar permisos de circulación constituyeron otro cuello de botella que alargó la espera del sector público y privado para el abastecimiento de fármacos, insumos y equipos médicos.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el 67% de los insumos médicos, medicamentos o equipos destinados a atender la pandemia de Covid-19 en Bolivia son importados. La industria nacional sólo logra cubrir el 37% de los necesarios.

“Sobre la base de cálculo de un aproximado de 1.700 ítems, se estima que la industria nacional abasteció con un 37% de los insumos médicos, medicamentos y equipos destinados a atender la pandemia del Covid-19, mientras que el restante 67% fue de origen importado”, señaló el gerente general del IBCE, Gary Antonio Rodríguez A.

Entre enero y octubre de 2020, el país importó 11,5 millones de kilos de insumos médicos, medicamentos y equipos hospitalarios, por un costo de 308,3 millones de dólares. Entre junio y octubre, las internaciones superaron a las hechas en el mismo periodo de 2019. China fue el origen de la mayoría de los productos.

Un análisis específico de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) sobre las importaciones de los artículos de bioseguridad advierte que en 2018 el monto total importado alcanzó los 1,6 millones de dólares siendo el producto más requerido los guantes de nitrilo. En 2019 este monto se incrementó en 64% registrando 2,7 millones de dólares. Finalmente, en 2020 se reportó 2,8 millones de dólares de importación.

Los datos evidencian que, si bien se incrementó la importación de los productos de bioseguridad a causa de la crisis sanitaria, esta no presentó un gran salto cuantitativo en relación a la pasada gestión. Una de las razones es que la importación de estos productos —en su mayoría— provenían de China, el epicentro de la pandemia. En consecuencia, el comercio se vio truncado en un momento de alta demanda mundial, lo que reducía aún más la oferta y el acceso a los mismos.

“Las cuarentenas interrumpieron el normal abastecimiento, ocasionaron problemas de logística y transporte por puertos y aeropuertos cerrados y después, por el volumen de importación que se vio multiplicado. El agotamiento de la materia prima subió su cotización por la mayor demanda, a nivel de fabricantes y el precio del transporte aéreo se cuadruplicó”, dijo Rodríguez.

A un año de la primera ola de contagios, el sistema de salud boliviano aún siente el temor por las consecuencias de una tercera ola. Hasta la fecha, el país ha sufrido la pérdida de más 500 médicos y salubristas que trabajaban en primera línea.

“La primera ola fue la más crítica por la falta de insumos y equipos de bioseguridad. Existía una debilidad en el sistema de salud, de personal de salud, de infraestructura y de equipamiento”, dice el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero.

Añade que, aunque ha pasado un año las falencias continúan, que no hay equipos médicos y que los equipos de protección personal aún son insuficientes. La doctora Claudia aún combate al coronavirus en el Hospital de la Mujer. “Desde la crisis soy muy cuidadosa con los barbijos, los guantes, los mamelucos. Temo que vuelvan a faltar”, lamenta.


Aisem, siete gerentes y varios “errores”

En un año, siete gerentes pasaron por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dependiente del Ministerio de Salud y encargada de centralizar las compras de insumos durante la pandemia. Estos cambios en la entidad, que desde la compra irregular de respiradores está en el ojo de la tormenta, ocasionaron retrasos, anulación de contratos y perjuicios para la población en plena pandemia.

Rodrigo Estepa, Carlos Alberto Gutiérrez, Édgar Subirana, Giovani Pacheco, Hernán Pereira, Sergio Mustafá y Miguel Freddy Saravia asumieron la gerencia de la Aisem entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Unos destituidos y otros renunciaron denunciando presiones; pero el caso más más bullado fue el de Pacheco quien guarda detención por la compra con supuesto sobreprecio de 176 respiradores españoles.

La estatal Aisem fue creada el 24 de agosto de 2017, por Decreto Supremo N.º 3293 como una institución descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Salud. Entre sus atribuciones están las de ejecutar programas y proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de Institutos de Cuarto Nivel, además de fiscalizarlos, monitorearlos y evaluarlos.

Para su financiamiento, la Aisem puede acceder a recursos del Tesoro General de la Nación, a créditos externos e internos; donaciones y transferencias de entidades territoriales autónomas. También está autorizada a realizar transferencias público-privadas de equipamiento médico a organizaciones sin fines de lucro u organizaciones indígena originario campesinas que presten servicios de salud.

Ante la emergencia que vive el país, el Gobierno transitorio amplió las competencias de la agencia estatal mediante el Decreto Supremo 4224 del 24 de abril de 2020.  En su artículo único, el DS autoriza a la Aisem “mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria nacional” a gestionar y adquirir reactivos e insumos, medicamentos, dispositivos médicos consumibles, repuestos para el mantenimiento del equipamiento y contratar recursos humanos. Para el cumplimiento de lo señalado se le otorgó el permiso de “efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias”.

La responsabilidad de la Aisem es tal que aún hoy las compras y adquisiciones de insumos médicos nacionales, departamentales y municipales precisan de su supervisión. Por ello el cambio de gerentes -cuatro fueron sustituidos en plena pandemia- perjudicó las adquisiciones La entidad incluso fue precintada para la investigación de irregularidades en la adquisición de ventiladores.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria en Bolivia, escasearon test para detectar la enfermedad por la dificultad de encontrarlos en el mercado internacional. Hasta que la curva llegó a su pico más alto, no se logró implementar todos los laboratorios comprometidos por alta demanda de equipos y de insumos. Sin poder descentralizar la toma de pruebas, los laboratorios colapsaron y el diagnóstico en los laboratorios privados subieron el costo de forma alarmante. Muchas personas murieron sin recibir la confirmación de su diagnóstico y muchas otras jamás accedieron a una.

En medio de la falta por pruebas, al menos seis contratos para la adquisición de laboratorios realizados por la Aisem, pruebas e insumos de diagnóstico de Covid-19 fueron anulados, desde la convocatoria, por “errores de cantidad” en las solicitudes de cotizaciones.

En abril de 2020 las alcaldías de La Paz y El Alto, ante el incremento de casos y la imposibilidad de diagnosticarlos, solicitaron al Ministerio de Salud y a la Aisem la autorización para comprar dos laboratorios municipales y miles de pruebas, pero hasta hoy la solicitud no fue atendida.

La pasada gestión de gobierno anunció una auditoría a la Agencia estatal pero ahora, que Bolivia encara la vacunación masiva anticovid, se desconocen los resultados.


Esta investigación fue realizada para Página Siete, La Nube y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

Si te gustó este contenido compártelo en:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *