El Gobierno boliviano, a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), permite el trámite de áreas mineras dentro el mismo núcleo del Parque Nacional Madidi, es decir en la zona de protección estricta o absoluta, donde la actividad humana debería ser prácticamente nula.
Allí, donde sólo se podrían realizar investigaciones científicas autorizadas para conservar «la evolución natural y el estado prístino de esa zona» -como se lee en el plan de manejo del Madidi- los mineros entran cada vez con más frecuencia. Éstos esgrimen como respaldo de su actuar los trámites iniciados ante la AJAM, instancia que no repara en comprometer estas áreas para el extractivismo.
El avance de la minería al Madidi es innegable, hasta noviembre de 2021 el 8% de su extensión total fue comprometido por el Gobierno a cerca de 140 empresas y cooperativas, entre las cuales figuraban el exviceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Harley Jesús Rodríguez Téllez, e inversionistas chinos.
En las últimas semanas, además, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) reconoció que nueve actores mineros ingresaron este año al Madidi de forma ilegal con protección de algunos comunarios, ante la impotencia de guarda parques amenazados para dejar hacer nomás y no intentar siquiera denunciar lo que estaba ocurriendo. Pero las denuncias se hicieron y volvieron a despertar la atención general de lo que sucede en el norte paceño.
En el corazón del parque
Toda área protegida nacional tiene un plan de manejo, básicamente es una guía para definir zonas en las que se puede realizar ciertas actividades. Por ejemplo, en el caso del Madidi hay zonas donde sólo se permiten actividades recreativas o turísticas, otras donde está permitido la agricultura y la extracción de recursos naturales (aunque no se especifica a la minería), y está la zona de protección estricta, el corazón del parque, donde sólo se permiten investigaciones científicas y de guardia.
La Nube accedió a los dos últimos planes de manejo del Madidi: 2006 y 2014. Al realizar una comparación entre ambos documentos se evidencia que la zona de aprovechamiento de recursos naturales se incrementó en 64,7%. No se especifica que la minería esté permitida aquí, pero los cooperativistas ya han señalado que sus operaciones son legales porque se ejecutan en esta área.
En las imágenes anteriores se puede ver a simple vista la extensión de la zona pintada en verde oscuro, la cual corresponde a la de aprovechamiento de recursos naturales (o de uso intensivo extractivo). El área pintada de rojo corresponde a la zona de protección estricta, y aunque en general no se redujo (de hecho aumentó en 8%) ha sido modificada para permitir el paso del verde oscuro.
El SERNAP no se ha pronunciado al respecto ni ha ofrecido explicaciones sobre el motivo de la rezonificación y el incremento de la zona de uso intensivo extractiva, pese a que se insistió en una entrevista con el director de esta entidad: Teodoro Mamani, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organización cuyos representantes se han caracterizado por impulsar la destrucción de áreas protegidas.
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, manifestó que en el último plan de manejo se permite una mayor actividad extractiva para dar paso a la minería. Si bien esto podría “legalizar” la minería dentro el parque, pareciera que en realidad los mineros no lo necesitaran en la práctica, sino sólo para fines burocráticos. Para ellos no hay zonas prohibidas, ni el Estado ni nadie les impide avanzar. De hecho La Nube encontró que es la misma AJAM la que abre las puertas para el registro de áreas mineras en la zona de protección estricta.
Puedes descargar la imagen en alta resolución aquí: https://drive.google.com/file/d/1TX2blwcZhNmk4J4LoGLJ5MpZv3a5fGhj/view?usp=sharing
La imagen anterior corresponde a dos mapas del Madidi sobrepuestos: uno representa la última zonificación de 2014, y otro las áreas mineras hasta noviembre del 2021. En ella se puede ver cómo existen áreas mineras dentro la zona roja (de protección estricta), donde de acuerdo al propio plan de manejo no debe realizarse actividad humana que no sea otra que la investigación científica. Sin embargo, la AJAM parece no reparar en ello y permite que se tramiten permisos mineros.
Incluso se puede observar mayor cantidad de áreas mineras en la zona amarilla (de uso moderado no extractivo) donde sólo se permiten actividades educativas, recreativas y científicas; no así extractivas.
Este medio intentó entrevistar a alguna autoridad de la AJAM desde hace varios meses sin conseguir resultados.
Urge transformar el sistema
Como se ha visto las normas son violadas por mineros y el propio Gobierno. Así las áreas protegidas como el Madidi quedan a merced de la destrucción para enriquecer a los aliados del poder, un sector que crece de forma irresponsable y sin respetar nada, resaltó el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta.
“Los mineros se asientan, explotan y de forma paralela recién inician los trámites para su legalidad. El Estado permite la expansión de la minería ilegal, de asentamientos en zonas prohibidas, la flexibilización ambiental y tributaria”, apuntó Zaconeta.
La representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), Ruth Alipaz, dijo que la política de zonificación del Madidi (2014) corresponde al periodo del expresidente Evo Morales, que fue “anti-indígena y anti-áreas protegidas”.
“La AJAM reparte áreas al mejor postor y el SERNAP está controlado por los grupos del MAS”, indicó Alipaz, grupos que apuestan por la extracción antes que la conservación y el desarrollo sostenible.
Mientras tanto, los guardaparques que se oponen o denuncian la incursión minera al Madidi son intimidados y amenazados. Uno de ellos, quien pidió guardar su nombre en reserva, denunció que los mineros amenazaron con tomar represalias si seguían saliendo imágenes y reportes de lo que ocurría en esta área protegida. Lamentó que desde la dirección del SERNAP no haya ningún apoyo ni garantías para su trabajo.
“Está jugando con fuego, sea prudente y le recomiendo que deje a un lado sus cosas personales y haga su trabajo calladito, nosotros no amenazamos, de hoy para adelante piense bien en las cosas que haga”, se lee en una amenaza enviada a otro guarda parque: Marcos Uzquiano, quien fue removido de su cargo en el Madidi, en 2021.
Alipaz consideró que la única forma de detener el avance de la minería sobre el Madidi es cambiar un sistema que privilegia la extracción y desdeña la legalidad con un refrán repetido en la idiosincrasia boliviana: “métanle nomás, después nomás se arregla”.
La dirigente enfatizó: “Esto es estructural, convierten a los indígenas en sus cómplices y se los reprende si se animan a reclamar. El Gobierno declaró que la minería es la actividad número uno, es fácil saber que desde allí nada cambiará, se debe actuar desde la sociedad civil y exigir una auditoría para saber el número de permisos y de dónde viene la decisión de destruir el Madidi”.
