“El control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la mujer asumir libremente sus maternidades”, SIMONE DE BEAUVOIR, El Segundo Sexo.
Por Milton Condori Apaza
Foto portada: Alianza por la Solidaridad
Algunos nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las protagonistas
“¿Qué hubiera dicho mi amiga? ¿He abortado, doctor?”
La noche del 31 de agosto de 2019, Rebeca, de 21 años, tomó una pastilla de misoprostol para interrumpir un embarazo de un mes y medio que llevaba en su vientre. Ese año, el Ipas-Bolivia estimó que en el Estado Plurinacional de Bolivia se dieron 57.709 abortos clandestinos. Lo de Rebeca sólo lo supieron su amiga Regina y una especie de empresa llamada Cytotec que vende las pastillas de la siguiente manera:
“4 pastillas a 150 bolivianos para 3 a 6 semanas de embarazo; 6 pastillas a 210 bolivianos para 5 a 6 semanas de embarazo; 8 pastillas a 280 para 6 a 9 semanas de embarazo, y 12 pastillas a 400 bolivianos para 9 a 12 semanas de embarazo”.
Y añade: “1 pastilla a 40 bolivianos cada una”.
Cuando Rebeca tomó la primera pastilla, Regina la cubrió con frazadas y le dio té, tal como decían las indicaciones que venían en el paquete que la “empresa” había enviado al enamorado de Rebeca.
“Esa noche que se tomó la primera pastilla yo me quedé a dormir con ella y esperamos el sangrado, pero no era inmediato y, en el caso de mi amiga, no era doloroso. Me quedé para cuidarla, le daba té, la envolvía en camas y eso eran recomendaciones entre amigas que nos dimos. No le dolió. Al día siguiente nos despertamos y no había nada de sangre y nos preocupamos porque dijimos que las pastillas nos funcionaban, pero luego de unos minutos fue al baño y empezó el sangrado, pero un sangrado full. Ese rato nos asustamos”, me dijo Regina en una charla telefónica.
Luego de que las pastillas hicieran efecto, Regina la ayudó a controlar el sangrado. “Era como estar con el periodo pero era mucha sangre y ella nunca fue a una clínica porque tenía miedo. Las indicaciones del paquete decían que debía ir a un centro médico, pero no fue”.
“Luego de un mes le vino su periodo de forma normal. Además, si hubiera ido (a una clínica) ¿qué hubiera dicho mi amiga? ¿he abortado, doctor? Es un delito eso. Por ahí hubiera ido presa”.
El proveedor “ilegal” del medicamento fue Cytotec. Intenté conversar con algún representante para este artículo, pero esto no fue posible.
Hablar de un “embarazo no deseado” es hablar, en algunos casos, de abortos inseguros y clandestinos, práctica penalizada en Bolivia si no se cumplen causales de una sentencia constitucional. Esto aumenta la mortalidad materna.
“Cuando hablamos del derecho a la vida y la salud de las mujeres, no podemos dejar de referirnos a la situación de aborto en Bolivia, que sin duda es un problema de salud pública y justicia social, cuyo abordaje y tratamiento va más allá de las percepciones religiosas o moralistas, es más bien una realidad que debe ser tratada por todos: mujeres, hombres, sociedad en general y autoridades a lo largo del país, escribió Malena Morales, directora del Ipas-Bolivia.
Según un informe del Ipas-Bolivia, desde hace más de una década se registran más de 50 mil abortos cada año, casi la cuarta parte del total de embarazos del país.
“Para el año 2010, se calcularon 52.057 abortos, para el 2016 eran 59.646 y para el 2019 alcanzaron a 57.709”, señala el documento, “según otros estudios, la letalidad por aborto es también alta: en el año 2000 alcanzó un 9,4% y un 7,7% en 2011”.
La empresa que le vendió las cuatro pastillas a un precio de 140 bolivianos a Rebeca, tiene un método particular de ofrecer sus productos lo hacen por las redes sociales, más que todo por Facebook donde alardean que ellos nunca fallan a su cliente.
“Le ofrecemos cytotec MISOPROSTOL original de 200mcg para terminar con embarazos del primer trimestre, con una efectividad del 95%. Nosotros contamos con el producto original con vigencia a 2024, precio sin exageraciones ya que es un producto relativamente económico a comparación de métodos quirúrgicos”, señalaba un mensaje de WhatsApp que me enviaron el 6 de junio de 2022, cuando me hice pasar por un joven que necesitaba las pastillas para mi enamorada.
Cuando le pregunté a Regina cómo habían adquirido las pastillas, me dijo que buscara en Internet y encontraría “un kilo” de información sobre “Cytotec-Bolivia”. Según el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, ésta no tienen la autorización de ofrecer y vender el producto.
