Por María Ulo
Portada e infografías: Valeria Torrico
Este trabajo periodístico se logró en alianza con OXFAM
en Bolivia.
Aquel fue un día inolvidable. En el paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se escuchaban elogios y aplausos cuando la nueva ingeniera civil estaba a punto de recoger su título profesional. El jurado le había otorgado la máxima nota. “Su proyecto de grado merece 100 sobre 100”, concluyó el director de carrera. Era julio de 1997.
Esperanza (nombre cambiado) llevaba un traje azul que ceñía delicadamente su silueta, tenía la cabellera hasta la cintura y estaba al borde de las lágrimas por la emoción. Dedicó el triunfo a su mamá, miró al público con asombro y orgullo al mismo tiempo. Los aplausos volvieron a a retumbar.
Desde niña mostró una facilidad extraordinaria para resolver los ejercicios complejos de ecuaciones, fracciones y cualquier operación en la que haya números. La lluvia de elogios de sus maestras y compañeros de colegio por sus habilidades matemáticas eran comunes y frecuentes en su vida.
Para ella, la década del 90 fue gloriosa. Obtuvo el mejor promedio en la universidad. Los docentes y compañeros le auguraban un futuro radiante. Encontrar una pareja no estaba en sus planes; pero conoció a alguien y pensó que halló al compañero adecuado para dirigir juntos la empresa que él había fundado.
Un año después de recibir su título ya estaba casada con ese hombre que ella creía “el amor de su vida”. No anticipaba que comenzaría una etapa de sueños rotos.
Ella se convirtió en el cerebro técnico del proyecto. Elaboraba los planes para la construcción de caminos, puentes y sistemas de agua potable. Sin embargo, pese a que su aporte a la empresa era vital, no podía acceder a las cuentas bancarias como lo hacía su marido.
“Mi esposo era el representante legal, él cobraba los cheques que nos pagaban, por lo tanto administraba las cuentas bancarias. Él disponía del dinero, yo no. La administración no era conjunta”, cuenta ahora Esperanza, más de 20 años después.
Invirtió todo en una compañía de la que fue despojada
“Él cuando iba a sus reuniones con sus amigos o asistía a otras actividades disponía a su gusto del dinero que generaba la empresa, daba lo mínimo para la casa y el resto era ‘para reinvertir en la empresa’, en teoría así era”, relata la ingeniera.
Un recuerdo que aún la atormenta es el verse a sí misma limpiando la casa mientras su pareja le exige: “¡apúrate!, necesito los planos urgente”. Los días de la mujer transcurrían entre la cocina y su computadora.
“Cuando reclamaba por mi sueldo, él decía que la empresa necesitaba efectivo para pagar gastos y préstamos. Ahora me doy cuenta de que esa era la estrategia para evadir el pago por mi trabajo”, lamenta mientras su rostro se apaga, su voz se quiebra y su mirada se fija en un punto lejano, como si quisiera volver al pasado.
Recuerda también su época de colegial, cuando se divertía con los números mientras su mamá la llenaba de mimos. Eran tiempos en los cuales sus mejillas se encendían al recibir un piropo. Y, además, tenía una personalidad demoledora.
La ingeniería civil soportó en silencio por más de una década la violencia económica de su pareja. Esta figura es un delito tipificado en el artículo 7 de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Su felicidad era de papel. El compañero que eligió para su esposo se había convertido en su explotador. Los abusos y restricciones se convirtieron en un tsunami que enterró su autoestima y para recuperarse acudió a terapia.
Sueños postergados
“Mis sueños se postergaron. Mi meta era viajar al exterior para hacer mi maestría y doctorado a fin de formar mi propia empresa, pero me consuela saber que pude criar a mis hijos”, dice Esperanza con voz pausada.
A un año de la muerte de su esposo, y cuando ella está a punto de cumplir 50, siente que las peores tempestades de su vida pasaron y que volvió a nacer para finalmente hacer realidad sus anhelos.
Aunque ahora debe pagar deudas que fueron adquiridas sin su consentimiento, cuenta que se siente “libre” frente a los desafíos y los riesgos que implican liderar una empresa con las consecuencias que dejó la pandemia por el Covid-19.
“Es una nueva oportunidad, es como si me hubieran quitado un velo. Desperté”, asegura mientras se pone el chaleco de su empresa y el casco de protección que usan los ingenieros para iniciar la supervisión de una de las obras que dirige a pocos días de su inauguración.
Como centenares de mujeres, Esperanza desconocía que La Ley 348 sanciona la violencia patrimonial. “Yo pensaba que sólo se puede denunciar la agresión física, presentar una demanda contra mi esposo no estaba en mis planes, pero sí había averiguado con abogados iniciar el divorcio para frenar los maltratos, sobre todo el económico. Estimo que no recibí sueldos por unos 12 años”, lamenta.