En el SMS que me enviaron, existen las referencias de cómo comprar y cómo pagar. “EL PRODUCTO SE MANDA desde COCHABAMBA EN FLOTA O SURUBI, el tiempo QUE demora EN LLEGAR ES de 4 a 12 horas dependiendo de la ciudad donde se encuentra usted. En la mayoría de los casos no más de 12 horas”. Para pagar hay dos modos: A través de Tigo Money y a una cuenta del Banco Unión.
El 6 de junio el Sedes de La Paz emitió un instructivo para que las farmacias autorizadas pidan ciertos requisitos al paciente antes de vender misoprostol, como fotocopia de cédula de identidad y receta médica. 4]. Sin embargo, la empresa que vende el misoprostol de manera ilegal no pide nada de esto. Cuando pregunté si esto era necesario me dijeron “usted no las va a tomar, será su pareja quien las tome”.
“El aborto es la tercera causa de muerte materna en Bolivia”
“Anoche supe que existías: una gota de vida que se escapó de la nada. Yo estaba con los ojos abiertos de par en par en la oscuridad y, de pronto, en esa oscuridad, se encendió un relámpago de certeza: sí, ahí estabas. Existías”, así comienza el escrito de Carta A Un Niño Que Nunca Nació de la periodista y feminista italiana, Oriana Fallaci.
Fallaci se cuestiona:
“¿Cómo sabré que no sería más justo eliminarte; cómo sabré que no prefieres ser devuelto al silencio?”, algo similar me preguntó Gladys, una dama de compañía de 26 años.
“¿Y si él no quería nacer en este mundo?”, me dijo en la Avenida Franco Valle de la urbe alteña, donde hay decenas de casas de citas.
“Mi primer aborto fue a los 16, después de que tuve relaciones por primera vez. Él y yo estábamos en el colegio. Era mi novio. Todo estaba bien a un principio, pero luego de un tiempo me pidió ‘la prueba de amor’. Dije no, pero me dijo que iba a dejarme. Así que lo hicimos. Lo hicimos sin condón, porque dijo que acabaría afuera.
Ahí me embaracé. Al primer mes no sabía nada. Estaba normal, pero tenía vómitos, dolor de cabeza y comía mucho, pero no engordaba. Luego de dos meses mi panza creció, estaba gorda. Mi amiga Beatriz me lo compró esa prueba. Cuando salió positivo, no sabía qué hacer. Quería hablar con Francisco, mi enamorado”.
Gladys abortó a los dos meses y una semana de gestación. Tomó cinco pastillas que no recuerda de qué tipo eran. Su amiga la acompañó a una clínica de un “dentista” en la zona Garita de Lima que, en realidad, funcionaba como un centro clandestino donde se interrumpen embarazos. Le recomendaron que, por el tiempo que llevaba en gestación, debía tomar entre cuatro a seis pastillas, luego debía acudir al mismo lugar a sacarse los restos del feto.
Gladys sólo tomó tres de las seis pastillas porque el sangrado era muy doloroso y no se podía controlar. De vuelta en el consultorio de la Garita de Lima le sacaron los restos que habían quedado en su vientre. Tres días después se desmayó en su colegio.
“Estaba cubierta de sangre. Me dolía un chingo, no podía mover mi cintura. Mis compañeras me ayudaron. Me llevaron al baño y vinieron los profesores. Ellos llamaron a urgencias y me trasladaron al hospital. Ahí recién mi mamá se enteró de lo que había hecho y yo estaba a punto de morir. Estaba mal”.
En septiembre del 2014, cuando tenía 19 años, Gladys tuvo un segundo aborto. Está vez tomó pastillas de misoprostol. Lo hizo a las tres semanas. Sólo sangró un poco y no tuvo intervención médica.
«Se estableció que el aborto es la tercera causa de muerte materna en Bolivia y que puede incrementarse según el comportamiento regional. El 13% de las muertes es por abortos que se dieron por condiciones insalubres”, dijo en 2017 la entonces ministra de Salud, Ariana Campero, a La Razón.
“No podemos controlar todo, hay más de 3 mil farmacias”
“El misoprostol no es específicamente para abortos. Es una pastilla para las úlceras gástricas, para combatir la gastritis, pero como su efectividad sobrepasa, se usa para inducir abortos espontáneos”, me dijo la Responsable departamental de Farmacias del Sedes La Paz, Sandra Bravo.
La venta del misoprostol en el país solo es posible con la receta médica emitida en un centro de salud, pero algunas personas las adquieren de comercializadores ilegales que importan el medicamento por contrabando en pocas cantidades.
Cuando le hice saber sobre la empresa Cytotec –que le vendió pastillas a Rebeca—, Bravo me señaló que sí luchan contra ese accionar irregular, pero lo hacen cada dos meses o cuando alguien denuncia.
El misoprostol fue desarrollado en 1973 por la farmacéutica Searle y aunque se comercializó para combatir los problemas gastrointestinales, la sociedad descubrió que tenía un segundo y, al parecer, mejor uso: inducir el aborto espontáneo.