Aunque su pareja se ha ido y no rindió cuentas de sus atropellos, ella está tranquila. Las deudas de la empresa aún le preocupan, pero está segura de pagarlas todas y hacer rentable el negocio. Ahora la cabeza del proyecto es ella. El horizonte es promisorio pues la brillante y laureada ingeniera sigue adelante, y sus capacidades se han desarrollado con los años en algo que la apasiona: la construcción.
En dos años 119 mujeres denunciaron violencia económica y patrimonial en Bolivia
Uno de los tentáculos del machismo es vulnerar el derecho al trabajo de las mujeres. Golpes, celos, prohibiciones para trabajar, control del dinero recibido, son algunos de los relatos que con frecuencia recibe el funcionario de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), Víctor Mamani.
“Varias víctimas, principalmente de la ciudad de El Alto, vienen de familias donde naturalizan la violencia por muchas generaciones y creen que es normal que los varones oculten los documentos de sus parejas para evitar que éstas generen sus propios ingresos”, lamenta Mamani.
“Hay mujeres que reciben herencias que no pueden disponer por los abusos que cometen sus parejas”, agrega el abogado Elvin Orozco, del Sijplu.
Privar del salario o del patrimonio es violencia
“La violencia económica no se denuncia por desconocimiento de las víctimas. Muchas veces se descubre el delito durante la investigación de los casos por violencia intrafamiliar. En varios casos los esposos restringen el uso de los bienes adquiridos en el matrimonio”, revela la fiscal Neiva Choque.
En los casos más preocupantes, las víctimas no pueden ejercer su profesión porque el cónyuge oculta sus documentos o cuando ellas mantienen el hogar ellos pretenden administrar el sueldo de la esposa, revela.
La autoridad estima que sólo tres de cada diez víctimas se atreven a denunciar los maltratos que afectan su economía.
En 2020 hubo 56 casos de violencia económica y patrimonial, y en 2021 fueron 63, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno.
En la Fuerza Especial Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, el 2020, siete víctimas denunciaron violencia patrimonial, pero los casos fueron cerrados por falta de seguimiento. El 2021 también recibieron siete casos, de los cuales tres fueron cerrados.
En los primeros meses de este año no hay casos registrados en la Felcv.
La violencia de género en redes sociales es cada vez más cruel
Las violencias que las mujeres enfrentan en un mundo físico también se han trasladado al escenario digital. Bolivia, desde 2018, cuenta con la unidad de Cibercrimen dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y desde esa instancia investigan estos delitos.
La violencia digital no está tipificada en la Ley 348. “El hecho provoca agresiones sistemáticas y cada vez más crueles porque hay impunidad”, dice la ciberactivista en violencias digitales, Cielito Saravia. “El problema es complejo cuando existe la difusión de imágenes íntimas que afectan a la víctima, y la sociedad suele re victimizar porque juzga, hay casos en el exterior que por la presión laboral o el entorno familiar se suicidan”, agrega.
Saravia es responsable del proyecto SOS Digital, de la Fundación Internet Bolivia, iniciativa ciudadana que reúne a expertos en derechos humanos y tecnología. El trabajo que realizan en este proyecto consiste en ayudar a las víctimas con apoyo emocional, orientación legal y capacitación para no caer en violencia digital o detenerla cuando ya está en curso. Se puede acudir a estos servicios a través del número 62342430, se puede escribir por WhatsApp, Telegram o mensaje de texto.
SOS Digital tiene una base de datos de los casos atendidos mediante su línea telefónica. En más de cinco años desde su creación han registrado más de 500 atenciones.
En 2021 registró 197 casos. En el 23% se detectó que los agresores usaron información personal de sus víctimas y la difundieron en redes sociales para ejercer acoso sistemático o desprestigiarlas con fotos manipuladas.
El acoso sistemático se da a través de insultos, amenazas de agresión física, de violación o hasta de muerte. En el 21% de los casos atendidos por esta instancia ciudadana se usaron las TIC’s para cometer delitos relacionados con el abuso sexual. En este grupo las víctimas sufren amenazas de publicar fotos y vídeos íntimos a fin de obtener dinero.
En el 17% de los casos las personas aseguraron haber sufrido la suplantación de identidad y restricción en Facebook, la mayoría de las víctimas fueron mujeres.
“El centro es una opción para las que sufren violencia digital, porque si son derivadas a la FELCV ahí a veces son juzgadas. El acceso a las redes sociales es parte de las actividades cotidianas, principalmente de los jóvenes y el riesgo de sufrir acoso es constante”, reflexiona la responsable de este proyecto, Cielito Saravia.
En el libro “Estado de Situación de la Violencia Contra las Mujeres en Bolivia 2021”, que recoge las observaciones de la sociedad civil para modificar la Ley 348, se plantea incorporar la violencia digital en el artículo 7.