En los países de la región la pastilla del misoprostol es la que se usa con mayor frecuencia para interrumpir un embarazo, razón por la cual la OMS considera este fármaco como el “más recomendado a la hora de practicar el aborto médico”; sin embargo, en Bolivia esa pastilla tiene un costo de cinco veces más que su precio habitual en las farmacias que es de 6 bolivianos, pero éstas no cumplen los requisitos para ofrecer el medicamento.
“Esas pastillas, oficialmente, deben costar seis bolivianos, no más. Por eso digo y los sostengo que quienes practican el aborto, mercantilizan a las mujeres de cualquier forma”, me señaló el doctor Guido Pérez.
Teniendo al menos más de 3 mil farmacias en funcionamiento en la ciudad de La Paz y El Alto y un poco más de mil farmacias ilegales, sin permisos en ambas ciudades, el Sedes no puede controlar el agio y el contrabando del misoprostol.
Si una adolescente quiere adquirir el misoprostol de manera legal tiene que tener el permiso de un doctor que le dará una receta médica, pero deberá demostrar que cumple con alguna de las causales establecidas en la normativa boliviana para interrumpir su embarazo, pero si no cumple con una de ellas, estará cometiendo un delito. Por el otro lado, la mujer tiene la posibilidad de acceder a las pastillas de manera clandestina, pero se enfrenta al costo de las mismas que varía dependiendo de la farmacia o el vendedor que las ofrece por redes sociales.
“No podemos controlarlo todo –dijo Sandra Bravo—, hay más de 3 mil farmacias en la ciudad de La Paz y en El Alto. Son muchas farmacias. Y las que operan de manera irregular son más de mil. Cuando hacemos las inspecciones cada dos meses, los dueños de las farmacias que no tienen permiso no abren sus establecimientos. Entre ellos se ayudan. Eso pasa más en El Alto. Ahí encuentras más farmacias en la calle 2, donde están esos prostíbulos”.
Para la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) controlar este tipo de cuestiones es un trabajo duro y de mucho tiempo. Según la normativa, esta entidad debería controlar el ingreso y la distribución de los medicamentos que ingresan al país. Asimismo, debería hacer los controles reglamentarios en fronteras, con la ayuda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, para el ingreso de cualquier medicamento, en este caso también el del misoprostol, que según la directora de la Agemed, Janeth Sánchez, entra más por lado de Brasil.
“No podemos controlar, lo que entra es mucho. El 14 de junio nomás hallamos una cisterna con varios medicamentos que entraron de contrabando”, dijo Sánchez.
Cuando le comenté sobre el SMS que me enviaron el 6 de junio, sobre la susodicha empresa Cytotec, me dijo que las únicas encargadas para la importación del misoprostol al país son las empresas Pfizer Bolivia S.A., South American Empress S.A., DKT-BOL Importador y comercio de producción, Asmoh Laboratories Limited, y LAQFAGAL Farma Industria.
“Esas empresas pueden hacer la importación por medio de nosotros -explicó Sánchez- y luego distribuirlos a las farmacias que cumplen los requisitos. Son más de 1.400 farmacias las que pueden expedir ese medicamento, no todas cumplen con los requisitos establecidos para que puedan comercializar”.
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Para Guadalupe Pérez del Colectivo feminista Rebeldía de Santa Cruz, el tema de si una mujer quiere abortar o no, es solamente una decisión suya y no de los demás. Porque esa decisión implica el saber elegir y saber decidir que es bueno para su vida.
“Abogamos por la despenalización del aborto para que las mujeres interrumpan su embarazo sin tener que explicarle las causas a nadie, porque es un tema de autonomía básica de los derechos de las mujeres. Porque es un tema de dignidad, de libertad y respeto a la capacidad que tienen las mujeres al momento de elegir”, me explicó Lupe.
Manifestó que el país creó un manto de oscuridad, de precarización y de violación a los derechos de las mujeres cuando se emitió la sentencia constitucional 0206/2014, que penaliza al aborto si no se cumplen causales. Para Lupe, la sentencia no se cumple en todo su contenido y que quienes la sufren más son mujeres de recursos económicos bajos.
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Cuando hablé con Regina y le pregunté por qué su amiga abortó, se molestó y me dijo:
— Porque ella es la que decide. No tú, no yo, no su novio, no su familia ni sus amigos. Solo ella. Porque ese feto se forma en su cuerpo y ella tiene el derecho de decidir, por eso.
–¿Si su vida hubiera corrido peligro con ese sangrado, por qué no lo hizo en una clínica del sistema de salud?
— A ver, ¿por qué crees? Acaso le hubiera dicho al doctor lo que cometió. ¿Qué hubiera dicho mi amiga? ¿He abortado, doctor?
